El 4 de abril, un juez de una corte de distrito otorgó 6.6 millones de dólares en total a cuatro denunciantes en su demanda contra el fiscal general de Texas, Ken Paxton.
Los denunciantes fueron despedidos poco después de denunciar a Paxton ante el FBI. La jueza del condado de Travis, Catherine Mauzy, declaró en su sentencia que los demandantes, "por preponderancia de la evidencia", demostraron responsabilidad, daños y perjuicios, y honorarios de abogados en sus denuncias contra la oficina de Paxton.
"Debido a que la Oficina del Fiscal General violó la Ley de Denunciantes de Irregularidades de Texas al despedir y tomar represalias contra el demandante por reportar de buena fe sobre las violaciones a la ley cometidas por Ken Paxton y la Procuraduría General, la corte dicta sentencia a favor de los demandantes", declaró Mauzy.
La corte determinó que los cuatro asesores de Paxton fueron despedidos en represalia por denunciar que este utilizaba su cargo para aceptar sobornos de Nate Paul, un promotor inmobiliario de Austin. Paul había contratado a una mujer que presuntamente mantenía una relación extramatrimonial con Paxton.
El fiscal general ha negado haber aceptado sobornos o haber hecho mal uso de su cargo para ayudar a Paul.
La sentencia determinó que los empleados presentaron sus informes a las autoridades policiales de "buena fe" y que la oficina de Paxton no había cuestionado ninguna de las reclamaciones o daños y perjuicios presentados en su demanda.
"Debería sorprender a todos los tejanos que su principal agente del orden, Ken Paxton, admitiera haber violado la ley, pero eso es exactamente lo que sucedió en este caso", dijeron Tom Nesbitt, abogado de Blake Brickman, y TJ Turner, abogado de David Maxwell, en una declaración conjunta el viernes por la noche.
Paxton, cuya oficina apelará el fallo, lo calificó de "ridículo" y "no basado en los hechos ni en la ley" en una declaración el viernes por la noche.
El fiscal general se convirtió en el centro de una investigación federal después de que ocho empleados denunciaran la oficina de Paxton al FBI en 2020 por soborno. Llegó a un acuerdo para resolver la demanda por 3.3 millones de dólares, que la Legislatura debía pagar. La Cámara de Representantes rechazó su solicitud e inició su propia investigación antes de iniciar un juicio de impeachment contra él en 2023. Posteriormente, el Senado estatal absolvió a Paxton.
En noviembre de 2024, la Corte Suprema de Texas revocó un fallo de una corte inferior que obligaba a Paxton a testificar en la demanda.
La corte dijo que no sería apropiado ordenar a Paxton y a sus asesores —la jefa de gabinete Lesley French Henneke, la asesora principal Michelle Smith y el primer fiscal general adjunto Brent Webster— que testifiquen en la demanda.
"A los efectos de este procedimiento, lo que importa es que el acuerdo [de la oficina de Paxton] con una determinación de responsabilidad hace que sea significativamente menos probable que se necesite el testimonio de estos cuatro testigos para resolver cualquier disputa fáctica restante", afirmó el fallo.
Aldgra Fredly y The Associated Press contribuyeron a este artículo.
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