Una jueza federal impidió que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) accediera a información personal confidencial de varias agencias federales, lo que supone otro revés para los intentos de la administración Trump de recortar los programas federales.
En una orden emitida el lunes, la jueza de distrito de EE. UU. Deborah Boardman impidió que el DOGE, liderado por Elon Musk, accediera a información del Departamento de Educación, el Departamento del Tesoro y la Oficina de Administración de Personal (OPM). Esto significa que esas tres agencias no pueden revelar información de identificación personal de los demandantes que forman parte de una demanda que impugna el acceso de DOGE.
"Esas preocupaciones siguen siendo tan relevantes hoy en día", escribió Boardman. "Por muy importante o urgente que sea la agenda del DOGE del presidente, las agencias federales deben ejecutarla de acuerdo con la ley. Probablemente eso no sucedió en este caso".
Boardman afirmó entonces que una orden presidencial para "maximizar la eficiencia del gobierno" no cuenta, y añadió que el acceso de DOGE a los datos de la agencia puede ir en contra de la Ley Federal de Privacidad y la Ley de Procedimiento Administrativo.
Anteriormente, Boardman había emitido una orden de restricción temporal contra el acceso del DOGE a las tres agencias. La orden del lunes refuerza esa decisión en una medida cautelar, lo que significa que su orden durará hasta que se tome una decisión final sobre el fondo del asunto.
A continuación, la jueza ordenó al Departamento de Educación, al Tesoro y a la OPM que no entregaran ninguna información de identificación personal a los funcionarios de DOGE o a sus afiliados.
Su orden falló a favor de seis demandantes. Pero cinco organizaciones sindicales, que representan a millones de personas, también se unieron a la demanda. Entre ellas se encuentran la Federación Estadounidense de Maestros, la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos, los Empleados Federales Activos y Jubilados Nacionales y la Federación Nacional de Empleados Federales.
Los funcionarios afiliados al DOGE tuvieron acceso a sistemas que contienen información personal, escribió Boardman, señalando que incluye números de la Seguridad Social, información bancaria, direcciones particulares, fechas de nacimiento y otros datos como la ciudadanía y el estado civil.
"Promulgada hace 50 años, la Ley de Privacidad protege de la divulgación no autorizada las enormes cantidades de información personal que el gobierno federal recoge de grandes sectores del público", escribió la jueza.
Desde que se creó el DOGE en enero, el Departamento de Educación ha realizado recortes en contratos por valor de cientos de millones de dólares aconsejados por el DOGE. El DOGE también ha participado en los esfuerzos de la OPM para reducir la plantilla federal. También ha accedido a sistemas operados por el IRS, dijo el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent.
En los documentos judiciales, los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) argumentaron que, en nombre del gobierno, los demandantes carecían de legitimación para presentar la demanda y "es poco probable que tengan éxito en cuanto al fondo" de sus reclamaciones.
"Los demandantes carecen de legitimación porque no han sufrido ningún daño reconocible..." y solo han especulado, lo que "no ha demostrado que probablemente se enfrenten a un daño irreparable inminente", escribieron los abogados del DOJ.
Mientras tanto, argumentaron, "las equidades y el interés público apoyan que se permita al gobierno ejercer su autoridad legal para contratar empleados y darles acceso a los sistemas necesarios para sus funciones laborales".
El fallo del lunes es el segundo revés para el DOGE en menos de una semana. Un juez de Maryland impidió temporalmente a la organización acceder a la información de la Seguridad Social, argumentando que podría suponer un riesgo para la privacidad de los estadounidenses.
Eso provocó que el administrador interino del Seguro Social, Lee Dudek, comentara que la orden del juez podría provocar el cierre de su agencia. Sin embargo, más tarde se retractó de sus declaraciones y dijo que la agencia no cerraría después de todo, señalando una carta que envió el juez para aclarar la decisión.
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