Opinión
Por primera vez, desde hace años, el gobierno mexicano realiza una acción contra el crimen organizado desde el enfoque práctico de la seguridad nacional.
Se trató del envío a Estados Unidos de 29 narcotraficantes de alto perfil. Es tal el daño que esta clase de criminales le han hecho y hacen a México, que ha sido prácticamente unánime el apoyo a esta acción gubernamental.
No importa que tan solo se esté cediendo a una presión estadounidense, sino se percibe como una acción contundente porque las condiciones carcelarias en Estados Unidos son más rigurosas para esta clase de criminales.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, declaró que la presidente Claudia Sheimbaum ignoraba sobre la realización de este procedimiento. Se entiende que el funcionario quiso así encubrir el papel de la mandataria en esto, por los posibles reparos jurídicos alrededor de la acción realizada.
Sin embargo, era más fuerte el argumento real: se trató de una decisión fundamentada en proteger la seguridad nacional del país. La exigencia de Estados Unidos podía vulnerar la misma, en el sentido de que una negativa —aunque se basara en argumentos jurídicos— podría considerarse una acción contra la seguridad nacional de Estados Unidos.
Quizás sea paradójico, pero al coincidir en que, para México, una moderación jurídica en este tema también podría vulnerar nuestra seguridad nacional, nos hizo tener este acuerdo fáctico con nuestro principal socio comercial.
Hasta que el presidente Felipe Calderón modificó la estrategia de contención en materia de narcotráfico y el enfoque preventivo de seguridad nacional, por una estrategia de choque basada en lo que había aplicado en Colombia la DEA —apoyar al Cártel menos violento contra el más violento, ergo el de Cali contra el de Medellín—, creando la guerra del narco que en aquel tiempo señalamos iba a convertirse en "la guerra permanente", no se había realizado nada que significara visualizar el tema como una parte esencial de la seguridad nacional de México.
La guerra permanente de Calderón culminó incentivada paradójicamente por su enemigo político, Andrés Manuel López Obrador, quien la alimentara con la pasividad y complicidad fáctica de su gobierno, en esa definición de Tomás Hobbes, cuando el estado de Guerra Permanente se convierte cada vez más en gran parte del país, en ese Estado natural el cual "es un Estado de desconfianza de todos contra todos. La vida es solitaria, pobre, embrutecida y corta. Donde no hay poder común, no hay ley, y donde no hay ley no hay justicia".
El periodo del presidente Peña aplicó la estrategia de "cortar cabezas" de los grupos criminales. Se fijó 100 objetivos y cumplió más de 90 a los que encarceló. Autorizó también las autodefensas en Michoacán y Guerrero. El resultado fue el incentivo de la violencia al crear enfrentamientos al interior de los grupos y al convertirse muchas de las "autodefensas" en organizaciones criminales disfrazadas.
Si esa estrategia peñista de atrapar blancos principales de las organizaciones del crimen se hubiera acompañado del ataque a sus estructuras y del restablecimiento del tejido social con políticas de prevención social se habría avanzado en la ruta correcta.
Pero la peor circunstancia es la creada en el gobierno obradorista. Se entregó el 35 por ciento del territorio mexicano al control directo del crimen organizado, se auspició la complicidad de altos mandos gubernamentales con las organizaciones criminales, lo cual continúa al grado de que Morena, el partido en el gobierno, se le considera ya el brazo político de los Cárteles, lo que se expresa con algunos funcionarios del gobierno federal, varias gubernaturas y municipios, sobre todo en las zonas álgidas donde la falta de neutralidad es un incentivo a la violencia de los grupos criminales que se disputan esa porción del poder político.
Con el gobierno obradorista dejó de haber una política de Estado, por lo cual se fomentó la expansión de la violencia criminal y que las Fuerzas Armadas se dedicaran a tareas distintas a sus funciones, lo cual motivó que en la sociedad la estabilidad y el orden se descompusieran más de lo heredado.
Cada vez que la presidente Claudia Sheimbaum reafirma sus "lazos indisolubles" con el "presidente" (así le sigue llamando) López Obrador pareciera mantener, como acto de propaganda, una continuidad de la demagogia, la complicidad, la corrupción, la propaganda y el culto a la personalidad como sustentos de un gobierno faccioso.
Pero en los hechos, de pronto se observan acciones inéditas: decenas de detenciones, decomisos, intento de atención a la problemática real —no ese cuento de "atención a las causas"— y entendimiento del problema como un problema de seguridad nacional, es decir como un problema cuya solución posible requiere de políticas de Estado.
Y en este contexto, el envío de 29 narcotraficantes a Estados Unidos sería visto como un acto inscrito en la concepción práctica y autónoma de nuestra seguridad nacional. Además nadie duda de que estos sujetos lo merecen.
Si además esto hubiera sido precedido por la definición, por parte del Estado mexicano, de los Cárteles como "narco terroristas" de acuerdo a nuestra propia ley, estaríamos entrando al camino correcto. Y en lugar de tener presión de los estadounidenses estaríamos hablando de "cooperación", en el resguardo de nuestra propia seguridad nacional.
Lo que además esto puede destapar con la historia vieja de Rafael Caro Quintero, se vuelve un valor agregado importante. Y es que el contexto de la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, es más complejo de lo que se recuerda.
Héctor Berrellez, el agente de la DEA encargado de la Operación Leyenda —orientada a desentrañar la trama del secuestro, tortura y muerte del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena—, demostró que detrás de ese crimen y de los decomisos multimillonarios en un rancho de Chihuahua y otro en Veracruz, estaba también la existencia de una complicidad de altos funcionarios mexicanos y de agentes de la CIA.
Ofreció testimonios y presuntas pruebas de la participación de Félix Rodríguez, de origen cubano americano y agente de la CIA, en los salvajes interrogatorios al agente de la DEA. Así como de la participación del secretario de Gobernación de ese entonces, Manuel Bartlett y del director de la Dirección Federal de Seguridad, Javier García Paniagua, en esta trama.
Según esta versión, no solo fue el multimillonario decomiso del rancho del Búfalo o la incautación del rancho de Veracruz, propiedad de los narcotraficantes, los móviles para secuestrar e interrogar a Kiki Camarena y posteriormente ejecutarlo junto con un piloto aviador, sino averiguar qué tanto sabía de una operación encubierta para financiar a los Contras de Nicaragua, en esos tiempos en que todavía estaba vigente la guerra fría. El Congreso estadounidense había negado, sin embargo, fondos para las fuerzas que enfrentaban al gobierno sandinista, filo comunista.
Con Rafael Caro Quintero entregado a la justicia estadounidense, revive después de 40 años el caso de Enrique Kiki Camarena y todos los elementos controversiales del mismo.
Manuel Bartlett fue alto funcionario del gobierno de López Obrador. Todavía ningún reportero lo ha buscado para hablar sobre este tema tan delicado. Javier García Paniagua fue padre de Omar García Harfuch, el secretario de seguridad del gobierno de Claudia Sheimbaum, quien encabeza ahora la lucha contra el crimen organizado en nuestro país.
Héctor Berrellez ha expuesto su amargura porque, a su parecer, no fueron castigados todos los responsables de la muerte de Kiki Camarena. Por lo pronto, en una verdadera acción de seguridad nacional en México, 29 narcotraficantes ya están encerrados en celdas de prisiones de alta seguridad de Estados Unidos.
Y uno de ellos, Rafael Caso Quintero, quizás se vea obligado a hablar todo sobre uno de los casos criminales con las mayores aristas de los últimos cuarenta años. Al llegar a Estados Unidos le pusieron las esposas que pertenecieron a Enrique Kiki Camarena, proporcionadas por su hijo que ahora es juez.
