Una juez federal de Nueva York levantó parcialmente la prohibición que impedía a los miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) acceder a sistemas sensibles del Tesoro de los Estados Unidos, permitiendo a un miembro del personal de DOGE el acceso condicional a los datos de pagos federales.
En un dictamen emitido el 11 de abril, la juez de distrito de EE. UU. Jeannette Vargas dictaminó que Ryan Wunderly, miembro del equipo DOGE, puede acceder a los sistemas de la Oficina de Servicios Fiscales (BFS) del Tesoro, siempre y cuando complete la formación práctica estándar exigida a los empleados del Tesoro y presente un informe de divulgación financiera.
Los sistemas de pago de la BFS manejan la información personal y financiera de millones de estadounidenses, incluyendo los números del Seguro Social y de cuentas bancarias. DOGE, creada por el presidente Donald Trump en su primer día en el cargo, se encarga de identificar las ineficiencias en las operaciones federales como parte del esfuerzo de Trump para reducir el gasto público.
La sentencia se deriva de una demanda judicial presentada el 7 de febrero por 19 estados liderados por demócratas, que alegaban que los nombramientos políticos en DOGE suponen riesgos para la privacidad y la ciberseguridad y no deberían tener acceso a sistemas tan sensibles. Los estados argumentaron que el Tesoro actuó de forma arbitraria al permitir el acceso sin la adecuada investigación, formación o supervisión.
A finales de febrero, Vargas concedió una orden preliminar, impidiendo que el Tesoro diera acceso a los miembros de DOGE a los sistemas de BFS a menos que se establecieran garantías procesales específicas. Entre ellas se incluían la verificación de la formación, la investigación de antecedentes y la aplicación de procedimientos de mitigación de riesgos. En ese momento, la corte consideró que la implantación de DOGE en el Tesoro era "caótica y desordenada".
En su nueva sentencia del 11 de abril, Vargas afirma que la respuesta del gobierno, que comprendía 12 declaraciones juradas de 54 páginas, era suficiente para abordar muchas de las preocupaciones originales de la corte, al menos en el caso de Wunderly.
"Las extensas presentaciones del Gobierno... alivian en gran medida esas preocupaciones", escribió, haciendo referencia a la anterior falta de claridad en torno a las autorizaciones de seguridad, las líneas de información, las autoridades de contratación y los protocolos de formación.
Vargas también rechazó el argumento de los estados de que la formación incompleta de Wunderly debería impedir su acceso, insinuando que eso equivale a una situación paradójica de la que no se puede salir.
"La única razón por la que Wunderly no ha recibido dicha formación práctica es porque la orden judicial preliminar existente le prohíbe acceder a los sistemas de pago de la BFS", escribió.
Como solución, la corte ordenó que Wunderly complete la formación práctica y presente su informe de divulgación financiera OGE 278 antes de que se le otorgue el acceso.
La juez también exige que Ryan Wunderly presente su informe de divulgación financiera de la Oficina de Ética Gubernamental OGE 278 antes de que se le conceda el acceso. Esto responde a las inquietudes de los estados de que Ryan Wunderly debe aprobar primero una verificación de conflicto ético antes de acceder a los sistemas de pago. Los funcionarios del Tesoro confirman que Wunderly completa toda la capacitación estándar y las verificaciones de antecedentes que exigen a los empleados de la Tesorería con niveles de acceso a datos similares, señala la juez.
Un portavoz del Tesoro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el fallo.
En un caso aparte, una juez federal de Washington D. C. también se pronuncia sobre el acceso de DOGE a los sistemas del Tesoro. En ese caso, la juez Colleen Kollar-Kotelly impuso inicialmente límites y luego los levantó, dictaminando que los demandantes no demostraron daño irreparable probable.
Añadió que no hay indicio de que los empleados del DOGE planeen usar mal o divulgar de forma inadecuada información sensible.
Los críticos de DOGE expresan alarma por el rol de la unidad y su rápida expansión en las operaciones federales esenciales. Los funcionarios de DOGE aseguran que han ahorrado al gobierno 150,000 millones de dólares gracias a sus auditorías de agencias gubernamentales que facilitaron la cancelación de subvenciones, la venta de activos, la reducción de plantilla y la rescisión de contratos.
Los desafíos legales a la autoridad y las operaciones de DOGE continúan en varias jurisdicciones.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
