Un juez federal bloqueó este jueves, de manera temporal, el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), a datos personales de la Administración del Seguro Social (SSA), asestando otro revés judicial a la administración Trump.
En una orden de restricción temporal de 137 páginas, la jueza de distrito de Estados Unidos Ellen Hollander escribió que DOGE también debe eliminar cualquier dato de identificación personal que pueda tener en su poder.
"El público estadounidense bien puede aplaudir y apoyar la misión de la administración Trump de erradicar el fraude, el despilfarro y la burocracia excesiva de las agencias federales, incluida la SSA, en la medida en que exista. Pero, ¿con qué medios y métodos?", se preguntó la jueza con sede en Maryland en su conclusión. "El equipo del DOGE está esencialmente embarcado en una expedición de pesca en la SSA, en busca de una epidemia de fraude, basada en poco más que sospechas".
El DOGE parece haber iniciado "una búsqueda de la proverbial aguja en el pajar, sin ningún conocimiento concreto de que la aguja esté realmente en el pajar", dijo también, añadiendo que la SSA facilitó al personal del DOGE los registros personales de los estadounidenses.
Ello incluía "acceso ilimitado a los datos personales y privados de millones de estadounidenses, incluidos, entre otros, números de la Seguridad Social, historiales médicos, historiales de salud mental, historiales de hospitalización, números de carné de conducir, información bancaria y de tarjetas de crédito, información fiscal, historial de ingresos, historial laboral, certificados de nacimiento y matrimonio, y direcciones de casa y del trabajo", dijo la juez.
Los demandantes que presentaron su demanda contra la SSA afirmaron que el DOGE tenía un acceso “casi ilimitado” que viola las leyes de privacidad y representa un enorme riesgo para la seguridad de la información. La demanda fue liderada por el sindicato Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales.
En su demanda inicial presentada en febrero ante la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Maryland, el sindicato y otros demandantes argumentaron que la actividad del DOGE en la SSA es "no solo una apropiación de datos sin precedentes", sino también "una toma de poder sin precedentes".
Describiendo los esfuerzos del DOGE como "extralimitación", los demandantes dijeron que el departamento está "amenazando con revisar y exponer los datos personales de millones de estadounidenses, sin ninguna autoridad expresa, y en violación de las muchas protecciones que el Congreso y el Poder Ejecutivo han erigido para proteger contra tal minería de datos y uso indebido".
Los abogados de la administración Trump argumentaron en documentos judiciales presentados a principios de este mes que el sindicato y otros demandantes carecen de legitimación, o el concepto legal que permite a una parte presentar una demanda, porque no han sufrido ningún perjuicio.
Los abogados de la administración Trump dijeron en la corte que DOGE tiene un equipo de 10 personas de empleados federales en la SSA, siete de los cuales han recibido acceso de solo lectura a los sistemas de la agencia o a la información de identificación personal. Esos funcionarios han recibido capacitación sobre privacidad y ocho pasaron verificaciones de antecedentes a principios de este mes, dijeron los abogados.
También dijeron que los demandantes no fueron capaces de proporcionar pruebas de que se enfrentarán a un daño inminente al permitir a DOGE acceder a la base de datos de la SSA.
"Tanto la equidad como el interés público apoyan permitir que el gobierno ejerza su autoridad legal para contratar empleados y dar a esos empleados acceso a los sistemas según sea necesario para sus funciones de trabajo", escribieron en respuesta, agregando que DOGE está apuntando al despilfarro y el fraude en el gobierno federal.
Musk y el DOGE dijeron que el departamento ha descubierto que millones de personas supuestamente mayores de 120 años —algunas con más de 220 años y una con 360— figuran como elegibles para recibir prestaciones de la Seguridad Social. El jefe interino de la Seguridad Social, Lee Dudek, emitió un comunicado en febrero en el que reconocía sus hallazgos, pero afirmaba que esas personas no estaban recibiendo necesariamente prestaciones.
En casos separados, varios jueces han planteado preguntas sobre los esfuerzos de reducción de costes de DOGE, pero no siempre han llegado a la conclusión de que los riesgos son lo suficientemente inminentes como para bloquear al departamento el acceso a los sistemas gubernamentales.
Con información The Associated Press.
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