WASHINGTON —El 31 de marzo, Estados Unidos sancionó a seis funcionarios de Beijing y Hong Kong por abusos en la ciudad gobernada por China y por esfuerzos de represión transnacional en suelo estadounidense, la primera medida de este tipo que tomó la nueva administración Trump.
La acción fue acompañada por la publicación de un informe del Departamento de Estado anual presentado al Congreso, que encontró nuevas acciones de Beijing que amenazan directamente los intereses de EE. UU. mientras violan los compromisos del régimen de no interferir con la autonomía de Hong Kong, el poder judicial independiente y las libertades fundamentales hasta 2047.
El informe, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, demuestra que "Beijing ha roto sus promesas al pueblo de Hong Kong".
"Los funcionarios de Beijing y Hong Kong han utilizado las leyes de seguridad nacional de Hong Kong de forma extraterritorial para intimidar, silenciar y acosar a 19 activistas a favor de la democracia que se vieron obligados a huir al extranjero, entre ellos un ciudadano estadounidense y otros cuatro residentes en Estados Unidos", afirmó el Departamento de Estado en una hoja informativa.
Asimismo, afirmó que las nuevas sanciones se dirigen a aquellos "que han participado en acciones o políticas que amenazan con erosionar aún más la autonomía de Hong Kong, en contravención de los compromisos de China, y en relación con actos de represión transnacional".
Las personas nombradas en la lista de sanciones incluyen a Dong Jingwei, director de la Oficina de Salvaguarda de la Seguridad Nacional de Beijing y ex viceministro de la principal agencia de espionaje de China, el Ministerio de Seguridad Pública, con experiencia dirigir labores de contrainteligencia. El ministerio ha desempeñado un papel clave en la persecución de disidentes fuera de China y el liderazgo de operaciones encubiertas de influencia en el extranjero.
Los otros cinco —Sonny Au Chi Kwong, Dick Wong Chung Chun, Margaret Chiu Wing La, Raymond Siu Chak Yee y Paul Lam Ting Kwok— son funcionarios de Hong Kong en el ámbito policial o de seguridad nacional. Todos se enfrentan a sanciones por participar en "coaccionar, arrestar, detener o encarcelar a personas" o ayudar a desarrollar e implementar la amplia Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, que penaliza la subversión, la colusión con fuerzas extranjeras y el terrorismo con penas de hasta cadena perpetua.
Las autoridades de Hong Kong emitieron en la madrugada un comunicado en el que protestaban por las sanciones, calificándolas de un "intento de intimidar a los funcionarios pertinentes que salvaguardan la seguridad nacional" y sosteniendo que el gobierno no se deja "intimidar por un comportamiento tan despreciable".
El Departamento de Estado emitió las sanciones basándose en una orden ejecutiva de 2020 de la primera administración Trump. Los legisladores demócratas y republicanos habían instado a la administración Biden a sancionar a los seis. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino (PCCh), que que presentó su iniciativa en diciembre de 2023, dijo que las sanciones son un "paso crucial en la dirección correcta".
El mayor juicio por seguridad nacional de Hong Kong tuvo lugar en noviembre de 2024, en el que 45 activistas fueron condenados a penas de hasta 10 años de cárcel. En agosto de 2024, una corte de Hong Kong condenó a los exeditores de Stand News, un medio de comunicación local prodemocrático que se disolvió tras una redada de seguridad nacional. El tribunal los declaró culpables de publicar materiales sediciosos y posteriormente los condenó a 11 y 21 meses de prisión.
Citando la ley, las autoridades de Hong Kong también emitieron recompensas económicas contra seis activistas demócratas y cancelaron los pasaportes de otros siete, cinco de los cuales residen en Estados Unidos.
La Fundación Comité para la Libertad en Hong Kong, una organización benéfica estadounidense, aplaudió el anuncio del Departamento de Estado, señalando que era la primera vez desde julio de 2021 que Estados Unidos imponía sanciones por la degradación de la autonomía de la ciudad por parte del PCCh.
La coordinadora de políticas y defensa de la organización, Frances Hui, agradeció al Departamento de Estado por "enviar un mensaje claro de que la represión no quedará sin respuesta" y expresó su esperanza de que Estados Unidos comience un "esfuerzo sostenido para hacer responsables a los perpetradores".
"Los funcionarios nombrados hoy son directamente responsables de aplicar políticas draconianas, encarcelar a activistas prodemocráticos y expandir su persecución a través de las fronteras poniendo recompensas a aquellos de nosotros que nos vemos obligados al exilio, incluyéndome a mí", dijo en un comunicado.
Dado que muchos de estos hongkoneses han "soportado una presión y amenazas implacables a través de la represión transnacional", dijo, "realmente significa mucho ver a Estados Unidos tomar la iniciativa para hacer responsables a los funcionarios que orquestaron estas acciones".
Anna Kwok, directora ejecutiva del Consejo para la Democracia de Hong Kong, con sede en Washington, dijo que la acción "tan esperada" era significativa para ella y para otros 18 activistas prodemocráticos incluidos en la lista de personas buscadas de Hong Kong.
"Los hongkoneses, tanto en el país como en el extranjero, han sido objeto de acoso y vigilancia continuos", dijo, refiriéndose a la reciente circulación de una carta vinculada a Beijing que ofrecía una recompensa por capturar a un defensor de la democracia hongkonés que vive en el exilio en Australia.
"Las acciones represivas deben tener consecuencias", dijo, instando a los países de todo el mundo a seguir los pasos de Estados Unidos.
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