El 25 de marzo, una corte federal de apelaciones suspendió temporalmente una orden de una corte inferior que bloqueaba los esfuerzos del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para reducir el tamaño de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Cuarto Circuito emitió una orden breve, sin firmar, que establece que la medida cautelar emitida el 18 de marzo por el juez de distrito de Estados Unidos con sede en Maryland, Theodore Chuang, "queda suspendida hasta el cierre de operaciones del jueves 27 de marzo de 2025".
En la orden no se proporcionó ningún razonamiento para la decisión.
El 4 de febrero, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre si el presidente Donald Trump planeaba "desmantelar" la USAID, el presidente dijo: "Creo que sí".
El líder del DOGE, Elon Musk, ha "hecho un gran trabajo. Mira todos los fraudes que ha encontrado en esta USAID... lunáticos de la izquierda radical", dijo Trump.
La orden judicial del juez Chuang contenía la conclusión de que las acciones de Musk y del equipo del DOGE para desmantelar la USAID, que proporciona ayuda humanitaria, probablemente violaron la Constitución de Estados Unidos.
El cierre de la sede de la USAID, el despido de la mayor parte de la plantilla de la agencia y la finalización de la mayor parte de los contratos de la USAID violan la doctrina constitucional de separación de poderes, escribió Chuang en la orden de 18 de marzo.
La administración Trump había argumentado que el artículo II de la Constitución, que establece los poderes del poder ejecutivo, permite al presidente reducir el tamaño de la agencia como parte de su autoridad para gestionar las relaciones exteriores de la nación.
Chuang rechazó ese argumento, escribiendo que las acciones del presidente en este caso "se relacionan en gran medida con la estructura y los recursos puestos a disposición de una agencia federal, no con la conducción directa de la política exterior o el compromiso con gobiernos extranjeros".
Las acciones de Musk y el DOGE "perjudicaron [...] el interés público, porque privaron a los representantes públicos electos en el Congreso de su autoridad constitucional para decidir si cerrar, cuándo y cómo cerrar una agencia creada por el Congreso.
El juez ordenó a Musk y al DOGE que restablecieran el acceso de los trabajadores y contratistas de la USAID a los sistemas de la USAID y les ordenó que no tomaran más medidas con respecto a la rescisión de contratos o al empleo de trabajadores de la agencia.
La nueva orden del Cuarto Circuito se produjo después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. presentara una solicitud de emergencia el 21 de marzo en la que solicitaba una suspensión administrativa en espera de una apelación de la orden de Chuang.
La solicitud decía que el requerimiento debía suspenderse porque Chuang se equivocó al determinar que Musk "es probablemente un funcionario" de Estados Unidos cuyo nombramiento debe ser confirmado por el Senado.
Musk "no es un funcionario porque no ejerce una 'autoridad significativa de conformidad con las leyes de los Estados Unidos'", afirmaba el documento, citando la sentencia de la Corte Suprema de 1991 en el caso Freytag contra el Comisionado.
Musk ocupa un "puesto puramente asesor [que] no alcanza nada de lo que se ha reconocido como 'autoridad significativa' para el estatus de funcionario".
No puede tomar "decisiones finales que vinculen al Poder Ejecutivo", y no puede "elaborar políticas" en su nombre, decía la solicitud.
El 5 de marzo, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la administración Trump debía seguir adelante con el pago de 2000 millones de dólares en ayuda exterior.
La corte suprema del país dejó intacta una orden de restricción temporal emitida el 26 de febrero por el juez de distrito de EE. UU. Amir Ali del Distrito de Columbia que obligaba a la USAID y al Departamento de Estado a restablecer la financiación de los contratos anteriores al 20 de enero, fecha de la toma de posesión de Trump, pero que fueron congelados por la administración Trump.
La Corte Suprema ordenó a Ali que "aclarara qué obligaciones debe cumplir el gobierno para garantizar el cumplimiento de la orden de restricción temporal, teniendo debidamente en cuenta la viabilidad de cualquier plazo de cumplimiento".
El 20 de enero, Trump emitió la Orden Ejecutiva 14169, que ordenaba una "pausa de 90 días en la ayuda al desarrollo exterior de Estados Unidos para evaluar la eficiencia de los programas y su coherencia con la política exterior de Estados Unidos".
El DOGE comenzó a funcionar el primer día del segundo mandato de Trump. La organización recomienda medidas de reducción de costes que la administración Trump puede optar por llevar a cabo.
Trump emitió la Orden Ejecutiva 14158 el 20 de enero, implementando DOGE. La orden reorganizó el Servicio Digital de EE. UU., que el presidente Barack Obama creó en 2014 dentro de la Oficina Ejecutiva del Presidente, como el Servicio DOGE de EE. UU., según un informe del Servicio de Investigación del Congreso.
La orden ejecutiva ordenaba a la entidad "implementar la Agenda del DOGE del Presidente, modernizando la tecnología y el software federales para maximizar la eficiencia y la productividad gubernamentales".
Con información de Zachary Stieber y Reuters
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