El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue detenido el martes después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto por la mortal campaña antidrogas durante su presidencia.
Duterte, que fue presidente del país de 2016 a 2022, fue detenido por presuntos crímenes contra la humanidad poco después de llegar a Manila procedente de Hong Kong el martes.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha estado investigando a Duterte por presuntos asesinatos y abusos de los derechos humanos cometidos durante su campaña de guerra contra las drogas, que según los grupos de derechos humanos equivalen a crímenes contra la humanidad.
Durante un evento celebrado el 9 de marzo en Hong Kong, Duterte dijo que aceptaría una orden de arresto de la CPI, pero defendió la campaña antidrogas, diciendo que tenía como objetivo proteger al pueblo filipino de las drogas.
"Me persiguen desde hace mucho tiempo", dijo él en filipino refiriéndose a la CPI, según una traducción. "Sean cuales sean mis pecados, los cometí para llevar algo de paz y seguridad al pueblo filipino".
Su antiguo asesor jurídico, Salvador Panelo, dijo que la detención era ilegal y afirmó que la policía había negado a Duterte representación legal.
"La orden de arresto de la CPI proviene de una fuente espuria, la CPI, que no tiene jurisdicción sobre Filipinas", dijo Panelo en un comunicado.
La CPI inició una investigación sobre la campaña antidrogas de Filipinas en 2021. Posteriormente se suspendió después de que el gobierno se comprometiera a llevar a cabo su propia investigación.
El gobierno filipino ha argumentado que la CPI no tiene jurisdicción sobre el caso, citando su retirada de la corte en 2019. El país abandonó la CPI después de que la entonces fiscal jefe Fatou Bensouda iniciara investigaciones preliminares sobre la guerra contra las drogas de Duterte por presuntas violaciones de los derechos humanos.
El presidente Ferdinand Marcos Jr., que asumió el cargo en 2022, ha descartado la posibilidad de que Filipinas se reincorpore a la CPI. Aunque su administración se ha opuesto a la investigación de la corte, estaría obligada a responder si la solicitud de la CPI se canaliza a través de la Interpol.
Duterte, de 79 años, prometió el año pasado asumir "toda la responsabilidad legal" de las acciones de aplicación de la ley llevadas a cabo bajo su liderazgo a lo largo de la campaña antidrogas.
"No cuestionen mis políticas porque no ofrezco disculpas ni excusas. Hice lo que tenía que hacer", dijo al Senado en filipino en octubre de 2024, según una traducción.
Duterte fue elegido en 2016 con la promesa de erradicar las drogas ilegales en Filipinas. La policía se centró en los presuntos traficantes y consumidores de drogas durante la ofensiva, pero la campaña supuestamente ha dado lugar a ejecuciones extrajudiciales de sospechosos en zonas empobrecidas.
Según Human Rights Watch (HRW), la ofensiva antidroga ha provocado la muerte de más de 12,000 filipinos, de los cuales 2555 han sido asesinados por la policía filipina.
HRW detalló en su informe de 2017 casos de policías que "falsificaron pruebas para justificar asesinatos ilegales", alegando que la mayoría de las víctimas de asesinatos relacionados con las drogas eran personas pobres y presuntos consumidores de drogas, en lugar de traficantes.
"Hasta ahora no hay pruebas que demuestren que Duterte planeara u ordenara ejecuciones extrajudiciales específicas. Pero los repetidos llamamientos de Duterte a los asesinatos como parte de su campaña antidrogas podrían constituir actos que instigan a las fuerzas policiales a cometer el delito de asesinato", declaró.
La policía ha negado su participación en esos asesinatos y rechaza las acusaciones de los grupos de derechos humanos de ejecuciones sistemáticas y encubrimientos.
A pesar de la retirada del país en 2019, el fiscal de la CPI Karim Khan declaró que la CPI "mantiene su jurisdicción" sobre los presuntos delitos que se produjeron mientras Filipinas era parte de la corte, del 1 de noviembre de 2011 al 16 de marzo de 2019.
Varios grupos de derechos humanos han respaldado la investigación de la CPI sobre el caso, citando el hecho de que el gobierno no ha proporcionado pruebas de que estuviera llevando a cabo una investigación sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Con información de Reuters
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