El 5 de marzo, la administración Trump desestimó una demanda presentada por la administración Biden que pretendía permitir a los médicos de Idaho realizar abortos de emergencia.
La Ley de Defensa de la Vida de Idaho prohíbe los abortos excepto cuando son "necesarios para evitar la muerte de la mujer embarazada" o durante el primer trimestre cuando el embarazo es consecuencia de una violación o incesto. La realización de un aborto que no cumpla con estas restricciones puede acarrear cinco años de prisión y la revocación de la licencia médica.
La demanda del gobierno federal, conocida como Estados Unidos contra Idaho, fue presentada en agosto de 2022 ante la corte de distrito de los Estados Unidos en Idaho.
La demanda legal se presentó semanas después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos anulara el caso Roe contra Wade (1973). La corte sostuvo que no había derecho al aborto en la Constitución de los Estados Unidos y devolvió la regulación del aborto a los estados.
La administración Biden, que dejó el cargo el 20 de enero, adoptó la postura de que la política federal sobre atención sanitaria de emergencia debía prevalecer sobre las restricciones estatales al aborto.
El caso trataba de si la ley de Idaho entraba en conflicto con la Ley Federal de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto (EMTALA, por sus siglas en inglés), que prohíbe el llamado abandono de pacientes, la práctica de los hospitales de rechazar el tratamiento de emergencia a las personas que no pueden pagar los servicios médicos.
La administración Biden argumentó que la ley de Idaho viola la EMTALA, que exige que los pacientes de las salas de emergencia de los hospitales que aceptan Medicare reciban atención de estabilización. La administración anterior argumentó que la atención de estabilización incluía los abortos y dijo que las leyes estatales sobre el aborto, como la de Idaho, confundían a los pacientes y a los profesionales de la salud y retrasaban la atención crítica a las mujeres embarazadas.
La administración Biden argumentó que la EMTALA exige a los hospitales de Idaho ofrecer atención médica de emergencia, incluidos los abortos, a cualquier persona que lo solicite.
La desestimación del caso podría tener implicaciones a nivel nacional porque la administración Biden también dijo que la EMTALA tenía prioridad sobre las leyes estatales en otros estados con leyes restrictivas sobre el aborto.
Sin embargo, la recién inaugurada administración Trump opina que los estados deberían poder determinar por sí mismos las políticas de aborto.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) presentó el 5 de marzo un documento llamado estipulación de desestimación ante la corte de distrito, que puso fin formalmente al litigio. El demandado, el estado de Idaho, consintió en la desestimación, al igual que la Legislatura de Idaho, que participó en el caso como interviniente.
La jueza de distrito de EE. UU. Lynn Winmill, que presidió el caso, no desempeñó ningún papel en la retirada de la demanda. La estipulación establece que, según las Reglas Federales de Procedimiento Civil, el documento es "autoaplicable" y no se requiere la aprobación de la corte.
La estipulación establece que se disuelve la orden judicial preliminar que Winmill emitió el 24 de agosto de 2022, que permitía realizar abortos de emergencia en Idaho. En ese momento, Winmill dictaminó que la ley de Idaho entraba parcialmente en conflicto con la EMTALA.
Winmill dijo durante una audiencia judicial el 5 de marzo en Boise, en una demanda relacionada presentada por un sistema hospitalario de Idaho, que la decisión del Departamento de Justicia de desestimar la demanda constituía una "bomba de tiempo" para el sistema hospitalario, que busca permitir a sus médicos realizar abortos de emergencia.
En esa audiencia, Brian Church, fiscal general adjunto de Idaho, dijo: "No existe ninguna situación médica en la que sea necesario realizar un aborto como atención estabilizadora".
En esa demanda relacionada, conocida como St. Luke's Health System Ltd. v. Labrador, el juez emitió una orden de alejamiento temporal el 4 de marzo que impide al fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, hacer cumplir la ley estatal en cuanto a los abortos de emergencia realizados en virtud de la EMTALA. La orden establece que permanecerá en vigor hasta que la corte emita una decisión sobre la solicitud del sistema hospitalario de convertir la orden de alejamiento temporal en una orden judicial preliminar.
En el caso Estados Unidos contra Idaho, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito revocó en septiembre de 2023 la decisión de Winmill, al considerar que la EMTALA y la ley estatal no estaban en conflicto, pero dos meses después, la corte de apelaciones restableció la orden del juez.
El Noveno Circuito al completo se estaba preparando para volver a juzgar el caso, pero en enero de 2024, la Corte Suprema de los Estados Unidos intervino y concedió la solicitud de Idaho de levantar la orden judicial, a la espera del resultado del caso de la corte suprema.
Luego, en junio de 2024, la Corte Suprema desestimó la apelación de Idaho contra el fallo del Noveno Circuito. La Corte Suprema no se pronunció sobre el fondo de la demanda subyacente, pero su decisión en ese momento permitió que se realizaran abortos de emergencia en Idaho mientras la impugnación de la ley estatal sobre el aborto pasaba por las cortes inferiores.
El caso sigue pendiente en el Noveno Circuito.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia y con Labrador para recabar sus comentarios. En el momento de la publicación no se habían recibido respuestas.
Con información de Associated Press.
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