Una corte de California prohibió a una empresa de Texas que vendiera en el estado máquinas utilizadas para fabricar armas.
El año pasado, California interpuso una demanda contra Defense Distributed y otras empresas relacionadas, acusándolas de violar las leyes del estado al vender máquinas fresadoras de control numérico por ordenador (CNC). Estas máquinas se utilizan para fabricar «armas fantasma», que son «armas de fuego no rastreables ni numeradas» que se pueden fabricar en casa.
La demanda está relacionada con dos máquinas CNC vendidas por Defense Distributed: Ghost Gunner y Coast Runner. El 27 de marzo, la Corte Superior de California, del condado de San Diego, dictó una sentencia provisional por la que se concedía la petición de California de una orden judicial preliminar contra los demandados.
En virtud de la orden judicial, se prohíbe a los demandados «vender, ofrecer en venta, transferir, publicitar o comercializar la Coast Runner y cualquier otra fresadora CNC sustancialmente similar en California hasta que se resuelva este litigio».
Ya en octubre de 2022, un tribunal federal rechazó la impugnación de Defense Distributed a la legislación estatal AB 1621, que ilegaliza la venta de fresadoras CNC cuyo fin único o principal sea la fabricación de armas de fuego.
Ese mismo mes, la empresa fabricó la Coast Runner, según la sentencia. Ambos productos comparten nombres, diseños, piezas y características similares, e incluso el manual del operador es sustancialmente similar, denunció California.
El estado argumentó que el Coast Runner era «de hecho el Ghost Gunner con una nueva capa de pintura». El sitio web de Ghost Gunner incluye un aviso que indica que los residentes de California que pidan la máquina recibirán Coast Runner en su lugar, dijo California.
La demanda calificaba al Coast Runner de aparato ilegal «vendido para permitir a sus usuarios fabricar armas de fuego y violar las leyes de prevención de la violencia armada de California». Pedía al tribunal que pusiera fin a las «flagrantes violaciones» de la ley californiana por parte de los demandados.
Los acusados alegaron que Coast Runner no estaba destinada a la fabricación de armas de fuego, ya que el Departamento de Comercio de EE. UU. la ha clasificado como máquina de uso general.
El tribunal desestimó el argumento, afirmando que la Ghost Gunner «también estaba clasificada de esa manera, y no hay ninguna disputa genuina de que la Ghost Gunner está destinada a la fabricación de armas de fuego».
Los demandados alegaron además que Coast Runner no era idéntica a Ghost Gunner y que podía utilizarse para otros fines distintos de la fabricación de armas de fuego.
Este argumento también fue rechazado por el tribunal. California demostró que «la función principal del dispositivo es fabricar armas de fuego y que se vende con el conocimiento (o al menos la indiferencia temeraria) de que de hecho se utilizará para fabricar un arma de fuego», dijo.
El tribunal concluyó que California «había demostrado que los demandados probablemente habían intentado eludir la ley cambiando el nombre de Ghost Gunner por el de Coast Runner» y dictó un mandato judicial preliminar a favor del Estado.
The Epoch Times se puso en contacto con Defense Distributed para solicitar sus declaraciones.
Derechos de la segunda enmienda
La orden judicial contra Defense Distributed surge mientras la Corte Suprema de EE. UU. votó 7-2 esta semana para mantener una norma de la era Biden que regula las armas fantasma.La norma, que data de abril de 2022, exigía a las personas que ensamblan armas de fuego en casa que añadieran números de serie a las armas. También exige que los distribuidores realicen comprobaciones de antecedentes de los consumidores que compran kits de montaje de armas.
Los tribunales menores habían bloqueado la norma antes de que la Corte Suprema restableciera la medida en octubre de 2023 y ahora la confirma.
La ofensiva contra las armas fantasma a nivel judicial se produce mientras la administración Trump inicia medidas para proteger los derechos de las armas en el país.
El 7 de febrero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para proteger los derechos de la Segunda Enmienda de los ciudadanos, buscando «detener las políticas existentes diseñadas para restringir el libre derecho de los ciudadanos respetuosos de la ley a poseer y portar armas», según una hoja informativa de la Casa Blanca.
En ella se pedía al fiscal general que llevara a cabo una revisión de todas las órdenes y medidas adoptadas por la administración Biden en materia de armas de fuego y que presentara un plan para «eliminar todas las infracciones de los derechos de los estadounidenses a la Segunda Enmienda».
Esta semana, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que estaba investigando al Departamento del Sheriff de Los Ángeles por posible violación de los derechos de los ciudadanos cuando solicitan permisos de portación oculta de armas.
En concreto, dos personas alegaron que el Departamento del Sheriff estaba retrasando sus solicitudes hasta 18 meses. En respuesta, el departamento emitió un comunicado citando una «importante crisis de personal» como motivo del retraso.
La investigación es «parte de una revisión más general de las leyes restrictivas relacionadas con las armas de fuego en California y otros estados», dijo el Departamento de Justicia.
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