A más de 530,000 inmigrantes que entraron en Estados Unidos en el marco del programa de permisos humanitarios de la anterior administración Biden se les revocará su estatus legal a finales del próximo mes, según un aviso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del 21 de marzo.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, declaró en el aviso de que el departamento pondrá fin al programa de permisos de dos años, conocido como programa CHNV, puesto en marcha en 2022 por el entonces presidente Joe Biden para permitir la entrada de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que contaban con patrocinadores estadounidenses.
Noem dijo que el DHS revocará el estatus de permiso de aquellos inmigrantes el 24 de abril, o dentro de los 30 días posteriores a la publicación del aviso en el Registro Federal. La publicación formal del aviso está programada para el 25 de marzo.
"Los beneficiarios de permisos de permanencia temporal sin una base legal para permanecer en Estados Unidos tras la finalización de los programas de permisos de permanencia temporal CHNV deben salir de Estados Unidos antes de la fecha de finalización de su permiso", declaró.
El aviso establece que Noem puede rescindir la libertad condicional si determina que "ni razones humanitarias urgentes ni un beneficio público significativo justifican la presencia continuada del extranjero en Estados Unidos" o cuando "se haya cumplido el propósito para el que fue autorizada".
El programa permite la entrada en Estados Unidos de hasta 30,000 inmigrantes de los cuatro países cada mes, siempre que cumplan determinadas condiciones, como tener un patrocinador en Estados Unidos que les proporcione apoyo financiero.
Según el aviso del DHS, desde 2022 se ha permitido la entrada en el país a unos 532,000 inmigrantes en el marco del programa de permisos CHNV, pero no está claro cuántos siguen teniendo un permiso válido.
En agosto de 2024, la administración Biden pausó el programa de permisos después de que las autoridades descubrieran información fraudulenta en miles de formularios de solicitud presentados por los patrocinadores.
Un informe interno de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) descubrió que los patrocinadores utilizaban números de la Seguridad Social falsos, números de la Seguridad Social de personas fallecidas y números de teléfono falsos.
Más tarde ese mismo año, la administración Biden prohibió a los beneficiarios del programa CHNV extender su estatus legal, pero continuó aceptando nuevas solicitudes para el programa de permisos.
Tras asumir el cargo el 20 de enero, el presidente Donald Trump firmó varias medidas ejecutivas para disuadir y prevenir la inmigración ilegal, entre ellas el aumento de las deportaciones y la supresión del servicio de la aplicación CBP One, que fue creado por la administración Biden para permitir a quienes no tienen documentos legales de entrada programar citas en los puertos de entrada de EE. UU.
Tras la orden de Trump, el secretario en funciones del DHS, Benjamine Huffman, emitió una directiva para poner fin al "abuso generalizado de la libertad condicional humanitaria" y eliminar gradualmente cualquier programa de libertad condicional que no se ajuste a la política de Trump.
"La Administración Biden-Harris abusó del programa de libertad condicional humanitaria para permitir indiscriminadamente la entrada en nuestro país de 1.5 millones de migrantes", declaró Huffman el 21 de enero. "Todo esto se detuvo el primer día de la Administración Trump".
Karen Tumlin, fundadora y directora del Justice Action Center (JAC), una organización sin ánimo de lucro que defiende los derechos de los inmigrantes, calificó de "imprudente" y "cruel" la decisión de la administración Trump de poner fin al programa CHNV.
Tumlin dijo en un comunicado de prensa que la repentina revocación por parte del DHS del estatus legal de los beneficiarios de la libertad condicional CHNV podría causar "caos innecesario y angustia a familias y comunidades de todo el país".
"Justice Action Center seguirá apoyando a los beneficiarios y a sus patrocinadores para proteger el programa de permisos humanitarios en los tribunales, donde defenderemos el programa el lunes a las 11 a. m. en Boston", dijo Tumlin.
JAC representa a un grupo de beneficiarios, patrocinadores y a la Haitian Bridge Alliance en una demanda judicial presentada contra la administración Trump el 28 de febrero, en la que se impugna la finalización del programa de permisos humanitarios y los esfuerzos para detener todas las solicitudes pendientes.
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