La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) demandó al Departamento de Educación tras la campaña de la agencia contra las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las instituciones educativas.
El 14 de febrero, la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación emitió una carta a las instituciones educativas que reciben fondos federales. En la carta, les notificó que dejen de usar cualquier preferencia o estereotipo racial al determinar becas, admisiones, premios, contrataciones, ascensos, sanciones y otros programas o actividades.
Muchas instituciones usaron la premisa falsa de que Estados Unidos se construyó sobre "el racismo sistémico y estructural". Promovieron prácticas discriminatorias con esa base e intentaron justificarlas bajo la bandera de diversidad, equidad e inclusión, según la carta.
La carta criticó los programas de DEI que dan prioridad a determinadas etnias, al tiempo que enseñan a los estudiantes que las personas de una determinada raza "tienen cargas morales únicas que otras no tienen". Tales ideologías estigmatizan a los estudiantes de estas razas, negándoles la posibilidad de participar plenamente en la vida escolar, afirma la carta.
"El Departamento ya no tolerará la discriminación racial abierta y encubierta que se ha generalizado en las instituciones educativas de esta nación", dice la carta.
A continuación, la Oficina de Derechos Civiles OCR publicó una lista de preguntas frecuentes en la que se detallan algunas de las dudas que pueden surgir a raíz de la carta.
El 3 de abril, el Departamento de Educación envió cartas a los comisionados estatales que supervisan las agencias de educación estatal desde jardín de niños hasta grado doce (K-12), pidiéndoles que certifiquen su cumplimiento de las obligaciones contra la discriminación establecidas en el Título VI de la Ley de Derechos Civiles para seguir recibiendo fondos federales.
En una demanda judicial presentada el 15 de abril en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, la NAACP afirmó que las políticas esbozadas en estos "Documentos del Título VI" publicados por el Departamento de Educación "discriminan a los miembros de la NAACP".
La demanda alega que las políticas "violan el debido proceso con términos vagos e inconstitucionales, y atentan contra los derechos de la Primera Enmienda de los miembros de la NAACP, a seguir recibiendo instrucción y programación sin discriminación por sus opiniones".
Los documentos del Título VI supuestamente piden a las escuelas que cumplan con la interpretación del Departamento de Educación del Título VI "amenazándolas con recortes injustificados de fondos y acciones legales si no eliminan los programas de diversidad, equidad e inclusión", según la demanda.
La demanda afirma que, debido a la nueva postura del Departamento de Educación bajo la administración Trump, los miembros de la NAACP han perdido o corren el riesgo inminente de perder varios programas y políticas.
Por ejemplo, un distrito escolar de Iowa retiró a sus alumnos, entre ellos el hijo de un miembro de la NAACP, de un evento de lectura afroamericano tras recibir la carta del Departamento de Educación del 14 de febrero contra las iniciativas de DEI.
En Nueva Jersey, la Universidad de Rowan anunció a finales de febrero que reestructuraba y reorganiza varios departamentos de la antigua División de Excelencia Inclusiva, Comunidad y Pertenencia, una medida que "afecta directamente a la vida de los estudiantes negros", según la demanda.
"Los miembros de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) se enfrentan a un riesgo considerable de que las escuelas de sus hijos se vean obligadas a suspender todos los programas de diversidad, equidad e inclusión, los planes de estudios inclusivos, los programas de justicia restaurativa, los esfuerzos para contratar profesores negros y otros programas que garantizan la igualdad de oportunidades para los estudiantes negros".
El Departamento de Educación suspendió la aplicación de su nueva política contra el DEI hasta el 24 de abril.
La NAACP solicitó a la corte que declarara ilegales e inconstitucionales los documentos del Título VI y que emita una medida cautelar preliminar que prohíba la aplicación de estas medidas.
A principios de este mes, el subsecretario interino de Derechos Civiles, Craig Trainor, criticó la aplicación de la agenda DEI por supuestamente instaurar medidas discriminatorias y preferenciales en las instituciones educativas.
"La asistencia financiera federal es un privilegio, no un derecho. Cuando los comisionados estatales de educación aceptan fondos federales, aceptan cumplir con los requisitos federales antidiscriminatorios", afirmó.
"Lamentablemente, hemos visto cómo demasiadas escuelas incumplen o violan abiertamente estas obligaciones, incluso utilizando los programas DEI para discriminar a un grupo de estadounidenses en favor de otro basándose en características de identidad, en clara violación del Título VI".
Debate sobre DEI
Los demócratas criticaron las políticas de la administración Trump dirigidas contra DEI. El 2 de abril, los demócratas de la Cámara de Representantes se reunieron con la secretaria de Educación, Linda McMahon, para transmitirle su preocupación por la financiación federal de los programas de educación especial y los distritos de bajos ingresos.Durante una rueda de prensa celebrada ese mismo día, los demócratas afirmaron que Trump estaba librando una"guerra contra DEI" y que la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación se creó para hacer frente al acoso y la discriminación, no para poner fin a las iniciativas en materia de diversidad y equidad.
"Los derechos civiles se convierten en el núcleo de la controversia", afirmó la representante Jamie Raskin (D‑Md).
"No queremos que la segunda administración Trump sea el momento en el que todos los avances que hemos logrado en la historia de Estados Unidos hacia una educación igualitaria y excelente para todos se vayan por el desagüe de repente".
En su carta del 14 de febrero dirigida a las instituciones educativas, el Departamento de Educación aclaró que evaluaría si el uso de la raza está cubierto por el Título VI dentro del marco establecido por la decisión de la Corte Suprema de 2023 sobre el caso Students for Fair Admissions v. Harvard.
En este caso, la corte había considerado que las preferencias raciales en el acceso a la universidad eran ilegales.
La Corte Suprema dejó claro que clasificar y asignar a los estudiantes en función de su raza solo es legal si cumple con un "escrutinio estricto". Lo que significa que el uso de la raza debe ser "necesario" para lograr un interés imperioso, según la carta.
La Corte Suprema solo ha reconocido dos intereses como "apremiantes" en este sentido, escribió el Departamento de Educación. El primero es remediar "casos específicos e identificados de discriminación pasada que violaron la Constitución o una ley". El segundo es "evitar riesgos inminentes y graves para la seguridad humana en las prisiones, como un motín racial".
“Conceptos imprecisos como el equilibrio racial y la diversidad no son intereses apremiantes”, dice la carta. La Corte aclaró que la raza de una persona "nunca puede utilizarse en su contra" y que dicha identidad "no puede funcionar como un estereotipo" cuando el Gobierno toma decisiones.
El mes pasado, el Departamento de Educación anunció que estaba investigando a más de 50 universidades por discriminación racial, en línea con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de poner fin a las iniciativas de DEI.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
