Un juez de distrito de California concedió una reparación parcial a algunos de los empleados en período de prueba recientemente despedidos por el gobierno federal que argumentaron que su despido de varias agencias fue ordenado ilegalmente por la Oficina de Administración de Personal (OPM) bajo la falsa causa de desempeño.
El juez superior de distrito William Alsup concedió una reparación parcial el 27 de febrero a los empleados de organizaciones no sindicales, ordenando su reincorporación inmediata a agencias como el Servicio de Parques Nacionales, todas las agencias del Departamento de Asuntos de Veteranos, la Oficina de Administración de Tierras y la Oficina de Pequeñas Empresas.
También ordenó que se detuviera y anulara la solicitud de la OPM, debido a la posibilidad de que se despidiera a más empleados federales en virtud de la solicitud.
Declaró que todos los empleados representantes sindicales que habían sido despedidos debían pasar por procesos administrativos como la Junta de Protección de Sistemas de Méritos (MSPB) y la Autoridad Nacional de Relaciones Laborales (NLRA).
Ocho abogados estaban presentes en la sala de la Corte de San Francisco en representación de 10 organizaciones sindicales y no sindicales, que a su vez representaban a cientos de empleados en período de prueba que afirmaron que su despido en sus respectivas agencias se debió a una orden directa de Charles Ezell, jefe en funciones de la OPM, y no a una acción legal independiente con causa por parte del jefe de su agencia.
También argumentaron que los despidos causaron un daño inmediato no solo a los demandantes, sino también a otros, diciendo que los despidos resultaron directamente en el cierre de parques nacionales, la eliminación de las protecciones de especies amenazadas y el abandono de centros de asuntos de veteranos sin personal crítico.
Un abogado del gobierno federal argumentó que la correspondencia de la OPM a los jefes de agencia por correo electrónico el 20 de enero, por teléfono el 13 de febrero y de nuevo por correo electrónico el 14 de febrero era una solicitud inaplicable y no una orden directa que conllevaba consecuencias amenazantes.
También cuestionó la jurisdicción de la corte sobre el caso, argumentando que los exempleados tenían que pasar primero por procesos administrativos como la Junta de Protección de Sistemas de Mérito, y que estos procesos les permitirían a las organizaciones sindicales y no sindicales intervenir en nombre de los demandantes individuales.
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