Una jueza federal emitió una orden judicial preliminar el 28 de marzo que impide a la administración Trump continuar con lo que ella describió como el cierre de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB).
“Si a los demandados no se les impide actuar, eliminarán la agencia antes de que el tribunal tenga la oportunidad de decidir si la ley les permite hacerlo, y … el daño será irreparable”, escribió la jueza del Distrito de EE. UU. Amy Berman Jackson en una opinión.
Jackson dijo que la intervención del tribunal fue “extraordinaria” pero necesaria y que la administración desatendió la intención del Congreso.
Su orden exige a la administración la reincorporación de todos los empleados en período de prueba y de aquellos con contrato a término que fueron despedidos desde el 10 de febrero, y prohíbe nuevos despidos, salvo algunas excepciones. Además, prohíbe a la administración hacer cumplir una orden de cese de trabajo y le obliga a mantener un sitio web, una línea telefónica y una base de datos de quejas de consumidores, así como a responder a dichas quejas.
Jackson inició su opinión con declaraciones de Trump, del asesor de la Casa Blanca Elon Musk y del director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russell Vought, incluido como parte citada en la demanda inicial presentada por un sindicato de empleados federales. Cada uno fue crítico con la agencia o manifestó interés en reducirla.
“CFPB RIP”, dijo Musk en una publicación en su plataforma de redes sociales X.
La demanda acusó a la administración de violar la separación de poderes del país mediante la decisión de Vought de impedir que la agencia redujera la financiación o se involucrara en actividades de supervisión y examen.
Una demanda enmendada, presentada en febrero, incluyó a varios otros demandantes, como la Asociación de Empleados del CFPB y la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color.
El Congreso creó el CFPB tras la crisis financiera de 2008. La agencia tiene autoridad de supervisión sobre bancos, instituciones de ahorro y cooperativas de crédito con activos de USD 10 mil millones o más. Desde entonces, ha sido objeto de importantes fallos de la Corte Suprema, incluido uno que el año pasado confirmó su controvertido mecanismo de financiación.
Los abogados de la administración intentaron evitar la orden judicial con una larga lista de argumentos, entre los que se incluyó que sus acciones se enmarcaban en una forma de discrecionalidad no revisable por los tribunales. Según ellos, que el juez bloquease las acciones de la administración violaría la separación de poderes del país.
“Anular estos principios e impedir que el liderazgo de la agencia ejerza control procesal sobre su propio personal para asegurar que cumplan con las obligaciones legales o, de otro modo, ejerzan las políticas del liderazgo de la agencia, sería una violación extraordinaria de la separación de poderes”, afirmaron.
Describieron las acciones de Vought como en consonancia con una de las órdenes ejecutivas de Trump que congeló la acción regulatoria para que la administración pudiera reevaluar las políticas de la agencia.
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