La Fiscal General Pamela Bondi anunció el 31 de marzo que ordenará al Departamento de Justicia (DOJ) que ponga fin a su demanda contra el estado de Georgia por su ley electoral de 2021, el Proyecto de Ley Senatorial 202, revirtiendo una impugnación de alto perfil presentada originalmente bajo la administración Biden.
En junio de 2021, el Departamento de Justicia, bajo la administración Biden, alegó que los legisladores de Georgia promulgaron el Proyecto de Ley Senatorial 202 con la intención de suprimir el voto de los georgianos negros. El Departamento de Justicia citó en su denuncia violaciones a la Ley de Derecho al Voto y acusó a los funcionarios estatales de discriminación racial en la política electoral.
"Contrariamente a las falsas afirmaciones de supresión del gobierno de Biden, la participación electoral de la población negra aumentó con la SB 202", declaró Bondi en el comunicado que anunció la decisión. "Los georgianos merecen unas elecciones seguras, no acusaciones inventadas de falsa supresión del voto que buscan dividirnos".
Aprobada por la legislatura de Georgia liderada por los republicanos y promulgada por el gobernador Brian Kemp en marzo de 2021, la SB 202 introdujo reformas que incluyen identificación con fotografía obligatoria para las boletas de voto en ausencia, limitaciones en las urnas y requisitos ampliados para la votación anticipada.
Los partidarios dijeron que la ley mejoraría la seguridad electoral y restablecería la confianza pública en el proceso electoral, mientras que los críticos argumentaron que restringiría el acceso al voto para las comunidades minoritarias.
El presidente Joe Biden calificó la ley electoral de Georgia de "enferma" y "antiamericana" y la etiquetó como "Jim Crow en el siglo XXI", en referencia a las leyes de Jim Crow que impusieron la segregación racial en el sur a finales del siglo XIX y principios del XX.
La ley provocó una condena generalizada por parte de legisladores demócratas, grupos de derechos civiles y grandes empresas como la Liga Mayor de Béisbol, que llevaron su Juego de Estrellas de 2021 fuera de Atlanta en protesta.
Los funcionarios estatales dijeron más tarde que causó pérdidas económicas sustanciales, algo que Bondi también señaló en su anuncio, diciendo que algunas estimaciones dicen que le costó al estado "más de 100 millones de dólares en pérdidas económicas".
Cuando el Departamento de Justicia presentó una demanda contra el estado en junio de 2021, el entonces fiscal general Merrick Garland alegó que la SB 202 se había promulgado "con el propósito de negar o restringir el derecho de los georgianos negros a votar debido a su raza o color".
Sin embargo, Georgia informó de una participación electoral récord en elecciones posteriores.
La participación en la votación anticipada en las primarias de 2022 aumentó un 149 por ciento en comparación con 2020, según la oficina del Secretario de Estado de Georgia.
El fiscal general adjunto interino y jefe de gabinete del Departamento de Justicia, Chad Mizelle, dijo que la desestimación de la demanda era parte de un esfuerzo más amplio para "desmantelar los litigios utilizados como armas".
"No hay nada racista en proteger las elecciones: las acusaciones infundadas de discriminación al estilo Jim Crow son el verdadero insulto", dijo Mizelle en una declaración.
Bondi dijo que la desestimación se alinea con las prioridades establecidas por el presidente Donald Trump y su administración, quienes han prometido centrar la aplicación de los derechos civiles federales en lo que describen como casos reales de discriminación, en lugar de litigios con carga política.
Bondi dijo que el departamento está comprometido a "garantizar elecciones justas y legales para todos los estadounidenses".
El fiscal general de Georgia, Chris Carr, no respondió a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
Mimi Nguyen Ly y Tom Ozimek contribuyeron a este artículo.
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