Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia escuchó argumentos el 24 de marzo sobre si debía levantar una orden de un tribunal inferior que impide a la administración Trump deportar a presuntos miembros de una banda venezolana bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
No está claro cómo decidirá la corte, pero al menos una jueza, Patricia Millett, mostró dudas sobre la posición de la administración.
El juez Justin Walker planteó preguntas a ambas partes, aunque parecía inclinarse hacia los argumentos del gobierno.
En un momento, Millett le dijo al abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, que «los nazis recibieron mejor trato» bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que el otorgado por la administración a los presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua.
Específicamente, cuestionó que la administración no proporcionara algún tipo de audiencia a las personas sujetas a expulsión.
Walker hizo varias preguntas a Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles que representa a los demandantes, e hizo comentarios que reflejaban su escepticismo hacia el caso de Gelernt.
Durante la audiencia, Walker pidió a Gelernt un ejemplo de una orden judicial que hubiese sobrevivido a una apelación y detenido una operación en curso relacionada parcialmente con la seguridad nacional fuera del país.
La audiencia ocurrió después de que el juez de distrito James Boasberg, a quien Trump ha sugerido destituir, rechazara la solicitud del gobierno de levantar las órdenes que bloquean la implementación de la proclamación de Trump para expulsar a miembros del Tren de Aragua bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
En su opinión del 24 de marzo, Boasberg señaló que las personas tienen «derecho a audiencias individualizadas para determinar si la Ley [de Enemigos Extranjeros] les aplica realmente».
Ese mismo día, la administración pidió a la corte de apelaciones suspender la orden de Boasberg que bloquea la implementación de la proclamación presidencial.
Durante los argumentos orales, Ensign afirmó que la orden de Boasberg «representa una intrusión enorme y sin precedentes en los poderes del ejecutivo».
«Impide que el presidente ejerza sus poderes sobre la guerra y las relaciones exteriores establecidos por la Ley de Enemigos Extranjeros, interfiriendo en operaciones que ocurren fuera de las fronteras de Estados Unidos y afectando negociaciones diplomáticas sensibles», señaló Ensign.
También afirmó que la vía legal adecuada para los demandantes era a través de una petición de hábeas corpus, punto cuestionado por Millett.
La demanda, presentada a principios de este mes, fue interpuesta por cinco personas que dijeron enfrentar la expulsión bajo la proclamación de Trump, incluyendo algunas que aseguran no ser parte del Tren de Aragua o incluso haber sido víctimas del grupo.
La administración no ha deportado a estos cinco demandantes, pero sí expulsó a otras personas en vuelos realizados el mismo día en que Boasberg bloqueó la proclamación presidencial.
Boasberg otorgó recientemente certificación de clase a la demanda, lo que significa que ahora incluye más que a los cinco demandantes originales, abarcando «a todos los no ciudadanos bajo custodia estadounidense sujetos a la proclamación presidencial del 15 de marzo de 2025».
Durante un intercambio con Gelernt, Walker cuestionó por qué la demanda fue presentada en el Distrito de Columbia cuando los posibles demandantes estaban en otras partes del país.
«El lugar más extraño para presentar la demanda sería Washington D. C., donde probablemente no haya una sola persona detenida bajo la [Ley de Enemigos Extranjeros]», comentó Walker.
Gelernt respondió: «Están trasladando personas desde todo el país. En realidad, no sabemos si inicialmente había personas en D. C.».
Los comentarios de Walker llegan en medio de críticas de Trump contra las órdenes judiciales nacionales y la preocupación de que los abogados estén recurriendo a la práctica conocida como «judge shopping», o búsqueda de jueces más propensos a otorgarles amplias órdenes judiciales.
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