La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo el jueves que algunos jueces que se pronunciaron en contra de las órdenes ejecutivas de la administración Trump en los últimos días deben ser destituidos.
«Muchos jueces deben ser destituidos», dijo Bondi durante una entrevista concedida el jueves por la noche en el programa «The Ingraham Angle» de Fox News. «Estos jueces, obviamente, no pueden ser imparciales. No pueden ser objetivos».
Bomdi mencionó a tres jueces federales que han suspendido temporalmente las políticas del presidente Donald Trump, entre ellos los jueces de distrito de Estados Unidos James Boasberg, Beryl Howell y Ana Reyes. Luego dijo que Boasberg, quien ordenó a la administración dejar de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a inmigrantes ilegales acusados de ser miembros de bandas transnacionales, no debería dictaminar sobre ningún caso de la administración Trump.
«Son jueces de distrito que intentan controlar todo nuestro país, todo nuestro país, y están tratando de obstruir la gestión de Donald Trump», dijo Bondi.
Los comentarios se producen después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), dijera a los periodistas el martes que el Congreso podría intervenir en el sistema judicial reestructurando, recortando o eliminando las cortes federales de Estados Unidos.
«Tenemos autoridad sobre las cortes federales. Podemos eliminar una Corte de un distrito entero», dijo Johnson, y añadió que sus comentarios pretenden ilustrar la autoridad del Congreso sobre el sistema judicial como medio de control y equilibrio.
«Tenemos poder de financiación sobre las cortes y todas estas otras cosas. Pero situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas, y el Congreso va a actuar», añadió.
Johnson dijo esto después de que un legislador republicano de alto rango de la Cámara de Representantes presentara esta semana una medida, denominada «No Rogue Rulings» (No a las sentencias deshonestas), que prohibiría a los jueces federales emitir órdenes judiciales a nivel nacional.
«Tenemos un gran fallo en nuestro poder judicial federal, y prácticamente cada semana otro juez deja de lado la tradición de moderación desde el estrado y opta por ser la resistencia a Trump en toga», dijo el lunes a NBC News el representante Darrel Issa (R-Calif.), miembro veterano del Comité Judicial de la Cámara de Representantes que presentó el proyecto de ley.
A principios de este mes, Trump dijo en un posteo en las redes sociales que Boasberg debería ser destituido tras su decisión de impedirle usar la Ley de Enemigos Extranjeros. Trump dijo que Boasberg «no fue elegido presidente» y tomó una decisión que permitiría que «criminales viciosos, violentos y dementes» permanezcan en Estados Unidos.
La petición de Trump de destitirlo aparentemente provocó una inusual declaración del presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Roberts, quien dijo que no cree apropiado destituir a un juez por una decisión.
«Durante más de dos siglos, se ha establecido que la destitución no es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisión judicial», dijo Roberts en una declaración del 18 de marzo. «El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito».
Los demócratas han dicho que consideran las amenazas de destitución y el comentario de Johnson sobre retirar fondos a las cortes como un ataque al poder judicial.
«Es indignante siquiera pensar en retirar fondos a las cortes», dijo esta semana el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.), en respuesta a la declaración del presidente de la Cámara de Representantes. «Las cortes son el baluarte contra Trump, y los republicanos no pueden aceptarlo».
Boasberg ha estado evaluando si la administración Trump desafió su orden después de que los aviones que transportaban inmigrantes ilegales sospechosos de ser miembros de bandas extranjeras aterrizaran en El Salvador y fueran entregados al sistema penitenciario de ese país. La administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para las deportaciones, pero el juez dijo inicialmente que los deportados fueron privados del debido proceso.
Con información de The Associated Press.
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