Los sindicatos que representan a los trabajadores federales pueden demandar a la administración Trump por sus despidos masivos, en lugar de limitarse a presentar impugnaciones ante las juntas federales de trabajo, según declaró un juez el 24 de marzo.
El juez de distrito William Alsup señaló que las juntas no podrían resolver las reclamaciones de los sindicatos sobre la violación de la doctrina de separación de poderes de la Constitución de EE. UU.
«En resumen, si no fuera por la jurisdicción de la corte de distrito, los sindicatos del sector público no podrían acceder a la justicia ni siquiera por su demanda de separación de poderes», dijo Alsup en la sentencia.
La Federación Americana de Empleados del Gobierno y otros sindicatos demandaron a la administración en febrero por las directivas de la Oficina de Administración de Personal (OPM) enviadas a los jefes de las agencias. Estas directivas buscaban promover el objetivo del presidente Donald Trump de reducir la fuerza de trabajo federal e indicaban que las agencias debían despedir a los empleados más recientes que no fueran considerados críticos para la misión de cada agencia.
Alsup concluyó el 27 de febrero que la OPM carecía de autoridad para contratar o despedir a cualquier empleado fuera de su oficina. Sin embargo, también dictaminó inicialmente que, aunque tenía jurisdicción sobre los trabajadores recién despedidos, los sindicatos debían llevar sus quejas a las juntas federales de trabajo en lugar de a la corte.
En la nueva orden, Alsup admitió que estaba equivocado, apartándose de tres sentencias recientes en otros casos.
Las reclamaciones presentadas por los sindicatos, incluida la de que la OPM violó la separación de poderes al ordenar a otras agencias que despidieran a sus empleados, son cuestiones estándar de derecho constitucional que deben ser examinadas por los tribunales, según el juez.
La experiencia de la Autoridad Federal de Relaciones Laborales y de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito de EE. UU. no ayudaría a resolver las reclamaciones que giran en torno a la autoridad de la OPM y no implican directamente la Ley de Reforma del Servicio Civil, que describe el sistema para evaluar los despidos y otras medidas de personal contra los empleados federales, según la sentencia.
Otros tres jueces de distrito de EE. UU. han determinado que casos similares deben ir ante una junta federal, pero esos casos son diferentes porque desafiaron aspectos separados de los despidos masivos, como la orden de Trump a las agencias para llevar a cabo los despidos a través de planes llamados reducciones de personal, explicó Alsup.
El juez ordenó a las partes en el caso, incluido el gobierno, que presenten respuestas a su orden antes del 28 de marzo.
La Federación Americana de Empleados Públicos y la Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales y de Condados, demandantes en el caso, no respondieron a las solicitudes de comentarios. El Departamento de Justicia de EE. UU. no respondió a las preguntas.
Alsup y otro juez ordenaron recientemente al Gobierno que readmitiera a casi 25,000 nuevos trabajadores despedidos en 18 organismos. Una corte de apelaciones confirmó la orden de Alsup, lo que llevó a la Administración a apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Los jueces aún no se han pronunciado al respecto.
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