La Corte Suprema escuchará dos casos en los próximos meses que cuestionan si el gobierno puede negarse a respaldar a entidades religiosas o negarles exenciones bajo la Primera Enmienda de la Constitución.
En un caso, Oklahoma Statewide Charter School Board vs Drummond, la Corte está revisando si el estado denegó erróneamente la admisión de una escuela católica en su programa de escuelas concertadas. Otro caso, Catholic Charities (Caridades Católicas) Bureau vs Wisconsin Labor and Industry Review Commission, implica la impugnación por parte de una organización benéfica de la decisión del estado de no eximirla de una ley de prestaciones por desempleo.
Ambos casos se refieren a las cláusulas de establecimiento y libre ejercicio de la Primera Enmienda, que juntas dicen: «El Congreso no promulgará ley alguna respecto al establecimiento de una religión, o que prohíba el libre ejercicio de la misma».
El caso de Catholic Charities, que tendrá argumentos orales el 31 de marzo, cuestiona si el estado de Wisconsin violó la Primera Enmienda al negarse a conceder a la organización una exención fiscal para las prestaciones por desempleo.
La disputa se centra en la Constitución, pero también en la Ley Federal del Impuesto al Desempleo, que exime del pago del impuesto a las organizaciones que operan principalmente con fines religiosos. A nivel estatal, Wisconsin promulgó una ley similar con una exención escrita de forma similar.
«Enredo»
El año pasado, la Corte Suprema de Wisconsin falló en contra de Catholic Charities, afirmando que no funcionaba principalmente con fines religiosos y, por lo tanto, no reunía los requisitos para la exención fiscal religiosa habitual según la ley estatal. Añadió que la denegación de la exención fiscal por parte del estado no violaba la Primera Enmienda.Según Catholic Charities, la decisión de la Corte Suprema del estado violaba los derechos del grupo recogidos en la Primera Enmienda al involucrar a las cortes en cuestiones religiosas, discriminar entre grupos religiosos e inmiscuirse en la autonomía de la Iglesia. Afirmaron que el estado estaba «cuestionando las respuestas de una iglesia a cuestiones religiosas, incluida la definición de actividad religiosa». Sus actividades benéficas son una extensión de sus creencias católicas, dijo el grupo.
La administración del presidente Donald Trump respaldó a Catholic Charities en febrero, afirmando que la decisión de la corte suprema estatal entraba en conflicto con la Primera Enmienda. Asimismo, dijo que la decisión «invita erróneamente a los funcionarios del gobierno a cuestionar si una expresión particular de fe es suficientemente 'religiosa'».
En noviembre de 2024, el Departamento de Justicia de Wisconsin solicitó a la Corte Suprema que no se ocupara del caso y argumentó que la Corte Suprema de Wisconsin no discriminaba ni se inmiscuía en la autonomía de la Iglesia. También dijo que la corte suprema estatal no se extralimitó en su autoridad al indagar sobre las creencias de Catholic Charities.
La Primera Enmienda, dijo el estado, no prohíbe todos los enredos entre la iglesia y el estado, pero establece que esos enredos no deben ser «excesivos», específicamente con respecto a la vigilancia continua a las organizaciones religiosas.
«La exención de Wisconsin cumple con estos principios», declaró el estado en un informe de febrero. «Requiere un examen único, no una vigilancia continua, de las actividades [de Catholic Charities] para acomodar la adaptación a su propósito de esclarecer la situación: Mantener al estado al margen de las decisiones laborales que se basan en una conducta distintivamente religiosa».
Escuelas concertadas religiosas
El otro caso, Oklahoma Statewide Charter School Board vs Drummond, tiene fijada la audiencia oral para el 30 de abril y podría ayudar a marcar el rumbo del futuro de las escuelas concertadas en el país.La escuela virtual St. Isidore of Seville, una escuela católica online, solicitó ser la primera escuela religiosa autónoma del país y fue aprobada por la Junta de Escuelas Autónomas. Sin embargo, el fiscal general del estado, Gentner Drummond, presentó una impugnación legal que llevó a un fallo de la Corte Suprema de Oklahoma contra la escuela y ordenó a la junta rescindir su contrato con St. Isidore.
En una decisión de junio de 2024, la corte suprema del estado sostuvo que el contrato violaba una sección de la constitución estatal que dice: «Ningún dinero o propiedad pública será apropiado, aplicado, donado o utilizado, directa o indirectamente, para el uso, beneficio o apoyo de cualquier secta, iglesia, denominación o sistema de religión, o para el uso, beneficio o apoyo de cualquier sacerdote, predicador, ministro u otro maestro o dignatario religioso, o institución sectaria como tal».
El fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, durante una entrevista en Oklahoma City, el 1 de febrero de 2023. (Sue Ogrocki/AP Photo)Al describir a St. Isidore como un «instrumento de la Iglesia católica», la corte dijo que «el gasto de fondos estatales para las operaciones de St. Isidore constituye el uso de fondos estatales en beneficio y apoyo de la Iglesia católica».
St. Isidore y la Junta de Escuelas Autónomas están pidiendo la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos. Mientras tanto, Drummond declaró ante la Corte Suprema que la decisión de la corte inferior determinó correctamente que las escuelas concertadas son escuelas públicas y deben proporcionar una educación estrictamente laica.
El abogado de Alliance Defending Freedom, Jim Campbell, que representa a las organizaciones, declaró a The Epoch Times: «Esperamos que digan que las organizaciones religiosas no pueden ser tratadas peor que otros grupos solo por ser religiosas».
Posibles sentencias de la Corte Suprema
En ambos casos, la Corte Suprema está considerando cómo las actividades de las organizaciones religiosas afectan a su relación con los estados. Las decisiones finales se producen en medio de otros casos religiosos que tanto Campbell como el abogado del Fondo Becket, Colten Stanberry, cuya organización representa a Catholic Charities, dicen que apoyan sus causas.Stanberry dijo que las decisiones recientes habían «reafirmado en cierto modo [...] que cuando el gobierno ofrece un beneficio general, disponible para todos, no se puede discriminar a los creyentes que solicitan ese beneficio por su condición religiosa». Añadió que la corte parecía pensar que «la religión no tiene por qué estar en un segundo plano» en una sociedad plural y que las personas religiosas deberían tener derecho a los mismos beneficios que los demás.
Tanto él como Campbell señalaron la decisión de 2017 en el caso Trinity Lutheran vs Comer, que sostenía que el estado de Misuri violaba la cláusula de libre ejercicio de la Primera Enmienda al negar a una escuela «un beneficio público que de otro modo estaría disponible debido a su condición religiosa».
En otros dos casos, en 2020 y 2022, la corte sostuvo de manera similar que las políticas estatales violaban la Primera Enmienda al discriminar a las entidades religiosas. Más recientemente, la decisión de la corte en 2022 en el caso Carson vs Makin sostuvo que el programa de asistencia para la matrícula «generalmente disponible» de Maine para escuelas secundarias violaba la Primera Enmienda al incluir el requisito de que los beneficiarios fueran «no religiosos».
Tanto Carolina del Sur como Wisconsin han cuestionado la idea de que sus acciones fueran similares a las anuladas en ese caso. Ese caso y el de 2020 —Espinoza vs el Departamento de Hacienda de Montana— «se referían a la subvención estatal de la matrícula en escuelas religiosas privadas existentes, no al establecimiento estatal de nuevas escuelas religiosas públicas», dijo Carolina del Sur, y añadió que St. Isidore debería considerarse una escuela pública.
Wisconsin también le dijo a la Corte Suprema que su programa de desempleo no favorecía a las entidades seculares como lo hizo el programa de Maine en el caso Carson vs Makin.
«Esto presenta el escenario opuesto al tratamiento que favorecía a los seculares en el caso Carson», argumentó el estado.
«Wisconsin ofrece a las organizaciones que operan con fines religiosos una exención que las organizaciones seculares comparables no pueden obtener».
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