El 28 de marzo, una corte federal de apelaciones suspendió una orden de un tribunal inferior que bloqueaba los esfuerzos liderados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para reducir el tamaño de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID).
La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de EE. UU. emitió una orden judicial alrededor del cierre de actividades del viernes, declarando que la medida cautelar presentada el 18 de marzo por el juez de distrito de EE. UU. Theodore Chuang "queda suspendida hasta que se resuelva esta apelación".
En la nueva orden, el juez A. Marvin Quattlebaum Jr. escribió que la corte de apelaciones con sede en Richmond, Virginia, concedía la moción para bloquear la orden del tribunal inferior porque es de interés público.
El juez escribió que el multimillonario tecnológico y asesor del presidente Elon Musk y el DOGE demostraron que probablemente prevalecerán en cuanto al fondo cuando se escuche el caso y que se verían "irreparablemente perjudicados si no se suspende".
Quattlebaum también escribió que los 26 empleados o contratistas actuales y anteriores de la USAID que presentaron la demanda contra Musk y DOGE "no se verán perjudicados por la suspensión".
Aunque las actividades del DOGE y su líder Musk "relacionadas con la USAID no son convencionales, no convencionales no equivale necesariamente a inconstitucional", escribió el juez.
Esto no significa que los demandantes «no puedan presentar pruebas de conducta inconstitucional a medida que avance el caso», escribió. "El tiempo lo dirá. Nuestra postura es simplemente que, en este momento, el expediente no respalda la conclusión del tribunal de distrito de que existe una probabilidad de violaciones constitucionales".
La nueva orden se dictó después de que la corte de apelaciones emitió una suspensión temporal de emergencia de la orden de Chuang el 25 de marzo y luego extendió esa suspensión el 27 de marzo.
La orden judicial de Chuang contenía una conclusión de que las acciones de Musk y el equipo del DOGE destinadas a reducir las operaciones de la USAID, que proporciona ayuda humanitaria, probablemente violaban la Constitución de EE. UU.
Cerrar la sede de la USAID, despedir a la mayor parte de la plantilla de la agencia y poner fin a la mayor parte de los contratos de la USAID viola la doctrina constitucional de la separación de poderes, escribió Chuang en la orden de 18 de marzo. La separación de poderes es una doctrina constitucional que divide el gobierno en tres ramas para evitar que una sola rama acumule demasiado poder.
La administración Trump había argumentado que el artículo II de la Constitución, que detalla los poderes del poder ejecutivo, permite al presidente reducir el tamaño de la agencia como parte de su autoridad para gestionar las relaciones exteriores de la nación.
Chuang rechazó este argumento, escribiendo que las acciones del presidente en este caso "se relacionan en gran medida con la estructura y los recursos puestos a disposición de una agencia federal, no con la dirección directa de la política exterior o el compromiso con gobiernos extranjeros".
Las acciones de Musk y DOGE "perjudicaron [...] el interés público, porque privaron a los representantes públicos electos en el Congreso de su autoridad constitucional para decidir si cerrar, cuándo y cómo cerrar una agencia creada por el Congreso".
El juez ordenó a Musk y DOGE que restablecieran el acceso de los trabajadores y contratistas de la USAID a los sistemas de la USAID y les ordenó que no tomaran más medidas con respecto a la rescisión de contratos o al empleo de trabajadores de la agencia.
La orden del Cuarto Circuito del 28 de marzo se produjo después de que el Departamento de Justicia presentara una solicitud de emergencia el 21 de marzo en la que solicitaba una suspensión administrativa en espera de una apelación de la orden de Chuang.
La solicitud decía que el requerimiento judicial debía suspenderse porque Chuang se equivocó al determinar que Musk "es probablemente un funcionario" de los Estados Unidos cuyo nombramiento debe ser confirmado por el Senado.
Musk "no es un funcionario porque no ejerce una autoridad significativa de conformidad con las leyes de los Estados Unidos", afirmaba el documento, citando la sentencia por la Corte Suprema de 1991 en el caso Freytag contra el Comisionado.
Musk ocupa un "puesto puramente consultivo [que] no se corresponde con nada que se haya reconocido como una autoridad significativa para el estatus de funcionario".
No puede tomar decisiones finales que "vinculen al Poder Ejecutivo", y no puede formular políticas en su nombre, según la solicitud.
El 4 de febrero, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre si planeaba "reducir" la USAID, el presidente Donald Trump dijo: "Creo que sí". El presidente también dijo que el líder del DOGE, Elon Musk, ha "hecho un gran trabajo".
Con información de Reuters.
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