El 14 de marzo, Estados Unidos anunció restricciones de visado a funcionarios tailandeses en respuesta a la deportación de 40 uigures a China, donde el grupo étnico se ha enfrentado a una represión continua.
La sanción se produjo varias semanas después de que Tailandia devolviera a los 40 uigures, quienes estuvieron retenidos bajo su custodia durante más de una década, y se aplica a los funcionarios tailandeses responsables de la decisión de deportación, así como a otros funcionarios extranjeros actuales y anteriores que participaron en la deportación de uigures y otros grupos étnicos o religiosos con «problemas de protección» a China.
«Estamos comprometidos a combatir los esfuerzos de China que buscan presionar a los gobiernos para que devuelvan por la fuerza a los uigures y a personas de otros grupos a China, donde son sometidos a tortura y desapariciones forzadas», dijo el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado.
Tailandia defendió anteriormente sus decisiones, diciendo que los uigures fueron devueltos de acuerdo con la legislación tailandesa e internacional. Sin embargo, el viceministro de Asuntos Exteriores, Russ Jalichandra, reconoció a principios de este mes que la devolución de los uigures se debió a la preocupación por posibles represalias del régimen chino.
«Tailandia podría enfrentarse a represalias de China que afectarían a los medios de vida de muchos tailandeses», dijo Jalichandra en un comunicado el 6 de marzo.
Aunque algunos países se habían ofrecido a reasentar a los uigures, el gobierno tailandés consideró dicha alternativa como «poco realista», dijo, y añadió que deportarlos a China era la «mejor opción».
Funcionarios del Departamento de Estado se reunieron con varios grupos uigures el viernes antes de anunciar las sanciones.
Rushan Abbas, directora ejecutiva de Campaign for Uyghurs, dijo que habían hablado de las sanciones durante su reunión.
Dijo que había hablado directamente con los hombres uigures detenidos en Bangkok cuando los visitó a finales de enero y que los hombres fueron «inequívocos en su negativa a regresar a China».
«El anuncio de hoy es un hito crítico y un primer paso para hacer responsables a los encargados de estas atroces deportaciones forzadas», dijo Abbas a The Epoch Times.
Dijo que la restricción de visados «envía un mensaje rotundo: Los países que violan los derechos humanos y desacatan el derecho internacional sufrirán las consecuencias». Instó a la comunidad internacional a seguir el ejemplo de Estados Unidos.
Julie Millsap, directora de relaciones gubernamentales del grupo de defensa No Business With Genocide, dijo que le alegraba ver la acción, pero espera que Estados Unidos pueda hacer más para evitar la deportación de los que quedan y «proteger a los uigures vulnerables en todo el mundo».
«Estados Unidos debería actuar en coordinación con otros países para imponer duras sanciones a los funcionarios chinos y tailandeses que fueron cómplices de estas deportaciones», declaró a The Epoch Times.
Estados Unidos calificó como genocidio la detención de más de un millón de uigures y otras minorías musulmanas en Xinjiang, y tanto la primera administración Trump como la administración Biden han impuesto sanciones a los funcionarios chinos por la represión en Xinjiang.
El 14 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución 482-57 que condena la decisión del gobierno tailandés de deportar a refugiados uigures a China. Pide a las autoridades tailandesas que «detengan inmediatamente cualquier devolución forzosa de refugiados, solicitantes de asilo y disidentes políticos a países donde sus vidas corran peligro», e insta a Estados miembros de la Unión Europea a que pongan fin a los tratados de extradición con China.
La eurodiputada eslovaca Miriam Lexmann aplaudió la última sanción de Washington, calificándola como una «medida importante» para «luchar contra la represión transnacional del PCCh».
«La UE debería seguir su ejemplo si se toma en serio una política exterior basada en valores», escribió en la red social X.
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