Un juez federal cuyas órdenes impedían al Departamento de Seguridad Nacional deportar a presuntos miembros de bandas, fueron anuladas recientemente por la Corte Suprema, que canceló una audiencia que pudo llevar a una prórroga de las órdenes.
El 8 de abril, el juez de distrito de EE. UU. James Boasberg, en una orden de un minuto, citó la acción de la Corte Suprema al cancelar la audiencia programada para el martes en Washington y prevista para argumentos a favor y en contra de la entrada de una orden judicial preliminar contra el gobierno.
Los jueces afirmaron el lunes que las órdenes de alejamiento temporales (TRO, por sus siglas en inglés) emitidas por Boasberg contra las autoridades federales en marzo fueron anuladas porque el caso fue presentado por ciudadanos venezolanos en Washington, aunque estaban detenidos en Texas.
Los jueces dijeron que los inmigrantes ilegales, detenidos en virtud de la declaración de la Ley de Enemigos Extranjeros del presidente Donald Trump, que afirma que la banda venezolana Tren de Aragua está trabajando con el gobierno venezolano para invadir Estados Unidos, pueden impugnar su detención, pero solo a través de peticiones de hábeas corpus presentadas en los lugares donde están detenidos.
"En la sentencia de ayer que anulaba las órdenes de restricción temporal de esta corte, la Corte Suprema sostuvo que los demandantes no pueden ser deportados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros sin la oportunidad de impugnar su expulsión en una corte federal. También determinó que el lugar apropiado para tales procedimientos es el Distrito Sur de Texas o dondequiera que los demandantes estén detenidos actualmente", escribió Boasberg. "En consecuencia, esta corte ORDENA que... se ANULE la audiencia de medida cautelar de hoy".
En comparación con una orden de alejamiento temporal, un requerimiento judicial preliminar permanece vigente durante un período de tiempo más largo, normalmente hasta que la corte decida un caso a favor de una de las partes.
El juez también ordenó a los ciudadanos venezolanos que demandaron a la administración que le informaran antes del 16 de abril si "creen que todavía tienen fundamento para proceder con su petición de medida cautelar en esa corte y, de ser así, proponer un calendario de sesiones informativas".
La acción se produjo después que los abogados del gobierno notificaran a Boasberg la sentencia de la Corte Suprema.
"En base a la decisión de la Corte Suprema, la moción de los demandantes para una orden judicial preliminar debe ser denegada y este caso debe ser desestimado por falta de jurisdicción. Además, la decisión de la Corte Suprema elimina la base para la orden de esta corte para mostrar causa, que por lo tanto también debe ser disuelta", escribieron.
Los abogados de los demandantes aún no presentaron ninguna solicitud desde el fallo emitida por Corte Suprema del país.
Los funcionarios del gobierno, incluida la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, celebraron el lunes el fallo.
"El fallo de hoy de la Corte Suprema es una victoria para la seguridad del sentido común: un juez activista no puede detener la voluntad del pueblo estadounidense de tener una patria segura y protegida", escribió Noem en la plataforma de redes sociales X. "Seguiremos haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración y restableceremos la cordura en nuestro sistema de inmigración utilizando a todas las autoridades apropiadas, incluida la Ley de Enemigos Extranjeros".
La invocación de Trump de la centenaria Ley de Enemigos Extranjeros decía que el Tren de Aragua "invadió Estados Unidos y continúa invadiendo, intentando invadir y amenazando con invadir el país". Autorizaba a los funcionarios a detener, arrestar y expulsar inmediatamente a todos los miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos que fueran mayores de 13 años y que no fueran residentes permanentes legales o naturalizados.
Los abogados de los venezolanos dijeron a Boasberg en la demanda que la Ley de Enemigos Extranjeros se estaba utilizando indebidamente "contra nacionales de un país, Venezuela, con el que Estados Unidos no está en guerra, que no está invadiendo Estados Unidos y que no lanzó una incursión depredadora en Estados Unidos".
Boasberg se puso del lado de los demandantes, emitiendo órdenes de alejamiento en cuestión de horas y manteniendo posteriormente las órdenes en vigor.
La corte de apelaciones había confirmado las órdenes antes de la sentencia de la Corte Suprema.
Tras la sentencia, la fiscal general Pam Bondi dijo que los estadounidenses debían saber que los funcionarios "dirigirán nuestros activos para rastrear el país en busca de cualquier remanente de Tren De Aragua y EXPULSARLOS".
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