El bufete de abogados internacional Milbank llegó a un acuerdo con la administración Trump para proporcionar al menos 100 millones de dólares en servicios legales pro bono para causas de apoyo mutuo, anunció el presidente Donald Trump el 2 de abril.
El bufete con sede en Nueva York es ahora el tercero en asociarse con el presidente en lugar de enfrentarse a una posible orden ejecutiva como las que la administración ha emitido contra otros bufetes.
«Milbank LLP se puso en contacto con el presidente Donald J. Trump y su administración, declarando su determinación de ayudar a poner fin a la instrumentalización del sistema judicial y la profesión jurídica», se lee en un comunicado de la Casa Blanca que Trump compartió a través de su plataforma Truth Social.
«El presidente continúa construyendo una red inigualable de abogados, que pondrá fin a la guerra jurídica partidista en Estados Unidos y restaurará la libertad y la justicia PARA TODOS».
Los servicios jurídicos que se prestarán beneficiarán a iniciativas que apoyan a veteranos, militares, agentes del orden, personal de primeros auxilios y otros funcionarios públicos.
«En apoyo de estas actividades, y como parte de ellas, Milbank seguirá ampliando su trabajo con la Unidad de Exoneración y Revisión de Reconsideración de Sentencias de Milbank en el Centro Perlmutter para la Justicia Legal de la Facultad de Derecho de Cardozo», según la administración Trump.
Milbank se comprometió a completar su comité pro bono con abogados políticamente diversos para garantizar que sus proyectos y prácticas relacionados «sean coherentes con los objetivos del bufete» y «representen todo el espectro político, incluidos los ideales conservadores».
Otros términos del acuerdo incluyen el compromiso de utilizar prácticas de contratación basadas en el mérito y la promesa de no negar la representación a clientes potenciales en función de su afiliación política o de la oposición de un funcionario del gobierno.
Scott Edelman, presidente de Milbank, dijo que el acuerdo era «coherente con los valores fundamentales de Milbank».
«Tras un diálogo constructivo con la administración del presidente Trump, Milbank se complace de haber podido encontrar rápidamente un terreno común», dijo Edelman. Añadió que la firma «espera continuar su relación de trabajo» con Trump.
Otros tres bufetes de abogados destacados —Paul Weiss, Skadden Arps y Willkie Farr & Gallagher— firmaron acuerdos similares con la administración para evitar o revertir las órdenes ejecutivas que suspendían sus autorizaciones de seguridad y contratos gubernamentales.
Perkins Coie, WilmerHale y Jenner & Block han elegido un curso de acción diferente: El litigio.
Las órdenes de Trump acusaban a las empresas de participar en «actividades perjudiciales» incompatibles con los intereses de Estados Unidos, incluida la discriminación racial.
Las empresas rechazaron las acusaciones en sus demandas, argumentando que las directivas del presidente eran represalias y violaban sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y al debido proceso.
Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca, declaró previamente a The Epoch Times en un correo electrónico que los bufetes en cuestión, en coordinación con los demócratas, «armaron el proceso legal para tratar de castigar y encarcelar a sus oponentes políticos».
Fields dijo que las órdenes ejecutivas de Trump son «directivas legales para garantizar que la agenda del presidente se implemente y que los bufetes de abogados cumplan con la ley».
Zachary Stieber contribuyó a este artículo
Con información de Reuters
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