La Corte de Apelación Final de Hong Kong desestimó los cargos contra tres antiguos miembros de la Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Democráticos Patrióticos de China. La decisión del 6 de marzo es la primera vez que un acusado en un caso relacionado con la Ley de Seguridad Nacional gana una apelación en la Corte.
En 2021, la policía de seguridad nacional alegó que la Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Democráticos Patrióticos de China era un «agente extranjero» y solicitó al grupo que entregara sus comunicaciones y documentos internos. La Alianza se negó.
La Alianza se formó en mayo de 1989 cuando los estudiantes prodemocráticos comenzaron a reunirse y protestar en China. Durante años, el grupo organizó la vigilia anual con velas en el Victoria Park de Hong Kong para conmemorar la masacre del 4 de junio de 1989 en la plaza de Tiananmen.
En 2021, el entonces vicepresidente de la Alianza, Tonyee Chow Hang-tung, y otros cuatro miembros del comité fueron acusados de «no proporcionar información de conformidad con la notificación de la ordenanza [sobre la Ley de Seguridad Nacional]».
Chow, junto con Tang Ngok-kwan y Tsui Hon-kwong, fueron declarados culpables tras el juicio y cada uno de ellos fue condenado a cuatro meses y medio de prisión. El trío presentó un recurso directamente ante la Corte de Apelación Final tras cumplir sus condenas.
En su decisión, los jueces de la Corte de Apelación Final admitieron por unanimidad la apelación y anularon las tres condenas. Su fallo confirmó la opinión del apelante de que la acusación debe demostrar que la persona u organización a la que se emitió la notificación es de hecho un «agente extranjero». Este es un elemento necesario del delito y no puede determinarse únicamente sobre la base de la norma de «motivos razonables para creer», según el fallo.
También pidió a la fiscalía que explicara la razón por la que parte de su informe de investigación presentado estaba completamente censurado con tinta negra. Esta última dijo que era para evitar exponer los procedimientos a la investigación policial. La Corte de Apelación Final respondió que, al ocultar partes del informe, se coloca al apelante en una posición en la que no puede defenderse eficazmente, lo que afecta a su derecho a un juicio justo.
Tang Ngok-kwan, exmiembro del comité de la Alianza, dijo después de la audiencia judicial: «La justicia está en el corazón de la gente. Hoy podemos demostrar que la Alianza no es un agente extranjero, y espero que en el futuro se pueda demostrar que el Movimiento Democrático de 1989 tampoco fue un motín contrarrevolucionario».
Tang dijo que la insistencia de Chow en defender sus derechos y su perseverancia durante el caso animaron a la Alianza.
La madre de Chow, que estaba en la corte cuando se anunció la sentencia, dijo que vio a su hija sonriendo en la corte. «Siempre decía que estaba haciendo lo que creía correcto. No tenía motivos para estar triste, así que todos pueden estar tranquilos». Añadió: «Espero que el mundo se convierta en un lugar mejor, y que todos insistan en la bondad y la justicia».
El activista social Tsang Kin-shing, que también estuvo presente en la corte, les dijo a los periodistas al salir que Chow le había dicho: «Recuerda pedirle a Chris Tang Ping-keung que se disculpe con ella», refiriéndose al secretario de Seguridad de Hong Kong.
Chow y otros se enfrentan a múltiples cargos
Aunque la apelación terminó a favor de los acusados, Chow sigue luchando contra una sentencia de 15 meses por promover las actividades de conmemoración de la masacre de la plaza de Tiananmen, que incluyen llamar al público a conmemorar el 4 de junio de 2021.Después de que el gobierno de Hong Kong promulgara el artículo 23 de la Ley Fundamental (la «Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional»), Chow, su madre y otras personas fueron encarceladas tras ser detenidas por publicaciones en redes sociales relacionadas con el evento del 4 de junio.
En 1989, tras la represión de la plaza de Tiananmen, la Alianza participó en el rescate de activistas prodemocráticos de China continental. A continuación, comenzó a organizar vigilias con velas en el Parque Victoria el 4 de junio de cada año.

Después de que el PCCh implementara la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong en junio de 2020, los miembros del comité permanente de la Alianza siguieron entrando en el Parque Victoria para encender las velas desafiando la norma impuesta por Beijing.
En agosto de 2021, la policía citó la Ley de Seguridad Nacional y pidió a la Alianza que entregara sus documentos internos. En septiembre de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional de la Policía detuvo a miembros del comité permanente de la Alianza por negarse a cumplir la ley. El presidente Lee Cheuk-yan y los vicepresidentes Albert Ho Chun-yan y Chow Hang-tung fueron acusados de «incitar a la subversión ante el poder del Estado».
El caso aún está pendiente de juicio. En octubre de 2021, el gobierno canceló el registro de la Alianza como empresa en Hong Kong.

La corte rechaza la apelación contra la condena por sedición
También el 6 de marzo, la corte dictó una sentencia histórica sobre un recurso contra la primera condena por sedición en Hong Kong desde la entrega de la ciudad del Reino Unido a Beijing en 1997.En su decisión, la Corte de Apelación Final rechazó la apelación del ex vicepresidente del partido People Power, Tam Tak-chi. Tam apelaba su sentencia derivada de los cargos por ocho delitos entre ellos pronunciar palabras sediciosas, incitación a participar a sabiendas en una reunión no autorizada y alteración del orden público en un lugar público.

Tam supuestamente coreó los lemas «¡Liberad Hong Kong, revolución de nuestro tiempo!» y «¡Abajo el PCCh!» en una caseta callejera en 2020. El gobierno de Hong Kong ha prohibido este tipo de lemas.
Los jueces dictaminaron que la acusación no necesitaba demostrar que los comentarios del acusado causaron específicamente violencia o desorden público, y confirmaron la sentencia original de tres años y cuatro meses de prisión.
La sentencia sienta el precedente de que las condenas por sedición no requieren prueba de intención violenta, lo que ha suscitado críticas de grupos de derechos humanos por su preocupación por la libertad de expresión y la capacidad de Beijing para procesar la disidencia contra el PCCh en la ciudad.
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