En una orden ejecutiva menos notoria emitida el 20 de marzo, el presidente Donald Trump ordenó a las agencias federales dar a sus funcionarios designados acceso completo a datos gubernamentales no clasificados.
La orden, algo eclipsada por otra que busca desmantelar el Departamento de Educación de los Estados Unidos, establece que los funcionarios federales designados por el presidente o por los jefes de agencias reciban «acceso completo y rápido a todos los registros, datos, sistemas de software y sistemas de tecnología de la información no clasificados de la agencia» con el fin de erradicar «el despilfarro, el fraude y el abuso».
«Esto incluye autorizar y facilitar que se compartan y consoliden los registros no clasificados de las agencias, tanto dentro de las mismas como entre ellas».
Según la orden, los directores de las agencias tienen 30 días para revisar o eliminar políticas internas que dificulten el intercambio de datos dentro y entre agencias. Durante ese mismo periodo, las agencias también deben entregar un informe sobre estos cambios a la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), encargada de implementar los esfuerzos de la Casa Blanca para reducir la burocracia federal.
La orden también exige revisar las políticas sobre información clasificada para determinar si las prácticas actuales de clasificación exceden lo necesario para proteger la seguridad nacional. Los jefes de las agencias deben presentar recomendaciones a la OMB sobre si deben cambiarse o eliminarse dichas políticas.
Además, la orden instruye a los jefes de agencias a garantizar «acceso sin restricciones» a todos los datos de programas estatales que reciben financiación federal, incluyendo información almacenada en bases de datos de terceros. También indica específicamente que la secretaria de Trabajo y sus designados deben tener acceso total a todos los datos sobre desempleo y registros de pagos relacionados.
Aunque la orden no menciona directamente al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), la nueva política podría ayudar al equipo dirigido por Elon Musk a ampliar sus actividades para reducir costes.
Desde su creación, el DOGE participó en diversas agencias federales —incluidas la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, los departamentos de Educación y del Tesoro, y la Administración de la Seguridad Social (SSA)— para analizar subvenciones, contratos y otros gastos con el fin de identificar ineficiencias y posibles recortes presupuestarios.
El enfoque del DOGE generó batallas legales sobre si su poder es legítimo y si su manejo de los datos gubernamentales implica riesgos para la privacidad o la seguridad. El 20 de marzo, un juez federal de Maryland bloqueó temporalmente el acceso del DOGE a bases de datos de la SSA que contienen información personal identificable.
El juez señaló en una extensa opinión que el DOGE no justificó por qué necesita «acceso ilimitado a todos los sistemas de registros de la SSA», que incluyen historiales bancarios y médicos, entre otra información sensible. Como parte de la orden de restricción temporal, los afiliados al DOGE deben eliminar cualquier dato personal que ya tengan y también eliminar cualquier software instalado en los sistemas de la SSA.
La SSA aún puede permitir a los miembros del DOGE acceder a «datos y registros redactados o anonimizados», dijo el juez, siempre que reciban la formación estándar requerida para empleados que habitualmente manejan sistemas de datos de la Seguridad Social.
En febrero, una coalición de 20 estados liderados por demócratas también logró extender una orden de restricción temporal que niega al DOGE el acceso a los sistemas del Tesoro. Ese bloqueo judicial expirará el 24 de marzo, lo que genera dudas sobre si el DOGE podrá reanudar su trabajo en el Tesoro bajo la orden presidencial de intercambio de datos.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
