El presidente Donald Trump está retirando una orden ejecutiva dirigida al bufete de abogados Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison (Paul Weiss), con sede en Nueva York, después de que este aceptara revisar sus prácticas de contratación y proporcionar decenas de millones de dólares en servicios jurídicos gratuitos para apoyar algunas de las iniciativas de su administración.
La orden del 14 de marzo suspendió las autorizaciones de seguridad de los abogados de Paul Weiss y restringió su acceso a edificios y funcionarios gubernamentales, citando las políticas de diversidad de la firma. También ordenó a las agencias federales que tomaran medidas para cancelar los contratos del gobierno de EE. UU. "para los que se ha contratado a Paul Weiss para prestar cualquier servicio".
Trump confirmó la retirada de la orden en una declaración emitida el 20 de marzo en la plataforma de redes sociales Truth Social.
La decisión se produjo tras la reunión de Trump con el presidente del bufete de abogados, Brad Karp, "durante la cual el Sr. Karp reconoció las malas prácticas del antiguo socio de Paul, Weiss, Mark Pomerantz, los graves peligros de la instrumentalización y la necesidad vital de restaurar nuestro sistema de justicia", según el comunicado.
No se proporcionaron más detalles sobre las presuntas malas prácticas.
Según la declaración, el bufete de abogados acordó dedicar el equivalente a 40 millones de dólares en servicios legales pro bono durante el mandato de Trump "para apoyar las iniciativas de la Administración", incluida la asistencia a los veteranos y al Grupo de Trabajo del presidente para Combatir el Antisemitismo, entre otros proyectos.
También afirmó su compromiso con la contratación, promoción y retención basadas en el mérito, y no adoptará, utilizará ni aplicará ninguna política de diversidad, equidad e inclusión (DEI), según el comunicado.
"Como parte de su compromiso, contratará a expertos, que se acordarán mutuamente en un plazo de 14 días, para llevar a cabo una auditoría exhaustiva de todas sus prácticas laborales", decía la declaración.
Paul Weiss también estuvo de acuerdo en que "el principio fundamental de la justicia estadounidense es que debe ser justa y no partidista para todos", decía la declaración.
Añadió que Paul Weiss afirma su "compromiso inquebrantable con estos ideales y principios fundamentales" y "no negará la representación a los clientes, incluso en asuntos pro bono y en apoyo de organizaciones sin ánimo de lucro, debido a las opiniones políticas personales de los abogados individuales".
En respuesta a la decisión de Trump de retirar la orden ejecutiva, Karp dijo que el bufete estaba "satisfecho" y esperaba "una relación comprometida y constructiva con el presidente y su administración".
La orden de Trump del 14 de marzo también apuntaba a la contratación por parte de Paul Weiss del abogado Mark Pomerantz en 2022, un antiguo socio del bufete que se fue para trabajar en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan.
Durante su paso en la oficina del fiscal del distrito, Pomerantz participó en una investigación sobre los supuestos pagos de Trump a Stephanie Clifford, más conocida como la actriz porno Stormy Daniels.
Pomerantz dijo en un comunicado que "no cometió ninguna irregularidad al trabajar como fiscal para defender el estado de derecho".
La orden de Trump también mencionaba a un socio de Paul Weiss y exfiscal principal de la oficina del fiscal especial Robert Mueller, que presentó una demanda pro bono contra personas que presuntamente participaron en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, en nombre del fiscal general del Distrito de Columbia.
"Mi administración ya ha tomado medidas para hacer frente a algunos de los riesgos significativos y conductas atroces asociadas a los bufetes de abogados, y he determinado que es necesario tomar medidas similares para poner fin al patrocinio gubernamental de actividades perjudiciales por parte de otro bufete de abogados: Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP (Paul Weiss)", escribió Trump.
En las últimas semanas, Trump también firmó un memorándum presidencial dirigido al bufete de abogados Covington & Burling y una orden ejecutiva dirigida a Perkins Coie. En respuesta, Perkins Coie demandó a la administración en una corte federal de Washington la semana pasada.
Un juez federal bloqueó temporalmente la aplicación de partes de la orden a Perkins Coie, al considerar que el bufete de abogados tenía probabilidades de ganar su demanda alegando que las acciones de Trump violaban los derechos del bufete según la Constitución de Estados Unidos.
The Epoch Times se puso en contacto con Paul Weiss, Covington & Burling y Perkins Coie para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación de este artículo.
Con información de Reuters y The Associated Press.
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