Una jueza federal bloqueó temporalmente la deportación de Jeanette Vizguerra-Ramírez, una inmigrante ilegal y destacada activista cuya larga batalla con las autoridades de inmigración de Estados Unidos se remonta a la primera administración Trump, cuando ganó atención nacional después de buscar refugio en iglesias de Denver para evitar la expulsión.
En un fallo de seis páginas emitido el 21 de marzo, la jueza de distrito Nina Y. Wang ordenó a los funcionarios federales no expulsar a Vizguerra-Ramírez de Colorado o de Estados Unidos mientras su desafío legal esté pendiente. La corte citó las "circunstancias inusuales" del caso y la falta de claridad sobre si su detención y posible expulsión estaban legalmente autorizadas.
"Este caso plantea cuestiones complejas no solo sobre la legalidad de la detención de la Sra. Vizguerra-Ramírez por el ICE en virtud de la ley de inmigración, sino también sobre la interacción jurisdiccional entre los tribunales de distrito y de apelación que se enfrentan a este conjunto específico de circunstancias de hecho", escribió Wang.
La sentencia marca el último capítulo de una saga de inmigración de décadas para Vizguerra-Ramírez. Entró ilegalmente en Estados Unidos en 1997 y se convirtió en una figura nacional durante el primer mandato del presidente Donald Trump por resistirse a la deportación refugiándose en iglesias, un acto que le valió un puesto en la lista de las 100 personas más influyentes de 2017 de la revista Time.
El 17 de marzo, Vizguerra-Ramírez fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en una tienda Target cerca de Denver, Colorado, donde trabajaba. Un portavoz del ICE declaró previamente a The Epoch Times que Vizguerra es una "delincuente mexicana condenada" con una orden final de deportación derivada de una condena de 1999 por posesión de una tarjeta falsificada de la Seguridad Social. El ICE también señaló que había recibido todas las garantías procesales en la corte de inmigración y que había vuelto a entrar ilegalmente en el país tras una salida en 2012.
Sin embargo, los abogados de Vizguerra sostienen que la orden de deportación anterior no es válida, señalando lo que describen como defectos de procedimiento y la ausencia de autoridad legal para restablecer la orden. Su equipo legal ha argumentado que el ICE intenta eludir la ley al expulsarla en virtud de una orden anulada.
"Si el ICE procede a expulsarla sin autorización legal, envía un mensaje escalofriante sobre el desprecio de la agencia por el debido proceso y el Estado de derecho", dijo en un comunicado una de sus abogadas, Laura Lichter.
El equipo jurídico de Vizguerra-Ramírez presentó el 18 de marzo un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal de Distrito de Colorado y una petición de revisión ante el Tribunal de Apelaciones del 10º Circuito de Estados Unidos. En su orden del 21 de marzo, la jueza dijo que mantener a Vizguerra-Ramírez en Estados Unidos es necesario para garantizar que la corte mantenga la jurisdicción sobre el caso.
"A la luz de estas circunstancias inusuales, esta corte concluye respetuosamente que una medida cautelar es necesaria para preservar el statu quo y permitir a esta corte la oportunidad de considerar cuidadosamente las cuestiones planteadas por ambas partes para lograr los fines de la justicia confiada a esta corte", escribió Wang.
Desde que abandonó el santuario eclesiástico, Vizguerra-Ramírez ha tramitado un visado U, una forma especial de ayuda migratoria para víctimas de delitos. Sus partidarios, entre ellos el alcalde de Denver, Mike Johnston, dicen que no representa una amenaza para la seguridad pública y que cooperó plenamente con las autoridades. El último de varios indultos de deportación emitidos por ICE expiró en febrero de 2024.
"Bajo el presidente Trump y la secretaria Noem, volvemos a ser una nación de leyes", escribió la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin. "Encontraremos, detendremos y deportaremos a los extranjeros ilegales sin importar si fueron destacados como 'Persona del Año de Time'. Si vienen a nuestro país ilegalmente, les deportaremos y no volverán jamás".
McLaughlin añadió que "la opción más segura para los extranjeros ilegales es autodeportarse, para que sigan teniendo la oportunidad de regresar y vivir el sueño americano".
La jueza programó una audiencia en el caso de Vizguerra-Ramírez para el 28 de marzo. Se ordenó a los funcionarios federales que respondan a su petición antes del 24 de marzo.
Vizguerra-Ramírez se encuentra recluida en un centro de detención de Aurora, Colorado.
Con información de Zachary Stieber y The Associated Press.
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