El Departamento de Transporte de los Estados Unidos derogó una norma de la era Biden que exigía a los estados establecer metas para reducir las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos en autopistas financiadas con fondos federales, anunció el secretario de Transporte, Sean Duffy, el 18 de abril.
La norma, finalizada en 2023 pero nunca implementada debido a desafíos legales, habría obligado a las agencias estatales de transporte y a las organizaciones metropolitanas de planificación a rastrear las emisiones de escape en el Sistema Nacional de Autopistas y establecer objetivos decrecientes de gases de efecto invernadero. Duffy calificó la regulación como un exceso de autoridad ilegal que daba prioridad a la política climática por encima de las necesidades básicas de infraestructura.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, vamos a construir cosas grandes, bellas y grandiosas nuevamente”, dijo Duffy en un comunicado. “Eliminé este absurdo requisito climático para asegurarme de que ninguna agenda política radical interfiera con la revitalización de las autopistas estadounidenses”.
La medida forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para revertir regulaciones introducidas durante el gobierno de Biden. Funcionarios indicaron que la norma carecía de autoridad legal y habría obligado a los estados a desviar recursos de proyectos de carreteras y puentes para cumplir con metas de emisiones que no fueron aprobadas por el Congreso.
La norma nunca entró en vigor después de que tribunales federales en Texas y Kentucky dictaminaran que el Departamento de Transporte no tenía autoridad legal para hacerla cumplir. La administración Biden apeló ambas decisiones, pero la administración Trump posteriormente retiró esas apelaciones, dejando la norma anulada e inaplicable.
La Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés) describió la revocación —publicada el viernes en el Registro Federal—, como una acción desregulatoria alineada con los fallos judiciales en Texas y Kentucky, los cuales concluyeron que el mandato sobre emisiones excedía la autoridad legal de la agencia según la legislación de transporte vigente. La revocación no prohíbe que los estados sigan monitoreando las emisiones de manera voluntaria.
Los grupos del sector celebraron el cambio.
La Asociación Estadounidense de Constructores de Carreteras y Transporte calificó la norma como “innecesaria” y elogió a la administración por eliminar un mandato que “habría impuesto nuevas cargas a las soluciones de movilidad”. Por su parte, la Asociación Estadounidense de Camioneros afirmó que la regulación habría “alterado las prioridades locales” y dificultado la expansión de la capacidad vial.
La Asociación de Contratistas Generales de Estados Unidos afirmó que la norma “habría obligado a los estados a poner en pausa importantes proyectos de infraestructura, como mejoras en carreteras y puentes”. El grupo señaló que la revocación es coherente con la intención del Congreso y contribuirá a mantener en movimiento el tráfico de carga y de pasajeros.
La FHWA de la era Biden propuso la norma en 2022, argumentando que establecer metas de emisiones ayudaría a los estados a tomar decisiones de inversión más informadas y a calificar para financiamiento bajo la Ley Bipartidista de Infraestructura.
Dicha ley asignó miles de millones de dólares para ayudar a los estados a financiar proyectos como estaciones de carga para vehículos eléctricos, estrategias de reducción de carbono y mejoras en el transporte público. En ese momento, los líderes de la FHWA afirmaron que la norma brindaría coherencia nacional a políticas ya implementadas en 24 estados y el Distrito de Columbia.
En su anuncio, Duffy indicó que es probable que haya más revocaciones como parte de los esfuerzos del presidente por reducir la burocracia y reorientar la agenda federal de transporte hacia prioridades tradicionales de infraestructura.
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