Numerosos inmigrantes ilegales con vínculos terroristas o criminales que entraron en Estados Unidos bajo la administración anterior recibieron varios beneficios gubernamentales, según el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
"Bajo la administración Biden, era habitual que la Patrulla Fronteriza admitiera a extranjeros en Estados Unidos sin estatus legal y con un control mínimo", dijo el DOGE en un posteo del 11 de abril en la plataforma de redes sociales X.
Según el posteo, que fue también publicado por la Casa Blanca, la Patrulla de Aduanas y Fronteras ha identificado hasta ahora "un subconjunto de 6300 personas que han sido admitidas en Estados Unidos desde 2023 en la lista de vigilancia del Centro de Detección de Terroristas del FBI o con antecedentes penales". Una autorización de inmigración permite a un inmigrante ilegal vivir temporalmente y trabajar potencialmente en el país sin tener que temer ser deportado.
"Estas autorizaciones se anularon con efecto inmediato. A pesar de no tener otro estatus legal, los extranjeros con autorización pueden solicitar un permiso de trabajo y recibir números de la seguridad social", afirmaba el posteo.
Los 6300 inmigrantes ilegales con autorización que tenían antecedentes terroristas o penales tenían un número de la seguridad social, dijo el DOGE. De ellos, 905 personas cobraron Medicaid, por un total de 276,000 dólares en pagos. Cuarenta y uno recibieron seguro de desempleo, cobrando 42,000 dólares en prestaciones.
Además, 22 obtuvieron préstamos federales para estudiantes por valor de 280,000 dólares; 409 recibieron 751,000 dólares en devoluciones de impuestos solo en 2024; y muchos fueron beneficiarios de cupones de alimentos, según el DOGE.
El informe del DOGE surge cuando la administración Trump ha tomado varias medidas contra la inmigración ilegal y atacar a individuos con vínculos terroristas.
El 19 de febrero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que ordena a las agencias identificar programas financiados con fondos federales que ofrezcan asistencia financiera a inmigrantes ilegales. La orden pide a las agencias que se aseguren de que dichos fondos, otorgados a estados y localidades, no se utilicen para "apoyar políticas de santuario o ayudar a la inmigración ilegal".
"Con esta orden ejecutiva, el presidente Trump se asegura de que los recursos de los contribuyentes se utilicen para proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses, no de los extranjeros ilegales", decía una hoja informativa de la Casa Blanca.
Esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que comenzará a revisar la actividad en las redes sociales de los solicitantes de inmigración en busca de contenido antisemita, incluido el apoyo a grupos terroristas como Hamás, Hezbolá y los hutíes.
"En Estados Unidos no hay lugar para los simpatizantes terroristas del resto del mundo, y no tenemos la obligación de admitirlos o permitirles quedarse aquí", dijo en un comunicado de prensa la secretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS, Tricia McLaughlin.
Añadió que la secretaria del DHS, Kristi Noem, dejó claro que "cualquiera que piense que puede venir a Estados Unidos y esconderse detrás de la Primera Enmienda para defender la violencia y el terrorismo antisemitas... no es bienvenido aquí".
La inmigración ilegal en la mira
La cuestión de los inmigrantes ilegales vinculados al terrorismo que entran en Estados Unidos ha sido una preocupación entre los legisladores.En agosto, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes y su Subcomité de Integridad, Seguridad y Cumplimiento de la Ley de Inmigración publicaron un informe de carácter provisional en el que revelaban que, bajo la administración Biden, "al menos 99 terroristas potenciales" fueron liberados en Estados Unidos desde enero de 2021.
Entre los años fiscales 2021 y 2023, la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste se encontró con varios inmigrantes ilegales de 36 naciones que estaban en la lista de vigilancia de terroristas, dijo.
Al menos tres de los extranjeros ilegales liberados en Estados Unidos tenían vínculos potenciales con ISIS, reveló el informe. Habían utilizado la aplicación CBP One para llegar a un punto de entrada y ser procesados en Estados Unidos.
Trump eliminó la aplicación en su primer día en el cargo, el 20 de enero.
Ha habido oposición a la represión de Trump contra la inmigración ilegal. El mes pasado, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, junto con otros grupos de defensa de los inmigrantes, demandó a varias agencias y funcionarios federales por las medidas de identificación más estrictas instituidas por Trump sobre los inmigrantes ilegales.
Una orden ejecutiva del presidente exigía que los inmigrantes ilegales fueran identificados y registrados ante el gobierno federal.
Posteriormente, el DHS dijo que los inmigrantes ilegales que no registren su identidad ante el gobierno federal, no se tomen las huellas dactilares, no informen a las autoridades cuando cambien de dirección o no salgan del país serán objeto de sanciones penales.
En su denuncia, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes argumentó que la norma del DHS estaba cambiando el enfoque del gobierno con respecto al registro de una manera "que causará confusión, miedo y una importante perturbación económica".
"Los demandados intentan apresurar estos cambios radicales sin ninguna explicación significativa del cambio de política y sin la notificación, el comentario público y la consideración cuidadosa que el Congreso requiere para evitar exactamente este tipo de daños".
Esta semana, un juez federal se puso del lado del gobierno, permitiendo a la administración Trump hacer cumplir los requisitos de identificación para los extranjeros ilegales. Los demandantes en el caso no pudieron "demostrar que tienen legitimación para presentar esta demanda", según el fallo.
Durante los primeros 50 días del segundo mandato de Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó 32,809 detenciones, lo que equivale casi al total de detenciones realizadas durante todo el año fiscal 2024, según el DHS.
Entre los detenidos había 14,111 delincuentes condenados, de los cuales 9980 tenían cargos pendientes.
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