El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció esta semana la puesta en marcha de una nueva política de restricción de visas que aplicará a funcionarios extranjeros y otras personas que faciliten la migración ilegal hacia los Estados Unidos.
Rubio aseguró en un comunicado del 5 de marzo que la medida aplicará a funcionarios de inmigración y aduanas, autoridades aeroportuarias y portuarias y otras personas que de alguna u otra manera faciliten la migración ilegal, incluso por no aplicar las leyes de migración o que establezcan políticas que faciliten el tránsito de extranjeros hacia la frontera sur de Estados Unidos.
"Proteger las fronteras de nuestra nación es de vital importancia para que Estados Unidos sea un país más seguro, más fuerte y más próspero. Los países a lo largo de las rutas migratorias deben hacer su parte para prevenir y disuadir el tránsito de extranjeros que buscan ingresar ilegalmente a Estados Unidos", declaró Rubio en el comunicado.
El Secretario de Estado dijo que la nueva medida complementa la ya existente política"3C", que se había amplió en 2024 para sancionar a personas y entidades del sector privado que brinden servicios de transporte y viajes diseñados para migrantes ilegales que viajen a los Estados Unidos.
"Estas medidas continuarán hasta que esos funcionarios asuman la responsabilidad de garantizar que existan políticas vigentes y se apliquen las leyes existentes para prevenir el tránsito de esas personas", dijo Rubio.
El senador Marco Rubio (R-Fla.) habla durante una rueda de prensa en el Capitolio de Estados Unidos el 11 de julio de 2023. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)La medida hace parte de la promesa que el presidente Donald Trump hizo en su campaña presidencial de poner fin a la inmigración ilegal en los Estados Unidos, que en los últimos años alcanzó cifras récord.
Bajo la administración Biden-Harris al menos 5.8 millones de inmigrantes solicitantes de asilo o de otras protecciones migratorias entraron a los Estados Unidos, según un reporte del Migration Policy Institute (MPI).
La nueva administración de Trump ha priorizado la deportación de migrantes ilegales principalmente para disminuir la oleada de crímenes perpetrada por personas que ingresaron al país de forma ilegal.
Tan solo en el año fiscal 2024 más de 17,000 inmigrantes con antecedentes penales fueron detenidos por la patrulla fronteriza, mientras que poco más de 3800 inmigrantes con antecedentes penales han sido detenidos en lo que va del año, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).
El 20 de enero, durante su discurso inaugural de toma de posesión, Trump advirtió una deportación masiva de migrantes ilegales que permanezcan en el país.
"Se detendrá de inmediato toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros delincuentes a los lugares de donde vinieron. Reinstauraremos mi política de Permanecer en México", dijo.
"Y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país. (...) ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las bandas y redes criminales extranjeras que traen delitos devastadores a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos", añadió.
Un día después, el 21 de enero, Trump declaró emergencia nacional por lo que llamó «una invasión» en la frontera entre Estados Unidos y México.
Con información de Estela Hernández.
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