La Corte Suprema bloqueó temporalmente una orden de un tribunal inferior que exigía al gobierno federal que devolviera a un inmigrante ilegal deportado a El Salvador, concediendo al gobierno de Trump un breve respiro mientras apela el caso.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dictó la suspensión el 7 de abril, poniendo en pausa la sentencia de un juez de distrito de Maryland que ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que devolviera a Estados Unidos al ciudadano salvadoreño Kilmar Abrego-García antes de las 11:59 p. m. del 7 de abril.
La suspensión, que permanecerá en vigor a la espera de nuevas medidas de Roberts o del pleno del tribunal, también exige que el equipo legal de Abrego-García presente una respuesta antes de las 5 p. m. del 8 de abril.
La orden se emitió en respuesta a una solicitud de emergencia que la administración Trump presentó ante la Corte Suprema el lunes. La solicitud pedía al alto tribunal que bloqueara la orden de la jueza de distrito de EE. UU. Paula Xinis del 4 de abril que exigía al gobierno que devolviera a Abrego-García. La jueza determinó que el gobierno había violado un fallo de inmigración de 2019 que prohibía su expulsión a El Salvador debido a amenazas creíbles de la banda rival Barrio 18. El fallo de 2019 se dictó después de que Abrego-García fuera detenido en Maryland y sometido a un proceso de deportación.
Abrego-García entró ilegalmente en Estados Unidos en torno a 2011.
A pesar de la sentencia de 2019, Abrego-García fue detenido el 12 de marzo por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los funcionarios citaron lo que describieron como su «papel destacado» en la banda MS-13, que el gobierno de Trump había designado recientemente como organización terrorista extranjera. Tres días después, el 15 de marzo, fue colocado en un vuelo de deportación.
Según el funcionario del ICE Robert Cerna II, Abrego-García no figuraba en el manifiesto original del vuelo, pero estaba incluido como suplente. Cuando se expulsó a otras personas del vuelo, el nombre de Abrego-García subió de posición y se añadió a la lista final de pasajeros. El manifiesto, añadió Cerna, no indicaba que Abrego-García tuviera protección legal contra la expulsión a El Salvador.
«Por un error administrativo, Abrego García fue expulsado de Estados Unidos a El Salvador», dijo Cerna en la presentación. «Se trató de un descuido, y la expulsión se llevó a cabo de buena fe basándose en la existencia de una orden final de expulsión y la supuesta pertenencia de Abrego García a la MS-13».
Los abogados de Abrego García han argumentado que no hay pruebas creíbles que lo vinculen con la MS-13.
En un dictamen de 6 de abril en el que denegaba la moción del gobierno de suspender su orden del 4 de abril, Xinis pareció estar de acuerdo.
«Los demandados han afirmado, sin ninguna prueba, que Abrego García es miembro de la MS-13 y luego lo alojaron entre la banda rival principal, Barrio 18», escribió.
Xinis también rechazó la afirmación de la administración de que el tribunal se había extralimitado en su autoridad, al considerar que la deportación de Abrego García era ilegal y que el gobierno no podía ahora eludir su responsabilidad alegando que carecía de poder para corregir el error.
«Tras haber confesado un grave error, los demandados argumentan ahora que este tribunal carece de poder para conocer de este caso, y ellos carecen de poder para ordenar el regreso de Abrego García», escribió. «Para evitar un daño irreparable evidente, y porque la equidad y la justicia lo exigen, el tribunal concede la reparación más limitada, atreviéndose a decir que es la única, que se justifica: ordenar a los demandados que devuelvan a Abrego García a Estados Unidos».
El 5 de abril, el Departamento de Justicia solicitó a la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de EE. UU. que suspendiera la orden de Xinis, presentando una moción de emergencia para una suspensión pendiente de apelación y una suspensión administrativa inmediata. El tribunal denegó ambas solicitudes el 7 de abril, lo que llevó a la administración Trump a recurrir a la Corte Suprema en un esfuerzo por bloquear la orden antes de la fecha límite de medianoche.
En su solicitud, la administración Trump advirtió de las consecuencias radicales si se permitía que el fallo del tribunal inferior se mantuviera.
«Estados Unidos no puede garantizar de antemano el éxito en negociaciones internacionales delicadas, y menos aún cuando un tribunal impone un plazo obligatorio absurdamente comprimido», escribió el gobierno.
En su presentación de 7 de abril en respuesta a la solicitud de suspensión del gobierno de Trump, los abogados de Abrego-García argumentaron que el gobierno admitió que deportó ilegalmente a su cliente y retiene el control sobre su detención a través de su acuerdo con El Salvador.
Dijeron que la orden del tribunal simplemente exige a los funcionarios estadounidenses que corrijan su propio error, no que obliguen a actuar a un país extranjero. También desestimaron las alegaciones de seguridad pública del gobierno, señalando que Abrego-García no tiene antecedentes penales y corre un grave riesgo de sufrir daños si se le deja bajo custodia salvadoreña.
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