Un destacado bufete de abogados de Wall Street llegó a un acuerdo con la Casa Blanca para ofrecer USD $100 millones en servicios legales pro bono.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP dedicará los servicios a causas respaldadas tanto por el bufete como por la administración Trump, incluyendo la asistencia a veteranos y otros servidores públicos, garantizar la equidad en el sistema judicial de EE. UU. y combatir el antisemitismo.
El bufete también se comprometió a financiar al menos cinco becas anuales para egresados de derecho, destinadas a apoyar estas causas, y a aplicar prácticas de contratación basadas en el mérito, comprometiéndose a no negar representación a miembros de grupos políticamente marginados.
Este acuerdo se produce mientras el presidente Donald Trump emitió en las últimas semanas órdenes ejecutivas dirigidas a varios grandes bufetes de abogados, instruyendo a las agencias gubernamentales a revocar sus autorizaciones de seguridad y cancelar contratos. Aunque Trump no ha emitido una orden contra Skadden, el acuerdo parece ser una forma de evitar que eso ocurra.
“Esto fue, en esencia, un acuerdo”, dijo el presidente Donald Trump al anunciar el trato durante un evento en la Casa Blanca.
“Agradecemos que Skadden se haya sentado a negociar. Como saben, otros bufetes también han resuelto el caso. Y… lo que ha pasado es una vergüenza”.
Un comunicado de la Casa Blanca explicó que Skadden se acercó a Trump para manifestar su “firme compromiso de poner fin a la politización del sistema judicial y de la profesión legal”.
Jeremy London, socio ejecutivo del bufete, dijo que ambas partes trabajaron de manera “constructiva” para alcanzar un acuerdo.
“El bufete espera continuar nuestra relación productiva con el presidente Trump y su administración. Creemos firmemente que este resultado es lo mejor para nuestros clientes, nuestro equipo y nuestra firma”, dijo London.
La noticia del acuerdo se dio a conocer apenas unas horas después de que otros dos bufetes de abogados, WilmerHale y Jenner & Block, demandaran al presidente por ordenar la revocación de sus autorizaciones de seguridad y la cancelación de sus contratos con el gobierno.
En el caso de WilmerHale, Trump citó la contratación del exfiscal especial Robert Mueller y sus asistentes como una de las principales razones para tomar dicha medida.
Mueller “utilizó el poder del Gobierno Federal para liderar una de las investigaciones más partidistas en la historia de Estados Unidos”, escribió Trump en la orden ejecutiva, en referencia a la investigación de Mueller sobre las acusaciones de que Trump coludió con Rusia para influir en las elecciones presidenciales de 2016. Dichas acusaciones resultaron ser infundadas.
Jenner, por su parte, contrató a Andrew Weissmann, el principal fiscal de Mueller.
En acciones legales separadas presentadas en el Distrito de Columbia, ambos bufetes acusaron a la administración de castigar a la oposición política y pidieron al tribunal que declarara inconstitucionales las órdenes de Trump.
Paul Weiss, otro bufete de abogados de Wall Street, llegó a un acuerdo con la Casa Blanca la semana pasada para ofrecer USD $40 millones en servicios legales gratuitos para causas apoyadas por ambas partes. A cambio, la administración revocó una orden similar a las que se emitieron contra Jenner y WilmerHale.
Con información de Zachary Stieber, Aldgra Fredly y Reuters.
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