EE. UU. despoja de beneficios a miles de extranjeros criminales, incluso los de la lista terrorista

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Inmigrantes ilegales capturados por agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. pasan por un centro de procesamiento cerca de San Diego, California, el 31 de mayo de 2023. (John Fredricks/The Epoch Times).

Inmigrantes ilegales capturados por agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. pasan por un centro de procesamiento cerca de San Diego, California, el 31 de mayo de 2023. (John Fredricks/The Epoch Times).

Por Chase Smith14 de abril de 2025, 1:46 p. m.
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La administración Trump canceló la libertad condicional migratoria temporal y revocó los beneficios federales de miles de extranjeros señalados como riesgosos para la seguridad nacional, como parte de un esfuerzo más amplio para revertir los programas de inmigración implementados bajo la administración Biden.

Según funcionarios de la Casa Blanca, más de 6300 personas que obtuvieron la libertad condicional en Estados Unidos durante o después de 2023 fueron identificadas con antecedentes penales o figuraban en la Base de Datos de Detección de Terroristas del FBI. Su libertad condicional fue cancelada a partir del 8 de abril.

Como parte de la medida de cumplimiento, la Administración del Seguro Social reclasificó los números de Seguro Social de esas personas en su Archivo Maestro de Inelegibles, una base de datos restringida que previene el pago indebido de beneficios federales. Anteriormente conocido como el Archivo Maestro de Defunciones, el sistema se utiliza para garantizar que solo las personas legalmente elegibles puedan acceder a programas como el Seguro Social, Medicaid y otras ayudas administradas por el gobierno federal.

La libertad condicional migratoria permite a ciertos extranjeros entrar y permanecer temporalmente en Estados Unidos, durante la cual pueden recibir autorización de trabajo y un número de Seguro Social si se les concede la libertad condicional por más de un año.

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Liz Huston, afirmó que esta medida cumple con la promesa de campaña del presidente Donald Trump de aplicar las leyes de inmigración de forma más estricta.

"El presidente Trump prometió deportaciones masivas, y al eliminar el incentivo monetario para que los inmigrantes indocumentados entren y se queden, los animaremos a autodeportarse", declaró Huston en un comunicado enviado por correo electrónico a The Epoch Times. "Está cumpliendo la promesa que le hizo al pueblo estadounidense".

El cambio de política surge tras una notificación del 25 de marzo en el registro federal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que puso fin formalmente a los programas de libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos CHNV. Estos programas, creados en 2022 y 2023, permitieron a aproximadamente medio millón de ciudadanos de estos países, junto con sus familiares directos, solicitar autorización para ingresar a Estados Unidos y solicitar libertad condicional bajo criterios categóricos.

"El DHS determinó que ahora es apropiado y necesario terminar los programas de libertad condicional CHNV", indica la notificación. "Estos programas no representan un beneficio público significativo, no son necesarios para reducir los niveles de inmigración ilegal, no mitigaron suficientemente los efectos internos de la inmigración ilegal, no cumplen sus propósitos previstos y son incompatibles con los objetivos de política exterior del gobierno".

El DHS también señaló que el período de libertad condicional para las personas que aún se encuentran en Estados Unidos bajo la autoridad de CHNV finalizará el 24 de abril, a menos que el secretario de Seguridad Nacional haga una excepción individual. Quienes no tengan una base legal para permanecer después de esa fecha deben salir voluntariamente o enfrentar la aplicación de la ley.

Los cambios se implementan bajo la Orden Ejecutiva 14165, Asegurando Nuestras Fronteras, firmada por Trump el 20 de enero. La orden determinó que el departamento cancelara los programas de libertad condicional considerados incompatibles con las prioridades migratorias del gobierno.


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