La práctica del régimen chino de sustraer órganos humanos por la fuerza para su venta y trasplante fue destacada en una reciente reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que dos practicantes de Falun Gong concienciaron sobre la persecución que el régimen sigue ejerciendo contra su fe.
Durante una reunión del Consejo el 4 de marzo, Ding Lebin, residente en Berlín, dijo que en 2024, la persecución a los practicantes de Falun Gong en China había provocado 164 muertes confirmadas y 764 nuevos casos documentados en los que las personas habían recibido penas de prisión.
Pidió la liberación de su padre, Ding Yuande, que fue condenado a tres años de prisión en diciembre de 2023.
El año pasado, Ding Lebin le dijo a The Epoch Times que temía por la seguridad de su padre y le preocupaba que pudiera ser torturado, sometido a trabajos forzados o incluso asesinado por sus órganos.
«Queremos pedir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que nombre un relator especial sobre la sustracción forzada de órganos en China; que inste enérgicamente al gobierno chino a que ponga en libertad al Sr. Ding, a todos los practicantes de Falun Gong y a todos los demás presos de conciencia; y que investigue la represión transnacional de China contra los practicantes de Falun Gong y todos los defensores de los derechos humanos en el extranjero», dijo Ding.
Hizo estas declaraciones en nombre de la Sociedad para los Pueblos Amenazados, una organización de derechos humanos con sede en Alemania.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU inició su 58.° sesión ordinaria el 24 de febrero y está previsto que finalice el 4 de abril. Cada año, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las organizaciones intergubernamentales y las instituciones nacionales de derechos humanos pueden optar por participar en una sesión junto con los Estados miembros del Consejo.
Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una disciplina de meditación basada en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. En China, el número de sus practicantes alcanzó más de 70 millones a finales de la década de 1990, según estimaciones oficiales.
Al ver la popularidad de la disciplina espiritual como una amenaza, el Partido Comunista Chino (PCCh) lanzó una campaña nacional para erradicar al grupo en julio de 1999. Desde entonces, millones de practicantes de Falun Gong han sido detenidos en prisiones, campos de trabajo y otras instalaciones, y cientos de miles han sido torturados durante su encarcelamiento, según el Centro de Información de Falun Dafa.
Las primeras pruebas de la sustracción forzada de órganos por parte del PCCh surgieron en 2006.
En 2019, tras una investigación, una corte popular independiente con sede en Londres, conocido como el Tribunal de China, concluyó que el régimen chino ha estado extrayendo órganos por la fuerza a presos de conciencia durante muchos años, «más allá de toda duda razonable», siendo las principales víctimas los practicantes de Falun Gong.
El tribunal determinó que las pruebas médicas de los detenidos de Falun Gong y uigures, pero no de otros presos, «sugieren en gran medida los métodos utilizados para evaluar la función de los órganos».
Durante la 55.° sesión ordinaria del organismo de la ONU, en 2024, la Sociedad para los Pueblos Amenazados instó a los diplomáticos destinados en las embajadas de los Estados miembros de la ONU en China a visitar a los presos de conciencia del régimen, según su declaración escrita.
En una reunión separada del consejo el 5 de marzo, Wong Kayan, portavoz de la comunidad Falun Gong en los Países Bajos, dijo en un discurso que la industria de trasplantes de China se ha beneficiado de la práctica bárbara del régimen.
«El Partido Comunista Chino oculta y niega sistemáticamente estos crímenes, manipulando los datos de trasplantes y engañando a las instituciones internacionales», dijo Wong. «Esta práctica viola los derechos humanos fundamentales, la ética médica y el derecho internacional, según la Convención sobre el Genocidio».
Wong hizo estas declaraciones en nombre de Stichting Global Human Rights Defence, una ONG con sede en La Haya.
Instó a los gobiernos de todo el mundo a que apoyaran a la comunidad de Falun Gong firmando la Declaración Universal sobre la Lucha y la Prevención de la Sustracción Forzada de Órganos, una iniciativa lanzada por cinco ONG, entre ellas Médicos contra la Extracción Forzada de Órganos, con sede en Estados Unidos.
En Estados Unidos, a principios de este mes se volvió a presentar un proyecto de ley bicameral contra la sustracción forzada de órganos por parte del PCCh. La legislación, conocida oficialmente como Ley de Protección de Falun Gong, exigiría sanciones a los responsables o cómplices de los abusos.
En virtud de la ley, el secretario de Estado estaría obligado a elaborar un informe sobre las políticas de trasplante de órganos de China para los comités pertinentes del Congreso.
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