El 4 de marzo, un juez federal de Maryland amplió el bloqueo de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que retiraría la financiación federal a las organizaciones que realizan procedimientos quirúrgicos o químicos a jóvenes menores de 19 años que se identifican como transgénero.
El juez de distrito de EE. UU. Brendan A. Hurson había emitido previamente un bloqueo temporal de la orden ejecutiva de Trump, "Proteger a los niños de la mutilación química y quirúrgica", señalando que imponía "condiciones a la financiación federal que el Congreso no había prescrito", frase que repitió en su fallo del martes.
El grupo activista LGBT Padres y Amigos de Lesbianas y Gays (PFLAG Inc.) presentó la demanda en nombre de siete jóvenes que padecían disforia de género, cuyos tratamientos se detuvieron como consecuencia de la orden ejecutiva.
Demandaron al Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHS), junto con el presidente Donald Trump, la exdirectora en funciones del HHS Dorothy Fink, la subdirectora principal de la Administración de Recursos y Servicios de Salud Diana Espinosa y el director de los Institutos Nacionales de Salud Matthew Memoli.
Los demandantes alegaron que la orden ejecutiva buscaba "aterrorizar a los hospitales con amenazas de que el gobierno cancelaría de forma instantánea e ilegal la financiación federal al margen del proceso administrativo ordinario".
Posteriormente, el gobierno aclaró que la orden ejecutiva no "pretende retener toda la financiación federal si una institución promueve la ideología de género", sino que instruye a las agencias para que encuentren medios de aplicar su política "en la medida en que lo permita la ley aplicable".
Hurson no estuvo de acuerdo con esta valoración.
"El texto de las órdenes ejecutivas condiciona las subvenciones hospitalarias financiadas con fondos federales a la denegación de atención médica de afirmación de género a los jóvenes transgénero", dijo en su orden anterior.
También señaló que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades habían emitido una guía a las organizaciones indicando que los beneficiarios de subvenciones "deben terminar inmediatamente, en la mayor medida posible, todos los programas, personal, actividades o contratos que promuevan o inculquen la ideología de género en todos los niveles y actividades" que estén siendo financiados con dinero de subvenciones federales.
Hurson rechazó además el argumento del gobierno de que la demanda es prematura, ya que el gobierno no ha especificado qué subvenciones bloqueará.
"Los demandados no pueden evitar la revisión judicial a través de un problema de vaguedad creado por ellos mismos", escribió el juez.
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