Un juez federal suspendió temporalmente los despidos de 11 oficiales de la CIA que fueron puestos en licencia administrativa remunerada debido a su participación en los programas de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad (DEIA) de la agencia.
El juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Anthony Trenga, emitió una suspensión administrativa de cinco días el 18 de febrero, impidiendo que la CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) despidan o coloquen a los demandantes en licencia sin goce de sueldo mientras la corte considera su solicitud de una orden de restricción temporal (TRO).
"Los demandados se abstendrán de despedir a los demandantes John Does 1-6 y Jane Does 1-5 o de colocar a estos demandantes en licencia sin goce de sueldo, de modo que estos demandantes continuarán en licencia administrativa con su salario y beneficios completos", escribió Trenga en su orden.
El juez programó una audiencia para el 24 de febrero para determinar si concederá una orden judicial temporal que impida el despido de los agentes.
Los demandantes, todos ellos oficiales de inteligencia de carrera, argumentaron en presentaciones judiciales que sus asignaciones temporales en la DEIA, que fueron dirigidas por supervisores de alto rango de la ODNI y la CIA, se utilizaron como justificación para despidos por motivos políticos.
Señalan la orden ejecutiva del 20 de enero del presidente Donald Trump, titulada "Poner fin a los programas gubernamentales DEI radicales y despilfarradores y a las preferencias", que declaró que los programas DEIA existentes eran "ilegales e inmorales", pero no ordenaba explícitamente el despido de los empleados asignados a ellos.
A pesar de la ausencia de una orden directa de despido, los demandantes fueron puestos en licencia administrativa el 22 de enero, supuestamente debido únicamente a sus asignaciones temporales en la DEIA y no por un desempeño deficiente u otros factores sustanciales. Posteriormente se les ordenó presentarse en las instalaciones de la CIA y la ODNI con sus credenciales de acceso a la comunidad de inteligencia (IC)—una medida que, según afirman, indicaba un despido inminente.
"En mi experiencia, cuando a un oficial de la CIA se le ordena que se presente en el centro de visitantes de una instalación de la Agencia con su placa a la IC, esto presagia una acción laboral negativa contra el agente, que incluye, entre otras cosas, el despido o la concesión de licencia involuntaria sin goce de sueldo”, afirmó John Doe 1 en su declaración.
John Doe 1, un oficial de la CIA con 15 años de servicio, había sido asignado temporalmente a un puesto en la DEIA centrado en la contratación, retención y ascenso de empleados de clase protegidos por el gobierno federal. En los documentos presentados ante la corte, defendió el valor de la DEI para la seguridad nacional, argumentando que una fuerza laboral diversa mejora las operaciones de recopilación de información al permitir que los oficiales se integren en poblaciones extranjeras, realicen operaciones culturalmente sensibles y se comuniquen con fuentes en sociedades restrictivas.
Los demandantes sostienen que su despido previsto viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), la Primera Enmienda y la Quinta Enmienda. Argumentan que su despido sería arbitrario y caprichoso, carece de toda justificación fáctica y les niega el debido proceso.
"Estas personas están siendo despedidas simplemente porque se supone que son izquierdistas", dijo el abogado de los demandantes, Kevin Carroll, un ex agente encubierto de la CIA, a Reuters.
Carroll reveló que los demandantes forman parte de un grupo más grande de 51 agentes de la CIA que fueron puestos en licencia administrativa remunerada el 22 de enero tras la orden ejecutiva. Según él, los agentes fueron convocados a un centro de visitantes fuera de la sede de la CIA, donde les confiscaron sus placas de identificación.
Luego se les dieron tres opciones con un plazo que vencía a las 17:00 horas: Jubilarse antes del 1 de octubre, dimitir inmediatamente o ser cesados el 20 de mayo, según Carroll, quien dijo que los agentes que se negaran a elegir una de estas opciones serían despedidos automáticamente.
La CIA no ha realizado comentarios sobre el caso y la justificación de la agencia para los despidos previstos sigue sin estar clara. El gobierno todavía no ha presentado una oposición formal a la solicitud de orden de restricción temporal de los demandantes, pero los abogados dijeron durante la audiencia judicial del 18 de febrero que tenían la intención de hacerlo.
The Epoch Times se puso en contacto con la CIA para solicitarle comentarios.
La orden ejecutiva de Trump, que desempeña un papel central en este caso, insta a todas las agencias a "eliminar, en la medida máxima permitida por la ley, todas las oficinas y puestos de DEI, DEIA y 'justicia ambiental'". Esto coincide con la promesa de campaña de Trump de eliminar factores como la raza y el sexo en las decisiones de recursos humanos a favor de procesos de selección basados en el mérito.
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