Un juez federal bloqueó los esfuerzos del presidente Donald Trump para deportar rápidamente a miembros de la banda venezolana Tren de Aragua mediante el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
El sábado, Trump emitió una proclamación presidencial invocando la Ley de Enemigos Extranjeros específicamente para acelerar las deportaciones de todos los ciudadanos venezolanos que tengan 14 años o más, que sean miembros del Tren de Aragua y que no sean ciudadanos o residentes permanentes legales de Estados Unidos.
Horas antes de que Trump emitiera su proclamación, los abogados de cinco detenidos venezolanos que estaban siendo procesados para su deportación desde Estados Unidos presentaron una demanda para detener la práctica de deportación del presidente. En respuesta, el juez federal de distrito James Boasberg, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, emitió una orden que prohíbe la deportación de los cinco demandantes identificados en la demanda durante al menos las próximas dos semanas, mientras continúa el proceso legal.
El sábado por la noche, Boasberg regresó con una segunda orden, otorgando una certificación de demanda colectiva a todos los no ciudadanos que de otra manera estarían sujetos a la proclamación presidencial de Trump.
La demanda, presentada con el apoyo de la ACLU y Democracy Forward, cuestiona la legalidad de la invocación por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros. En particular, la demanda señala que la ley de 1798 solo se ha invocado en tres ocasiones anteriores: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
Los demandantes afirmaron que la Ley de Enemigos Extranjeros "claramente sólo se aplica a acciones bélicas".
"No se puede utilizar aquí contra nacionales de un país —Venezuela— con el que Estados Unidos no está en guerra, que no está invadiendo Estados Unidos y que no ha lanzado una incursión depredadora en Estados Unidos", se lee en la denuncia.
La proclamación de Trump dice que el gobierno venezolano ha cedido gradualmente cada vez más autoridad al grupo terrorista Tren de Aragua y a otras organizaciones criminales transnacionales similares, resultando en lo que la proclamación llama un "estado criminal híbrido".
"La evidencia demuestra irrefutablemente que TdA ha invadido Estados Unidos y continúa invadiendo, intentando invadir y amenazando con invadir el país; perpetrado una guerra irregular dentro del país; y utilizado el narcotráfico como arma contra nuestros ciudadanos", afirma la proclamación de Trump.
Como parte de este esfuerzo para acelerar las deportaciones de sospechosos del Tren de Aragua, la administración Trump también había llegado a un acuerdo para pagar al gobierno de El Salvador unos 6 millones de dólares para encarcelar a 300 sospechosos del Tren de Aragua y dos personas más sospechosas de tener vínculos con la banda transnacional salvadoreña MS-13.
"No creo que pueda esperar más y estoy obligado a actuar", dijo Boasberg mientras presidía la audiencia del sábado por la noche.
"Un breve retraso en su expulsión no le causa ningún daño al gobierno", añadió.
Boasberg también ordenó a todos los aviones de deportación que ya estaban en el aire que dieran la vuelta.
La administración Trump tiene hasta el 17 de marzo para presentar una moción para anular la orden de restricción temporal impuesta a su iniciativa de deportación. Los demandantes tendrán entonces hasta el 19 de marzo para presentar una respuesta.
Después de que Boasberg inicialmente bloqueara las acciones de deportación contra los primeros cinco demandantes, el Departamento de Justicia argumentó que permitir que tal decisión se mantuviera sugeriría que cualquier corte de distrito "tendría licencia para prohibir prácticamente cualquier acción urgente de seguridad nacional con solo recibir una denuncia".
El fiscal general adjunto adjunto, Drew Ensign, argumentó que el presidente tiene amplias facultades para identificar y actuar ante amenazas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. Ensign mencionó una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1948 en la que se determinó que la ley de 1798 permitía la detención de un ciudadano alemán incluso después del fin de las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial.
The Associated Press contribuyó a este artículo.
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