La Universidad de Columbia podrá compartir expedientes relacionados con el activista pro-palestino Mahmoud Khalil y otros estudiantes con miembros del Congreso que investigan el antisemitismo en los campus universitarios, dictaminó el viernes un juez federal en Nueva York.
En su orden, el juez Arun Subramanian del Distrito Sur de Nueva York se negó a impedir que Columbia cumpliera con una solicitud de registros emitida por el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos. Indicó que la universidad deberá notificar a los estudiantes y al tribunal con al menos 30 días de anticipación antes de entregar cualquier expediente estudiantil solicitado por el comité.
Khalil, junto con otros siete estudiantes de Columbia, demandó al gobierno federal en marzo, alegando que intentaba coaccionar a la universidad para que reprimiera sus derechos de la Primera Enmienda. Afirmaron que el gobierno investigó a Columbia y amenazó con cortar USD 400 millones en fondos para presionar a la universidad a tomar medidas contra el activismo pro-palestino.
“La presión coercitiva de las acciones del Comité es muy real”, afirmaba la demanda. “Entidades como la universidad sienten presión para cooperar con el gobierno en sus esfuerzos por desalentar y castigar discursos protegidos”.
Los estudiantes también solicitaron una orden judicial que impidiera a Columbia divulgar registros que incluyan sus nombres e historiales disciplinarios.
El representante Tim Walberg –republicano por Michigan–, quien preside el comité de la Cámara, exigió en febrero que Columbia entregara documentos relacionados con 11 incidentes vinculados a protestas pro-palestinas, incluida la ocupación de un edificio del campus el 30 de abril de 2024 y la interrupción, el 21 de enero, de una conferencia titulada “Historia del Israel Moderno”.
“La continua falta de acción por parte de Columbia para abordar el antisemitismo generalizado que persiste en el campus es insostenible, especialmente considerando que la universidad recibe miles de millones en fondos federales”, escribió el congresista en una carta dirigida a la universidad.
Subramanian determinó que los estudiantes no cumplieron con el umbral legal necesario para obtener la medida cautelar amplia que solicitaban, incluyendo si tienen legitimación para impugnar la carta de Walberg o la respuesta de Columbia a la misma.
El juez también señaló que Columbia había suprimido toda la información personal identificable de los documentos que ya había enviado al comité de la Cámara. La universidad de la Ivy League indicó que no planea, al menos por ahora, divulgar más expedientes, y el comité no está solicitando ningún registro adicional.
La orden del viernes deja abierta la posibilidad de que los estudiantes presenten nuevamente la solicitud si logran abordar los problemas en sus demandas actuales.
“Mientras tanto, para dar a los demandantes la oportunidad de solicitar un recurso oportuno si fuera necesario, se requerirá que Columbia notifique a los demandantes y al Tribunal con treinta días de anticipación antes de divulgar más expedientes estudiantiles”, escribió Subramanian.
Walberg celebró la decisión, calificándola como una “victoria para una supervisión creíble”.
“El trabajo para investigar el antisemitismo en los campus universitarios de nuestra nación y desarrollar soluciones legislativas continuará”, dijo en un comunicado. “Nuestro Comité no se quedará de brazos cruzados mientras una ola de amenazas antisemitas inunda nuestras universidades e interfiere con la educación de los estudiantes”.
Khalil, ciudadano sirio de ascendencia palestina, se graduó recientemente de la maestría en la Universidad de Columbia. Se convirtió en una figura destacada en las protestas universitarias contra la campaña militar de Israel en Gaza, que fue una represalia por el ataque terrorista liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que dejó unas 1,200 personas muertas y más de 200 secuestradas.
Khalil fue arrestado en su residencia universitaria el 9 de marzo, como parte de una operación del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) para implementar órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump dirigidas a responsabilizar a los autores de “acoso y violencia antisemita ilegal”.
“Khalil dirigió actividades alineadas con Hamás, una organización designada como terrorista”, alegó el DHS.
A principios de esta semana, un juez federal en Nueva Jersey dictaminó que el caso que impugna el arresto y la deportación de Khalil se mantendrá en Nueva Jersey, ya que fue allí donde Khalil fue detenido cuando sus abogados presentaron una petición solicitando su liberación, a pesar de que actualmente se encuentra recluido en un centro de detención migratoria en Luisiana.
“La jurisdicción del tribunal no se ve anulada por el hecho de que el peticionario haya sido trasladado a Luisiana”, escribió el juez Michael Farbiarz del Distrito de Nueva Jersey en su fallo.
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