El Departamento de Justicia (DOJ) ha desestimado los decretos de consentimiento de la era Biden en Carolina del Norte, Georgia, Maryland e Indiana que pretendían imponer requisitos de contratación de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en sus departamentos de bomberos y policía.
El jefe de personal del Departamento de Justicia, Chad Mizelle, anunció la medida en una serie de posteos en las redes sociales, citando el compromiso de la administración Trump de priorizar la contratación basada en el mérito sobre las preferencias basadas en la raza.
Los decretos de consentimiento son acuerdos legalmente vinculantes que resuelven disputas legales sin admitir responsabilidad, y que suelen utilizarse para hacer cumplir cambios de políticas en agencias e instituciones gubernamentales. Mizelle dijo que su introducción "pretendía penalizar a los departamentos de bomberos y policía por usar herramientas de contratación neutrales en cuanto a la raza".
Mizelle explicó que la administración Biden justificó la necesidad de los decretos de consentimiento al enfrentarse a demandas contra ciertas evaluaciones para la contratación de oficiales. Las evaluaciones en cuestión incluían pruebas escritas que requerían solo una puntuación de aprobación del 70 por ciento y que cubrían habilidades básicas como la comprensión lectora y la redacción de informes.
"NO había evidencia de que los departamentos incurrieran en discriminación intencional", dijo Mizelle en X.
"A pesar de la total falta de pruebas de discriminación intencional, estos casos acusaron a los departamentos de discriminación basándose únicamente en disparidades estadísticas en lugar de una intención discriminatoria real", afirmó Mizelle. "El Departamento de Justicia de la era Biden intentó obligar a estos departamentos a adoptar prácticas de contratación basadas en la DEI, proporcionar pagos financieros a los solicitantes minoritarios que no fueron seleccionados y abandonar el reclutamiento basado en el mérito".
Uno de los decretos de consentimiento desestimados involucraba a la Policía Estatal de Maryland, a la que habría exigido que concediera a los solicitantes de minorías una "antigüedad retroactiva", tratando efectivamente a los oficiales recién contratados como si tuvieran años de experiencia que en realidad no poseían. En ese caso, el decreto de consentimiento resolvió una demanda interpuesta por el Departamento de Justicia de la era Biden que alegaba que las pruebas escritas y de aptitud física del estado tenían el efecto de descalificar a los candidatos negros y femeninos en tasas significativamente desproporcionadas.
Mizelle dijo que todos los casos desestimados eran incompatibles con los esfuerzos del presidente Donald Trump y la fiscal general Pam Bondi para poner fin a las preferencias ilegales de DEI y restablecer prácticas de contratación basadas en el mérito.
Bondi dijo en un anuncio aparte el 26 de febrero que había ordenado a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia que desestimara las demandas en todo el país que apuntaban a los departamentos de policía y bomberos por usar pruebas de aptitud estándar para seleccionar a candidatos. Dijo que priorizar la DEI sobre el mérito pone en peligro la seguridad pública.
"Las comunidades estadounidenses merecen que los bomberos y los agentes de policía sean elegidos por sus habilidades y dedicación a la seguridad pública—no para cumplir con las cuotas de DEI", dijo Bondi en una declaración.
Ella dijo que la administración anterior había presionado a las ciudades para implementar contrataciones basadas en DEI y asignar millones de fondos de los contribuyentes para pagos a solicitantes con puntuaciones más bajas, independientemente de sus calificaciones.
Después de asumir el cargo, Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas dirigidas a la DEI, incluidas directivas para que las agencias federales desmantelen las oficinas, programas e iniciativas de DEI.
"La administración Biden impuso programas de discriminación ilegales e inmorales, conocidos como 'Diversidad, Equidad e Inclusión' (DEI), en prácticamente todos los aspectos del gobierno federal, en áreas que van desde la seguridad de las aerolíneas hasta el ejército", escribió Trump en una de las órdenes.Después de tomar el mando del Departamento de Justicia, Bondi emitió varios memorándums instruyendo a la agencia a investigar y penalizar las políticas relacionadas con la DEI que la administración ahora considera ilegales.
Estos memorándums coincidieron con una directiva de la Oficina de Administración de Personal a todos los jefes de departamento sobre el fin de las oficinas y programas de DEI, que proporciona orientación detallada sobre lo que la administración Trump considera permisible o no permisible con respecto a DEI.
Mientras que los críticos ven las iniciativas de DEI como una forma de discriminación basada en la identidad que socava las decisiones basadas en el mérito en las admisiones, la contratación y el avance profesional, los partidarios de la DEI dicen que dichas políticas promueven la inclusión, reducen la discriminación y garantizan una mayor representación de los grupos históricamente marginados.
Más allá de las medidas del gobierno federal para combatir la DEI, grandes corporaciones —incluidas Caterpillar, McDonald's y Walmart— comenzaron a reducir dichos programas.
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