WASHINGTON— Un juez federal rechazó el 24 de febrero la solicitud de emergencia de The Associated Press para obligar a la Casa Blanca a restablecer el acceso de la prensa al Despacho Oval y al Air Force One.
Al denegar la solicitud, el juez de distrito Trevor McFadden coincidió con el gobierno en que AP pedía un acceso especial a la Casa Blanca y que no era necesario un bloqueo de emergencia porque el medio informativo no sufría un perjuicio irreparable.
La AP presentó su demanda la semana pasada, nombrando a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al subjefe de Gabinete Taylor Budowich y a la jefa de Gabinete Susan Wiles como demandados y alegando que la administración violó la Primera Enmienda al tomar represalias contra el medio por su decisión de no usar «Golfo de América» en lugar de «Golfo de México» después de la orden ejecutiva de Trump que cambiaba el nombre.
El medio dijo que mencionaría el cambio de nombre pero que seguiría usando "Golfo de México" porque su libro de estilo exige que "debe garantizar que los nombres de lugares y la geografía sean fácilmente reconocibles para todas las audiencias". El libro de estilo de AP es utilizado por la mayoría de las organizaciones de medios de comunicación como punto de referencia inicial.
Según los demandantes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, solicitó una reunión con el corresponsal jefe de AP en la Casa Blanca, Zeke Miller, el 11 de febrero, en la que le informó de que la agencia sería expulsada del grupo de prensa del Despacho Oval hasta que empezara a utilizar el término "Golfo de América" en sus artículos.
AP también alegó que se trataba de una violación de su derecho al debido proceso, recogido en la Quinta Enmienda.
La Casa Blanca instó al juez a rechazar la solicitud de AP de una orden de restricción, argumentando que la agencia de noticias sigue disfrutando de acceso general a la prensa, como cualquier otro medio de comunicación, y ha seguido informando sobre la administración Trump.
AP no tiene ningún derecho especial al "acceso sin restricciones a las reuniones exclusivas del presidente, incluso cuando otras agencias de noticias no tienen ese derecho", dijo el gobierno.
"La mayoría de los periodistas no tienen acceso rutinario a la Oficina Oval, Air Force One o la casa del presidente en Mar-a-Lago".
También dijo que el presidente "no necesita comprometerse con los periodistas ni proporcionarles un acceso especial", citando el caso Sherrill contra Knight, que decía que "no sería razonable sugerir que porque el presidente permite entrevistas con algunos periodistas de buena fe, debe volver a dar esta oportunidad a todos".
El gobierno también citó el caso Baltimore Sun Co. contra Ehrlich, en el que se afirmaba que "a veces se deniega el acceso a los reporteros porque un funcionario considera que no son objetivos", pero consideró que ello no constituía una violación de la Constitución.
McFadden coincidió con el gobierno, citando ambos casos en su fallo.
Brian Hudak, abogado del gobierno, provocó risas en la sala cuando preguntó si el expresidente Joe Biden debería haber sido obligado a conceder una entrevista a Alex Jones e Infowars.
McFadden dijo que "no estaba inclinado a actuar precipitadamente" al imponer una orden al poder ejecutivo, especialmente porque esto implicaría forzar al presidente a dar acceso íntimo a una organización de medios que había vetado.
También señaló que AP ha continuado informando sobre la Casa Blanca a través de información fácilmente accesible de otros miembros del grupo de prensa y dijo que, dado que AP esperó más de una semana para presentar la demanda, esto demostraba que el caso no era particularmente urgente.
Sin embargo, aunque no impuso un bloqueo de emergencia, advirtió que AP aún podría tener un caso, ya que estaba claro que el gobierno los había expulsado del grupo de prensa debido a su negativa a utilizar el lenguaje preferido por la administración Trump.
Se fijó una nueva audiencia para el 20 de marzo.
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