El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, dijo el martes que cobraría «hasta el último centavo» de los 24,500 millones de dólares concedidos en una demanda contra China, incluso mediante la incautación de activos de propiedad china en Estados Unidos.
Sus comentarios se producen tras un fallo del 7 de marzo del juez de distrito estadounidense Stephen Limbaugh, que declaró a los líderes comunistas de China como responsables de los daños derivados de la supresión de información sobre el virus COVID-19 y del acaparamiento de equipos de protección personal (EPP) fabricados o disponibles para su venta en Estados Unidos.
Limbaugh dictó la sentencia por incomparecencia, ya que los funcionarios del régimen comunista chino no comparecieron para defender su versión del caso, un resultado habitual en los casos que afectan a entidades extranjeras.
Bailey dijo que el fallo fue «una victoria histórica» en el esfuerzo para responsabilizar al Partido Comunista Chino (PCCh) y a varias de sus agencias e instituciones gubernamentales por exacerbar la pandemia con sus acciones.
«China se negó a comparecer ante el tribunal, pero eso no significa que se salga con la suya causando un sufrimiento incalculable y una devastación económica», dijo el fiscal general del estado en un comunicado.
Bailey prometió hacer cumplir la sentencia de 24,500 millones de dólares y que, si fuera necesario, Missouri trabajaría con la administración Trump para identificar y confiscar los activos de propiedad china.
«Pretendemos recaudar hasta el último centavo incautando activos de propiedad china, incluidas las tierras agrícolas de Missouri», declaró.
Bailey dijo en otra declaración a los medios de comunicación que los activos sujetos a incautación podrían estar ubicados en cualquier lugar de Estados Unidos, no solo en Missouri.
La demanda, presentada por el estado de Misuri en 2020, acusaba al PCCh de nacionalizar fábricas estadounidenses en China que producían EPI y limitar sus exportaciones, lo que contribuyó a la escasez de suministro en Estados Unidos.
En su fallo, Limbaugh declaró que «la campaña de China para acaparar el suministro mundial de EPI se llevó a cabo junto con sus repetidas tergiversaciones sobre la existencia, y luego el alcance y la transmisibilidad de persona a persona, del virus COVID-19».
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró que las cortes estadounidenses no tienen jurisdicción sobre sus acciones durante la pandemia y que «China tiene derecho a tomar contramedidas recíprocas de conformidad con el derecho internacional para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos». El ministerio no especificó qué contramedidas tiene previsto adoptar.
Duncan Levin, exfiscal federal y estatal de la ciudad de Nueva York, dijo que se muestra escéptico ante la posibilidad de que Bailey tenga autoridad legal para embargar activos fuera de Missouri o de que el PCCh u otros acusados nombrados en el caso posean activos en el estado que puedan ser embargados.
«Buena suerte con eso», dijo Levin. «Son muchas palabras duras que es muy probable que se desmoronen en los detalles una vez que lleguen a una corte».
Paul Nolette, politólogo de la Universidad de Marquette, dijo que sería difícil para Missouri hacer cumplir de forma independiente la sentencia contra China porque «eso puede complicar mucho las relaciones entre los países».
Nolette dijo que el gobierno federal podría tener que tomar medidas en nombre de un estado en tales casos.
En el caso, Missouri aportó pruebas de que el PCCh empezó a poner en cuarentena a médicos y sus familias en Wuhan a finales de 2019, a pesar de que el régimen dijo que no había pruebas de transmisibilidad entre humanos hasta finales de enero de 2020.
Con este conocimiento del virus, según el fallo, el PCCh comenzó a acumular suministros globales de equipos de protección personal (EPP) y otros equipos médicos, agotando los suministros en Australia, Canadá y Estados Unidos antes de que esas naciones comprendieran la gravedad del brote en China.
Tras examinar las pruebas, Missouri determinó que el estado había perdido más de 8000 millones de dólares solo en relación con el EPI, debido tanto a los precios inflados como a las pérdidas de ingresos fiscales.
Andrew Thornebrooke contribuyó a este artículo
Con información de The Associated Press
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