Los estadounidenses que viven cerca de la frontera con México ahora tienen que reportar transacciones de dinero de 200 dólares al gobierno federal, luego de un decreto reciente del Departamento del Tesoro.
Esto reduce el umbral de denuncia desde el nivel anterior de 10,000 dólares, y no se requiere orden judicial ni evidencia de un delito.
Sin embargo, la nueva norma ha suscitado inquietudes respecto de la vigilancia sin orden judicial de los estadounidenses respetuosos de la ley.
"Esto toma un sistema de vigilancia financiera que ya es enorme, intrusivo y oneroso, y lo expande enormemente", dijo Rob Johnson, abogado principal del Instituto de Justicia, a The Epoch Times.
Los bancos, proveedores de servicios de pago y otras empresas que manejan dinero en estos códigos postales estarán "espiando a sus propios clientes y elaborando informes sobre sus actividades para presentarlos al gobierno federal", dijo Johnson. "Esto va a vulnerar la privacidad financiera de quienes utilizan estos negocios".
Los cambios fueron anunciados el 11 de marzo por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
"La emisión hoy de esta GTO [Orden de Segmentación Geográfica] subraya nuestra profunda preocupación por el riesgo significativo que representan para el sistema financiero estadounidense los cárteles, narcotraficantes y otros actores criminales en la frontera suroeste", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado oficial.
Como parte de un enfoque integral del gobierno para combatir esta amenaza, el Tesoro sigue centrado en aprovechar todas las herramientas y facultades disponibles para identificar y contrarrestar mejor estas actividades delictivas.
Según USA Facts, el fentanilo, que con frecuencia se envía a través de la frontera sur de Estados Unidos, fue responsable de más de 250,000 muertes en Estados Unidos entre 2018 y 2023.
La GTO de FinCEN requiere que todas las empresas de servicios monetarios ubicadas en 30 códigos postales de California y Texas presenten Informes de Transacciones de Divisas (CTR) a FinCEN para transacciones de 200 dólares o más con el fin de "combatir las actividades ilícitas y el lavado de dinero de los cárteles con sede en México y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste", afirmó FinCEN en su sitio web.
Como resultado de la nueva orden de FinCEN, más de un millón de estadounidenses tendrán sus transacciones atrapadas en esta red de vigilancia, según Nicholas Anthony, analista de políticas del Centro de Alternativas Monetarias y Financieras del Instituto Cato.
"Aunque es temporal y se limita a la frontera, esta política marca un aumento masivo en la vigilancia financiera", dijo Anthony a The Epoch Times.
"La mayoría de los estadounidenses creen que su información financiera es privada y está protegida por la Cuarta Enmienda", dijo. "Sin embargo, lo que realmente tenemos es la ilusión de la privacidad financiera".
Aunque el derecho de las fuerzas del orden a acceder a la información privada de los estadounidenses sin orden judicial generó inquietud sobre la posible violación de las libertades civiles, las cortes finalmente permitieron que la BSA procediera, basándose en la conocida como "doctrina de terceros", en el caso de la Asociación de Banqueros de California contra Shultz. Esta doctrina establece que cuando los estadounidenses comparten su información personal con un tercero, como un banco, renuncian a su derecho a la privacidad de dicha información.
Sin embargo, cuando se aprobó la BSA en 1970, 10,000 dólares equivalían a más de 83,000 dólares actuales. Y como el umbral de declaración nunca se indexó a la inflación, el volumen de transacciones registradas bajo esta ley aumentó continuamente con el tiempo.
"En la década de 1970, se podían comprar dos Corvettes nuevos por 10,000 dólares", dijo Anthony. "Es difícil imaginar que [los jueces] sigan estando de acuerdo ahora, considerando que el límite se redujo a solo 200 dólares hoy".
Según un estudio de 2022 sobre la BSA realizado por Norbert Michel y Jennifer J. Schulp del Cato Institute, poco después de la aprobación de la BSA, la ley generó preocupación entre los jueces de la Corte Suprema de que podría amenazar los derechos de los estadounidenses bajo la Cuarta Enmienda, incluso con los umbrales de denuncia más elevados establecidos a principios de la década de 1970.
"Al evaluar un régimen mucho más estricto, cinco jueces de la Corte Suprema, incluido el juez Thurgood Marshall, plantearon importantes preocupaciones con los requisitos de la BSA bajo la Cuarta Enmienda", afirma el informe.
La Corte Suprema finalmente dictaminó que la BSA podía seguir adelante, pero las circunstancias han cambiado desde 1974. No solo se ha ampliado el alcance de la BSA, sino que se ha vuelto cada vez más difícil para los estadounidenses vivir fuera del sistema de pagos financieros o sin una cuenta bancaria, lo que socava la doctrina de terceros.
En marzo de 2023, el representante John Rose (R-Tenn.), miembro del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, reintrodujo la Ley de Reforma de la Privacidad Bancaria, que se presentó por primera vez en octubre de 2022.
Respecto de la BSA, Rose afirmó que el gobierno "básicamente designó a los bancos como agencias de aplicación de la ley, obligándolos a recopilar información sobre sus clientes y reportar dicha información al gobierno federal".
Las cortes también podrían revisar la decisión de 1974.
"En cierto modo, este desarrollo [la Orden de FinCEN] perjudica la Cuarta Enmienda porque elimina lo que queda de la privacidad financiera de las personas", dijo Johnson. "Pero hay otro sentido en el que esto podría ser justo lo que la Cuarta Enmienda necesita".
"Se trata de una medida tan agresiva que atenta tanto contra la privacidad que creo que hay muchas posibilidades de que las cortes digan que finalmente se ha ido demasiado lejos", afirmó.
Una pregunta que sigue sin respuesta es si la BSA, a pesar de todas sus intrusiones y costos, ha proporcionado ayuda material en la lucha contra el crimen.
En una audiencia de 2020 con el entonces secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, el representante Patrick McHenry (R-N.C.), miembro de alto rango del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, solicitó repetidamente al Departamento del Tesoro y a FinCEN evidencia de que la vigilancia sin orden judicial de la actividad financiera de los estadounidenses contribuía significativamente al procesamiento de delitos.
McHenry afirmó que la información que recibió "no justifica la presión" que impuso la BSA.
La GTO de FinCEN se aplica a los siguientes códigos postales en California y Texas: Condado de Imperial, California: 92231, 92249, 92281, 92283; Condado de San Diego, California: 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173; Condado de Cameron, Texas: 78520, 78521; Condado de El Paso, Texas: 79901, 79902, 79903, 79905, 79907, 79935; Condado de Hidalgo, Texas: 78503, 78557, 78572, 78577, 78596; Condado de Maverick, Texas: 78852; y el condado de Webb, Texas: 78040, 78041, 78043, 78045, 78046.
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