Fiscales generales y gobernadores de estados están demandando al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE. UU. por la reciente cancelación por parte de la agencia de miles de millones de dólares en fondos asignados a los departamentos de salud durante la pandemia COVID-19.
La decisión del HHS de retirar unos 12 mil millones de dólares en fondos se tomó sin causa justificada, en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, según la demanda.
Los funcionarios del gobierno dijeron que la cancelación de las subvenciones y los acuerdos se hizo porque fueron "emitidos con un propósito limitado: mejorar los efectos de la pandemia".
"Ahora que la pandemia terminó, las subvenciones y los acuerdos de cooperación ya no son necesarios, ya que su propósito limitado se agotó", dijeron.
Los estados afirmaron en la demanda que "el previsible fin de la pandemia COVID-19 no es una base legal para rescindir 'por causa justificada'", en referencia a un requisito de la ley federal.
"Los demandados nunca alegaron, y mucho menos demostraron, que los beneficiarios de los fondos no cumplieran con los términos y condiciones aplicables de las subvenciones y acuerdos. El Congreso tampoco limitó la financiación en cuestión al período de la emergencia COVID-19", afirmaron.
Las asignaciones fueron realizadas por el Congreso a través de varias leyes, incluida la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus de 2.1 billones de dólares en 2020.
Los fiscales generales de Arizona, California, Connecticut, Colorado, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Nevada, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, el estado de Washington, el Distrito de Columbia y Wisconsin presentaron la demanda ante la corte federal de Rhode Island. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, se unieron a la demanda. Todos los demandantes son demócratas. Los fiscales generales de Kentucky y Pensilvania son republicanos y no forman parte de la impugnación legal.
Los estados piden a la corte que anule las cancelaciones, las declare ilegales y prohíba al HHS que las aplique o las restablezca "sin el proceso legal o reglamentario requerido".
El HHS no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las demandantes, declaró que "la anulación de la financiación revertirá nuestro progreso en la crisis de los opiáceos, sumirá en el caos nuestros sistemas de salud mental y dejará a los hospitales luchando por atender a los pacientes".
"Mi oficina está tomando medidas inmediatas para detener este movimiento despiadado y miope y garantizar que estos programas que salvan vidas permanezcan intactos", dijo.
Un portavoz del HHS dijo anteriormente que el dinero estaba destinado a pruebas COVID-19, vacunación y otros servicios relacionados con la pandemia. El portavoz dijo que los fondos no se habían utilizado.
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