El juez de distrito de EE.UU. James Boasberg afirmó el viernes que la invocación del presidente Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua tiene implicaciones políticas “increíblemente preocupantes”, mientras evalúa si la administración Trump desobedeció su orden de detener los vuelos de deportación.
Durante una audiencia, Boasberg preguntó si el gobierno permitiría que los inmigrantes venezolanos impugnaran las acusaciones de que eran miembros de la pandilla Tren de Aragua —una organización terrorista designada por EE.UU.—, antes de ser deportados, dado que la ley de 1798 invocada por Trump permite la deportación de no ciudadanos sin un proceso legal durante tiempos de guerra o invasión contra Estados Unidos.
“¿Por qué esta ley se firmó esencialmente en la oscuridad y estas personas fueron subidas apresuradamente a los aviones?”, preguntó Boasberg al abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign.
“El único motivo para hacerlo de esa manera es si saben que es un problema y quieren sacarlos del país antes de que se presenten demandas”, continuó el juez.
Ensign argumentó que las deportaciones se llevaron a cabo conforme a la ley y que los inmigrantes podían impugnar sus casos a través de las leyes de hábeas corpus del país, las cuales permiten a los detenidos cuestionar la legalidad de sus arrestos.
Casi 300 inmigrantes venezolanos sospechosos de ser miembros de la pandilla criminal Tren de Aragua fueron deportados la semana pasada bajo la proclamación de Trump. Los vuelos que transportaban a los inmigrantes ya estaban en ruta hacia El Salvador cuando Boasberg emitió una orden para detener las deportaciones e instruyó a la administración a dar la vuelta a los aviones.
En la audiencia del viernes, Boasberg prometió determinar si los funcionarios de la administración violaron su orden, incluyendo la identificación de la persona que ordenó ignorarla y las posibles consecuencias de ello. El juez aún no ha tomado una decisión final.
Anteriormente, Boasberg había emitido una nueva orden dando a los funcionarios del Departamento de Justicia hasta el 25 de marzo para explicar por qué su falta de retorno de los inmigrantes deportados a Estados Unidos no debería considerarse una violación de su orden. Posteriormente, extendió el plazo hasta el 27 de marzo.
En una entrevista con Fox News el miércoles, la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, afirmó que Boasberg no tenía “ningún derecho” a hacer preguntas sobre los vuelos de deportación ni “ningún poder” para ordenar a la administración que los hiciera regresar.
Dijo que el caso refleja un patrón de jueces “liberales” emitiendo órdenes sobre asuntos que no están bajo su jurisdicción.
“Están entrometiéndose en nuestro gobierno”, dijo al medio. “Y la pregunta debería ser, ¿por qué un juez intenta proteger a terroristas que han invadido nuestro país por encima de los ciudadanos estadounidenses?”.
Bondi afirmó que la administración Trump continuará realizando vuelos de deportación de miembros del Tren de Aragua que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos.
La Casa Blanca declaró que los vuelos de deportación no entraban en conflicto con la orden de Boasberg, que bloqueaba dichas acciones, porque el fallo se emitió después de que los aviones ya hubieran salido del territorio estadounidense.
Trump firmó la proclamación invocando la Ley de Extranjeros Enemigos el 15 de marzo, argumentando que muchos miembros de la pandilla Tren de Aragua se han “infiltrado ilegalmente Estados Unidos y están llevando a cabo una guerra irregular y emprendiendo acciones hostiles” contra el país.
En una publicación en Truth Social el jueves, Trump afirmó que, como presidente, debería poder “actuar rápida y decisivamente” en asuntos como la deportación de “asesinos, narcotraficantes, violadores y otros criminales de este tipo de vuelta a su país de origen, o a otros lugares que permitan que nuestro país esté seguro.”
El presidente también pidió la destitución de Boasberg —quien también es juez principal del Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros de EE. UU.—, después de que el magistrado bloqueara su proclamación.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, respondió al llamado de Trump, afirmando en un comunicado del 18 de marzo que “la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.
“El proceso normal de revisión en apelación existe para ese propósito”, añadió Roberts.
Con información de Jacob Burg, Jack Phillips y The Associated Press.
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