El Comité Nacional Demócrata (DNC) y dos importantes legisladores estadounidenses demandaron el 31 de marzo al presidente Donald Trump por una reciente orden ejecutiva que pretende hacer cumplir la ley contra el voto de inmigrantes ilegales y las fechas de las elecciones.
"La orden ejecutiva busca imponer cambios radicales en la forma en que los estadounidenses se registran para votar, emiten su voto y participan en nuestra democracia, todo lo cual amenaza con privar de sus derechos a los votantes legales y nada de ello es legal", dice la demanda, presentada por el abogado del Partido Demócrata Marc Elias en una corte federal de Washington.
La orden de Trump del 25 de marzo tiene varias secciones. Varias tratan de leyes que prohíben a los extranjeros registrarse para votar o votar en las elecciones federales. Trump ordenó a la Comisión Independiente de Asistencia Electoral que exigiera una prueba de ciudadanía estadounidense en su formulario de registro de votantes por correo, ordenó a los funcionarios estadounidenses que trabajaran con el Departamento de Eficiencia Gubernamental para revisar las listas de votantes e identificar a los no ciudadanos que ya están registrados, y dijo al fiscal general de EE. UU. que procesara a las personas que se hayan registrado o votado ilegalmente.
Otra parte apunta a cómo algunos estados han comenzado en los últimos años a contar las boletas enviadas por correo que llegan después del día de las elecciones, lo que según la orden contraviene la ley federal.
Una tercera parte dice que la Comisión de Asistencia Electoral dejará de proporcionar fondos federales a los estados que no cumplan con las leyes sobre fechas de elecciones y votación de no ciudadanos y registro de votantes.
La cláusula electoral de la Constitución de Estados Unidos dice que los estados pueden fijar las fechas de las elecciones, aunque el Congreso puede modificarlas.
"Aparte de la cláusula electoral, otras disposiciones de la Constitución imponen ciertos requisitos y limitaciones a la regulación de las elecciones, pero ninguna permite al presidente anular la voluntad de los estados o del Congreso en este ámbito", afirma la nueva demanda.
La demanda legal también afirma que la Comisión de Asistencia Electoral es una agencia independiente sobre la que el presidente, que nombra a los comisionados, no tiene control, y que la ley federal permite a los solicitantes que votan en las elecciones federales dar fe de su ciudadanía con una firma en lugar de exigir pruebas de documentos como un pasaporte.
Además del DNC, el senador Chuck Schumer (D-N.Y.), el principal demócrata en el Senado de EE. UU. Senado, y el representante Hakeem Jeffries (D-N.Y.), el principal demócrata de la Cámara de Representantes de EE. UU., también figuran en la demanda.
Los demócratas piden a la corte que declare que la orden viola la Constitución y la ley federal y que impida a los funcionarios estadounidenses, como el fiscal general, aplicarla.
"Los demócratas siguen mostrando su desdén por la Constitución y eso se sigue reflejando en sus disparatadas objeciones a las acciones ejecutivas de sentido común del presidente para exigir pruebas de ciudadanía estadounidense en un esfuerzo por proteger la integridad de las elecciones estadounidense", dijo Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca, a The Epoch Times en un correo electrónico. "La administración Trump defiende unas elecciones libres, justas y honestas y hacer esta pregunta básica es esencial para nuestra República Constitucional".
Antes de las elecciones de 2016, Elias ayudó a recopilar un expediente contra Trump. Fue nombrado en una orden diferente por Trump que ordenaba a los funcionarios tomar medidas contra los abogados que violan las leyes y reglamentos.
El lunes temprano, varias organizaciones presentaron una demanda separada en el mismo tribunal por la orden electoral, esbozando argumentos similares.
"La orden ejecutiva del presidente es una acción ilegal que amenaza con desarraigar nuestros sistemas electorales probados y silenciar potencialmente a millones de estadounidenses", dijo en un comunicado Danielle Lang, directora senior de derechos de voto del Campaign Legal Center, que representa a los grupos. "Simplemente no está dentro de la autoridad del presidente establecer reglas electorales por decreto ejecutivo, especialmente cuando restringirían el acceso a la votación de esta manera".
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