Un juez federal de Washington denegó la solicitud de la administración Trump de eliminar 2 órdenes que bloquean la capacidad de la administración para deportar a miembros de una banda venezolana en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
En un dictamen del 24 de marzo, el juez federal de distrito James Boasberg dijo que tenía jurisdicción para juzgar el asunto y que era probable que los demandantes tuvieran éxito en su argumento de que tienen derecho a una audiencia individualizada para determinar si la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 se aplica a ellos.
Boasberg también dijo que los demandantes que impugnaron la acción de la administración Trump no podían ser deportados hasta que una corte se hubiera pronunciado sobre la base de su impugnación. Señaló que ellos negaban ser, de hecho, miembros del grupo terrorista Tren de Aragua.
La decisión de Boasberg se produce tras una polémica audiencia llevada a cabo el viernes, cuando dijo que la administración había utilizado un lenguaje «intemperante» e «irrespetuoso».
En un momento dado, aconsejó al abogado del Departamento de Justicia (DOJ) Drew Ensign que se asegurara de que su equipo en el DOJ aprendiera la lección de que su reputación y credibilidad son el tesoro más valioso que poseen. Boasberg y el Departamento de Justicia han discrepado en los últimos días sobre la naturaleza de su autoridad y, en particular, sobre si una orden verbal que emitió el 15 de marzo era vinculante.
En documentos presentados la semana pasada, el Departamento de Justicia describió las órdenes de Boasberg como «una afrenta a la amplia autoridad constitucional y estatutaria del presidente para proteger a Estados Unidos de extranjeros peligrosos que representan graves amenazas para el pueblo estadounidense».
Otra presentación del 19 de marzo mostró que la administración sugería que el caso se había «convertido en una disputa insignificante sobre la microgestión de la investigación a hechos irrelevantes».
«En una serie de órdenes, esta corte ha solicitado al Gobierno que le proporcione detalles sobre los movimientos de aeronaves fuera de Estados Unidos y las interacciones con naciones extranjeras que no tienen relación con ninguna cuestión jurídica en juego en el caso», dijo.
Trump, por su parte, ha pedido la destitución de Boasberg. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, pareció responder apenas unas horas después en una declaración la semana pasada.
«Durante más de dos siglos, se ha establecido que la destitución no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial», dijo Roberts en una declaración proporcionada a The Epoch Times.
El 24 de marzo, se espera que la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia de EE. UU. escuche los argumentos orales del caso. Es solo uno de los muchos casos que ponen a prueba la autoridad presidencial y que se abren camino a través de las cortes bajo la administración Trump.
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