Un panel dividido de la corte federal de apelaciones determinó el lunes que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) podrá acceder a los registros de dos agencias federales, revocando una orden de un tribunal inferior.
En una opinión de 2-1, la Corte de Apelaciones del 4º Circuito de Estados Unidos levantó la orden judicial impuesta por la jueza de distrito de Estados Unidos Deborah Boardman en Maryland que prohibía al DOGE acceder a los registros personales del Departamento de Educación y de la Oficina de Administración de Personal (OPM).
La corte de apelaciones con sede en Virginia también votó 8-7 en contra de tratar el asunto «en banc», en el que decidirían todos los jueces de la corte.
La orden de Boardman en marzo restringió también el acceso de DOGE al Departamento del Tesoro. Sigue en vigor un requerimiento judicial emitido por otro juez de distrito en Nueva York que bloqueó el acceso de la organización a los datos del Tesoro.
Grupos como la Federación Estadounidense de Maestros presentaron una demanda para evitar que el personal de DOGE revisara datos como números de la Seguridad Social, fechas de nacimiento, direcciones, ingresos, estado de ciudadanía y préstamos estudiantiles de millones de estadounidenses. Argumentaron que el acceso de DOGE violaría las leyes federales, incluida la Ley de Privacidad de 1974.
El 24 de marzo, Boardman dictaminó que el DOGE no podía acceder a los datos de las tres agencias y prohibió a los funcionarios de las agencias entregar cualquier información de identificación personal a DOGE.
«La Ley de Privacidad, promulgada hace 50 años, protege de la divulgación no autorizada las enormes cantidades de información personal que el gobierno federal recopila de grandes sectores del público», escribió Boardman.
«Esas preocupaciones siguen siendo igual de importantes hoy en día. Por muy importante o urgente que sea la agenda del presidente DOGE, las agencias federales deben ejecutarla de acuerdo con la ley. Probablemente eso no sucedió en este caso».
Las personas afiliadas a DOGE tuvieron acceso a sistemas que contienen información personal, según la orden de Boardman, incluidos números de la Seguridad Social, información bancaria, direcciones particulares, fechas de nacimiento y otros datos como la ciudadanía y el estado civil.
El Departamento de Justicia (DOJ), argumentando en nombre de DOGE y de las agencias demandadas, dijo que los demandantes carecen de legitimación para presentar una demanda y que es poco probable que tengan éxito en el fondo de su impugnación legal.
«Los demandantes carecen de legitimación porque no han sufrido ningún daño reconocible...» y se han limitado a especular y «no ha quedado demostrado que probablemente se enfrenten a un daño irreparable inminente», argumentaron los abogados del gobierno.
Los abogados del Departamento de Justicia afirmaron que «el interés público y la equidad apoyan que se permita al gobierno ejercer su autoridad legal para contratar empleados y darles acceso a los sistemas necesarios para el desempeño de sus funciones».
La orden del lunes de la corte de apelaciones falló a favor del Departamento de Justicia, coincidiendo en que los demandantes parecen carecer de legitimación.
«Dudo profundamente que la corte de distrito se haya mantenido dentro de su discreción al determinar que los demandantes tenían probabilidades de ganar... y con tanta certeza que tenían probabilidades de ganar en general», escribió el juez del 4.º Circuito G. Steven Agee en nombre de la mayoría.
«A la luz del problema multiplicativo de los demandantes, el gobierno ha demostrado con firmeza que prevalecerá en cuanto al fondo».
El DOGE, creado por el presidente Donald Trump mediante una orden ejecutiva, tiene la tarea de reducir los gastos del gobierno federal y detectar fraudes, despilfarros y abusos.
La organización ha enfrentado varias demandas en los últimos meses. En marzo, otro juez federal bloqueó el acceso del DOGE a las bases de datos de la Administración del Seguro Social por motivos similares de privacidad.
«El equipo del DOGE está básicamente realizando una expedición de pesca en la SSA, en busca de una epidemia de fraude, basada en poco más que sospechas», escribió la jueza de distrito de Estados Unidos Ellen Hollander el 21 de marzo.
Mientras tanto, algunas cortes han fallado a favor de la administración Trump y DOGE. A finales de marzo, una corte de apelaciones levantó una orden que impedía a DOGE recomendar reducción de personal a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que la administración ha intentado desmantelar.
Con información de Reuters.
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