La semana pasada, los fiscales federales de los distritos fronterizos del suroeste continuaron su ofensiva contra la inmigración ilegal bajo la administración Trump.
"Los fiscales federales de Arizona, California central, California meridional, Nuevo México, Texas meridional y Texas occidental acusaron a más de 1020 personas de violaciones penales de las leyes de inmigración de EE. UU.", dijo el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado de prensa del 14 de abril.
El Distrito Sur de Texas presentó 229 casos relacionados con cuestiones de seguridad fronteriza, que incluyen a 80 personas que se enfrentan a "acusaciones de reingreso ilegal en el país, la mayoría de las cuales tienen condenas por delitos graves como narcóticos, armas de fuego o delitos sexuales, o delitos de inmigración anteriores".
En el Distrito de Arizona, 261 inmigrantes ilegales se enfrentaron a cargos penales relacionados con la inmigración, y 103 se enfrentaron a cargos de reingreso ilegal. Se presentaron catorce casos contra 18 personas acusadas de haber introducido ilegalmente inmigrantes ilegales en la región.
En el Distrito Sur de California se presentaron un total de 116 casos relacionados con la frontera contra inmigrantes ilegales, con cargos que incluían "transporte de extranjeros ilegales, introducción de extranjeros con fines de lucro, recepción de sobornos por parte de funcionarios públicos, reingreso en EE. UU. tras la deportación e importación de sustancias controladas".
A finales de febrero, las fuerzas policiales detuvieron a 68 miembros de la famosa banda Tren de Aragua (TdA). Originaria de Venezuela, la banda ha sido designada como organización terrorista por el Departamento de Estado.
A principios de este mes, el ICE anunció la detención de 133 personas en Nueva York durante una operación centrada en "delincuentes extranjeros ilegales y otros infractores de la ley de inmigración". Veinte de los detenidos tenían condenas o cargos penales previos, incluidos tres condenados por homicidio.
Durante los primeros 50 días de la administración Trump, el ICE arrestó a 32,809 inmigrantes ilegales, incluidos 14,111 delincuentes condenados, y 9980 tenían cargos pendientes en su contra. Los 32,809 arrestos casi igualaron el total de arrestos realizados durante todo el año fiscal 2024.
Las recientes detenciones de más de 1020 ilegales por parte de los distritos fronterizos del suroeste se realizaron en el marco de la Operación Recuperar América, una "iniciativa nacional para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT) y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos", según el Departamento de Justicia.
Lucha contra la inmigración ilegal
La administración Trump se ha enfrentado a desafíos legales en sus políticas destinadas a tratar con inmigrantes ilegales.El lunes, un juez federal bloqueó temporalmente la deportación de dos presuntos miembros de la banda Tren de Aragua como parte de una demanda presentada el 12 de abril.
Las personas fueron señaladas para su expulsión en virtud de una proclamación del 15 de marzo de Trump que invocaba la Ley de Enemigos Extranjeros. El dúo había entrado ilegalmente en Estados Unidos y está recluido en un centro de detención del ICE en Aurora, Colorado.
La demanda, respaldada por la Unión Americana de Libertades Civiles, cuestionó la invocación de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros y argumentó que a los inmigrantes ilegales se les negó el debido proceso.
En un caso anterior relacionado con la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a los no ciudadanos de Estados Unidos, según la demanda presentada, la Corte Suprema pidió al gobierno que proporcionara un aviso "en un plazo razonable".
"Hasta la fecha, el gobierno no ha indicado el tipo de notificación que pretende proporcionar ni cuánto tiempo dará a las personas antes de intentar expulsarlas" en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, según la demanda.
"Sin embargo, en una audiencia en el Distrito Sur de Texas el viernes 11 de abril, el gobierno dijo que no había descartado la posibilidad de que las personas no recibieran más de 24 horas de aviso; el gobierno no dijo si estaba considerando proporcionar incluso menos de 24 horas".
El mes pasado, un grupo de legisladores demócratas criticó que Trump invocara la Ley para perseguir a inmigrantes ilegales que son presuntos o confirmados miembros de bandas extranjeras, alegando que desplegar la "arcaica ley de tiempos de guerra —no utilizada desde la Segunda Guerra Mundial— para hacer cumplir la ley de inmigración es otra toma de poder ilegal y descarada".
En la proclamación del 15 de marzo, Trump declaró que los miembros de la pandilla Tren de Aragua son una fuerza invasora que debe ser deportada rápidamente del país para proteger a los ciudadanos estadounidenses.
"El TdA ha participado y sigue participando en la migración ilegal masiva a Estados Unidos para promover sus objetivos de dañar a los ciudadanos estadounidenses, socavar la seguridad pública y apoyar el objetivo del régimen de Maduro de desestabilizar las naciones democráticas de América, incluido Estados Unidos", dice la proclamación, refiriéndose al presidente venezolano Nicolás Maduro.
Las agencias dependientes de la administración Trump también han tomado medidas para detener la inmigración ilegal en Estados Unidos.
Por ejemplo, el 25 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional puso fin formalmente a los programas creados en 2022 y 2023 que permitían a aproximadamente medio millón de ciudadanos de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua solicitar la entrada a Estados Unidos junto con sus familias.
"Estos programas no aportan un beneficio público significativo, no son necesarios para reducir los niveles de inmigración ilegal, no mitigaron suficientemente los efectos internos de la inmigración ilegal, no están cumpliendo sus objetivos previstos y son incompatibles con los objetivos de política exterior de la administración", declaró la agencia en un aviso de 25 de marzo.
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