La administración del presidente Donald Trump solo puede tomar medidas para eliminar los «obstáculos internos» para el posible regreso de un hombre que deportó por error, no obligar al gobierno de El Salvador a liberarlo, según un nuevo documento judicial.
La posición del gobierno es que una orden que le exija facilitar el regreso de Kilmar Abrego García significa «eliminar cualquier obstáculo interno que de otro modo impediría» la capacidad de García para regresar a Estados Unidos, dijeron los abogados de la administración en la presentación del 13 de abril.
En marzo, las autoridades estadounidenses deportaron a García a su país de origen, El Salvador. García fue deportado en 2019 por pertenecer a la banda MS-13, pero se le concedió la llamada suspensión de expulsión, una protección que impidió su regreso a El Salvador porque un juez consideró que podría correr peligro allí.
Funcionarios estadounidenses dijeron en documentos anteriores que García fue deportado por error.
El 4 de abril, una jueza federal ordenó al gobierno que «facilitara y efectuara» el regreso de Abrego García a Estados Unidos antes del 7 de abril. La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó la orden temporalmente.
Los jueces dijeron el 10 de abril que el gobierno debe facilitar el regreso del nativo salvadoreño, pero que la jueza también debe aclarar a qué se refería con efectuar «con el debido respeto a la deferencia debida al Poder Ejecutivo en la conducción de los asuntos exteriores».
Esa jueza, la jueza de distrito de EE. UU. Paula Xinis, en una orden actualizada, eliminó la palabra efectuar, pero ordenó al gobierno que «tomara todas las medidas disponibles para facilitar el regreso de Abrego García a Estados Unidos lo antes posible».
Poco después, ordenó al gobierno que le proporcionara actualizaciones diarias sobre el caso.
En la primera actualización, un funcionario del Departamento de Estado dijo que Abrego García está vivo y seguro en el Centro de Detención de Terrorismo en El Salvador. En la segunda actualización, presentada por separado el 13 de abril, un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. indicó que «no había actualizaciones para la corte más allá de lo proporcionado ayer».
Los abogados de Abrego García acusaron a los funcionarios de ser recalcitrantes y recientemente instaron al juez a ordenar al gobierno que tome «todas las medidas disponibles para liberar y devolver a Abrego García a Maryland».
Eso incluye solicitar la liberación de Abrego García de la prisión en El Salvador, proporcionar transporte aéreo para Abrego García y enviar personal para acompañarlo tras su liberación para asegurarse de que pueda llegar de manera segura a un avión que lo lleve de regreso a Estados Unidos, dijeron los abogados.
Los abogados del gobierno respondieron en uno de los documentos presentados el 13 de abril que la solicitud debía ser denegada.
Leer que «facilitar» significa eliminar los obstáculos internos, pero nada más, «se desprende directamente de la orden de la Corte Suprema», dijeron, señalando cómo la corte hizo hincapié en que cualquier orden debe tener debidamente en cuenta a las autoridades del Poder Ejecutivo en materia de asuntos exteriores.
«Por otro lado, interpretar que «facilitar» requiere algo más que medidas nacionales no solo incumpliría la orden de la Corte Suprema, sino que también violaría la separación de poderes», dijeron los abogados. «Las cortes federales no tienen autoridad para ordenar al Poder Ejecutivo que lleve a cabo las relaciones exteriores de una manera concreta, o que se relacione con un soberano extranjero de una manera determinada. Ese es el «poder exclusivo del presidente como único órgano del gobierno federal en el ámbito de las relaciones internacionales».
Los abogados también dijeron que la corte no debería ordenar la presentación de documentos que describan el pacto entre Estados Unidos y El Salvador para enviar inmigrantes ilegales a El Salvador y encarcelarlos allí.
«Sería inapropiado que esta corte ordenara apresuradamente la presentación de estos documentos sensibles», se afirma en la demanda.
Exigir testimonio a funcionarios estadounidenses sobre el caso es inapropiado porque eso «podría interferir con las discusiones diplomáticas en curso», añadieron los abogados.
Señalaron que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se encontraba actualmente en Estados Unidos. Bukele tiene previsto reunirse con Trump el lunes, unas 24 horas antes de la próxima audiencia en el caso de Abrego García.
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