El lunes, el Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a seis personas y siete empresas por sus presuntas conexiones con el cártel mexicano de Sinaloa. El cártel fue designado como organización terrorista extranjera en febrero.
La acción apunta a las operaciones financieras del cártel de la droga, que ha recaudado dinero traficando fentanilo a Estados Unidos durante años y forma parte de una investigación conjunta entre Estados Unidos y México, dijo el Tesoro en un comunicado de prensa.
El Tesoro dijo que quienes fueron nombrados en las sanciones están utilizando una "red de empresas tapadera y sociedades ficticias" para lavar dinero, a menudo utilizando cosas como negocios de cambio de divisas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y recogidas de efectivo a granel.
"Nuestra administración está comprometida a cortar su financiación y neutralizar la amenaza a través de todas las herramientas disponibles", anunció el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el 31 de marzo en declaraciones ante las cámaras.
"Hemos impuesto sanciones a seis personas y siete entidades implicadas en una operación de lavado de dinero, cortando la financiación a estas personas malvadas".
Bessent dijo en una declaración escrita que el lavado de dinero "es el alma" del cártel y "solo es posible gracias a facilitadores financieros de confianza como los que hemos designado hoy".
"El Tesoro, como parte de un enfoque de todo el gobierno para abordar esta apremiante amenaza a la seguridad nacional, utilizará todas las herramientas disponibles para atacar a cualquiera que ayude a los cárteles a promover su campaña de crimen y violencia", añadió el secretario.
Las sanciones hacen que sea ilegal realizar transacciones comerciales con las personas incluidas en la lista, y advierten que, además de las sanciones civiles y penales, cualquier persona que viole las sanciones puede ser objeto de sanciones.
Un comunicado de prensa emitido por el Tesoro nombró a seis personas como lavadores de dinero del cártel de Sinaloa: Enrique Dann Esparragoza Rosas, que dirige lo que los funcionarios estadounidenses funcionarios dicen que es una organización de lavado de dinero en Baja California; Alan Viramontes Sesteaga, un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa; Israel Daniel Páez Vargas y Salvador Díaz Rodríguez, lavadores de dinero que trabajan para el cártel; y Alberto David Benguiat Jiménez y Christian Noé Amador Valenzuela, que forman parte de una red que lava dinero de las ventas de fentanilo para la organización.
El Departamento de Estado de EE. UU. designó recientemente al Cártel de Sinaloa y a otros grupos criminales de Latinoamérica como organizaciones terroristas extranjeras. Entre ellos se encuentran otros cárteles con sede en México, la banda Tren de Aragua de Venezuela y la banda MS-13.
En su primer día en el cargo, Trump declaró una invasión en la frontera entre Estados Unidos y México, convirtiéndose en el primer presidente de la historia moderna en hacer tal designación. También firmó varias órdenes ejecutivas relacionadas con la frontera y la inmigración ilegal, poniendo fin a la ciudadanía por nacimiento, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a ciertas personas, y más.
Varios jueces de distrito de EE. UU. bloquearon algunas de las actividades ejecutivas de Trump, incluida la orden que pone fin a la ciudadanía por nacimiento. El mes pasado, en Washington, el juez de distrito de EE. UU. James Boasberg prohibió a Trump utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a El Salvador a algunos presuntos miembros de la Tríada de Aragua, y posteriormente exigió al gobierno que proporcionara información sobre por qué los funcionarios no dieron la vuelta a un vuelo de deportación.
A cambio, la administración le dijo a Boasberg que estaba invocando el privilegio de secretos de estado para no proporcionarle información sobre los vuelos.
"La información solicitada por la corte está sujeta al privilegio de secretos de estado porque su divulgación supondría un peligro razonable para la seguridad nacional y los asuntos exteriores", escribieron funcionarios del Departamento de Justicia en un documento de 10 páginas a finales del mes pasado.
El lunes, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciaron que 17 personas pertenecientes a las bandas Tren de Aragua y MS-13 habían sido deportadas a El Salvador.
Con información de The Associated Press
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